Antonio Luengo. Javier Carrión/ AGM

El consejero acusa al Gobierno central de hacer «chantaje»

EP

MURCIA.

Jueves, 6 de enero 2022, 00:59

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, expresó «el rechazo más absoluto del Gobierno regional a los chantajes del ... Gobierno de España a los regantes de la Región de Murcia y del Levante, forzándoles a que acepten el agua desalada como única vía para regar sus cultivos, mientras por detrás dan una estocada mortal al Trasvase Tajo-Segura».

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Así lo manifestó tras conocer la intención del Ministerio de «subvencionar el coste del agua desalada aumentando su producción en 75 hectómetros cúbicos», lo que «lamentablemente demuestra que se cumple aquello que veníamos denunciando desde hace meses». Añadió que «pretenden ser los salvadores de un problema que han generado ellos mismos, ofreciendo a los regantes un agua mucho más cara, de peor calidad y que contamina en su producción», informó la Consejería en un comunicado.

«Infraestructuras grises»

Para Luengo, «resulta paradójico que la apuesta del Gobierno de España por la transición ecológica sea la de sustituir una infraestructuras limpia, sostenible y verde, que garantiza agua a buen precio y de calidad óptima, por unas infraestructuras grises que están a la cabeza en cuanto a contaminación del medio ambiente», dijo. «Están jugando con el futuro de los regantes, engañándoles de manera permanente y llevándolos a una situación extrema para que se vean abocados a aceptar sus exigencias».

«No vamos a tolerar que se hable de agua desalada mientras el Gobierno de Sánchez no garantice el 100% del volumen trasvasable, y si el Ministerio quiere abaratar el precio del agua tan solo tiene que cumplir con lo que dice la ley, que fija el precio del agua desalada en 30 céntimos». Por último, Luengo señaló que en el año 2021 la ministra Teresa Ribera «ha recortado de manera sectaria y partidista más de 103 hectómetros cúbicos que han sustituido por aguas procedentes de recursos no convencionales, lo que ha supuesto un sobrecoste a los usuarios de la cuenca del Segura de más de 41,5 millones de euros y un incremento en las emisiones de más de 58 millones de kilogramos de CO2».

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