La Comunidad exige más financiación y alerta del colapso en la acogida de inmigrantes
El Ejecutivo regional urge a Sánchez a que declare la emergencia migratoria para visibilizar ante la UE la dimensión de la crisis
LLa Región de Murcia exigió este lunes la intervención directa del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en el conflicto que mantienen diversas comunidades autónomas con la Administración central a cuenta de la acogida de los miles de inmigrantes llegados al país por la crisis migratoria, y volvió a reclamar más financiación para sufragar la atención integral que requieren estas personas tras la primera acogida, que actualmente asumen las autonomías.
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En la reunión de la Conferencia Sectorial de Inmigración, a la que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones había convocado a las comunidades y a la Federación de Municipios, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, trasladó a la ministra Elma Saiz su preocupación por la elevada tensión que sufren los servicios de acogida de la Comunidad, y le insistió en la necesidad de que el Ejecutivo central impulse medidas «extraordinarias» para afrontar una situación que considera insostenible y de la que la Región viene «alertando desde hace más de diez meses».
«Es incomprensible que, a estas alturas, el Gobierno del presidente Pedro Sánchez siga sin asumir su responsabilidad y nos convoque a una conferencia sectorial sin una política migratoria clara y sin fondos económicos que ayuden a las comunidades autónomas y a los municipios a gestionar la acogida de personas migrantes de forma equitativa y con garantías», aseguró.
En este sentido, destacó la importancia de que las Administraciones regional y local cuenten con la financiación y los recursos suficientes para garantizar una «adecuada atención e inclusión a medio y largo plazo» para los migrantes.
Por ello, solicitó al Gobierno central, junto a otras comunidades autónomas, que realice la declaración de emergencia migratoria y convoque de forma urgente la conferencia de presidentes «para que sea el presidente del Gobierno central el que asuma la responsabilidad, dé la información a las comunidades autónomas y, sobre todo, plantee un verdadero plan de respuesta ante esta crisis migratoria», un problema de «grandes dimensiones que requiere de respuestas al más alto nivel», señaló.
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Respecto a la declaración de emergencia, la consejera estimó que esta es necesaria «para visibilizar la gravedad del problema que atraviesa España ante la Unión Europea y la comunidad internacional».
759 personas en el Naval
Ruiz recordó que la Región de Murcia es una de las grandes afectadas en su condición de «puerta de entrada natural de personas migrantes a través de pateras», y cuenta ya con un lugar provisional para su atención en el campamento instalado en el antiguo hospital naval de Cartagena, donde acoge actualmente a 759 personas, «además de los que se encuentran en situación de calle», detalló. Por otra parte, cifró en 253 los menores migrantes no acompañados que se encuentran bajo la tutela de la Comunidad y subrayó que cuenta con 2.205 solicitudes de reagrupación familiar.
Además, Ruiz advirtió de que la Comunidad tiene ocupadas ahora mismo el 97% de las 1.321 plazas de emergencia de las que dispone, y anunció que convocará próximamente el Foro regional de Inmigración con el objetivo de analizar junto al Tercer Sector la situación migratoria y canalizar toda la información de los distintos recursos disponibles para «tratar de obtener la información que no estamos obteniendo por los canales formales que deberíamos», dijo.
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«La situación es alarmante»
La titular de Política Social insistió en que Murcia es una región «solidaria», en referencia al desbordamiento que vive Canarias, pero alertó de que, en las condiciones actuales, no cuenta con medios para poder atender a más inmigrantes. «No estamos recibiendo ningún tipo de financiación, ningún tipo de coordinación, ningún tipo de información por parte del Gobierno para llevar a cabo la correcta atención de las personas que vienen a nuestra región y a nuestro país».
En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, antes de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular que se celebró este lunes en Madrid, al señalar que la situación que se está viviendo «es alarmante» y acusar al Ejecutivo nacional de haber mostrado «cero capacidad de gestión» para solucionarla. El presidente cargó contra el Ejecutivo de Sánchez, que a su juicio «no ha hecho nada» para atender las peticiones de las comunidades autónomas al respecto durante los dos últimos años.
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López Miras volvió a descartar, a preguntas de los periodistas, la posibilidad de que haya elecciones en la Región tras la ruptura de Vox con los 'populares' por la acogida de 16 menores extranjeros solos. El presidente regional mantuvo que, pese a gobernar en mayoría simple y ser consciente del escenario favorable que dibujan los sondeos para el PP en caso de ir a las urnas, «no se puede someter a los ciudadanos a un proceso electoral por el interés de un partido». «Creo que los procesos electorales tienen que ser cuando toquen y que es responsabilidad de los gobiernos dar estabilidad y solucionar los problemas de los ciudadanos, no generarles más problemas y más tensión», aseveró.
Al mismo tiempo, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, radicalizaba su tono contra el Ejecutivo. Antelo se desplazó a las puertas del centro de menores extranjeros no acompañados de la pedanía murciana de Santa Cruz para responsabilizar a PSOE y PP de «cada machetazo, robo y violación» que se produzca en la zona por no cerrar el centro. Antelo volvió a achacar a los menores «numerosos incidentes violentos» y afirmó que la Región no puede acoger «a toda África».
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La Consejería estudia el borrador del nuevo reglamento que facilita los visados y autorizaciones
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones presentó este lunes a las comunidades el borrador del nuevo reglamento de la ley de Extranjería que regula los procedimientos que afectan a la situación de los inmigrantes que acceden al país.
La consejera Conchita Ruiz mostró su disposición a trabajar para mejorar este texto que tiene ya 13 años y ha sufrido diversas modificaciones en los años 2018, 2021 y 2022. Este introduce algunas novedades en los trámites por los que los inmigrantes pueden residir legalmente en el país por motivos de formación, de trabajo o de familia, fundamentalmente.
El Ministerio ha dado a las comunidades hasta el próximo 10 de septiembre para realizar sus observaciones y aportaciones. «Desde luego que esta comunidad las va a hacer porque estamos ante un problema de grandes dimensiones y se requiere del trabajo de todos para solucionarlo de la mejor manera», subrayó este lunes la titular de Política Social.
El Ministerio informó de que el texto propuesto «simplifica el sistema de autorizaciones y los procedimientos, evita duplicidades, elimina burocracia y agiliza trámites» a los extranjeros que llegan a España.
El reglamento incluye un apartado específico para visados, que tendrán una vigencia inicial de un año para evitar las situaciones de irregularidad sobrevenida que se puedan producir al expirar la vigencia del visado inicial sin haberse completado la tramitación de la Tarjeta de Identificación de Extranjero, que los extranjeros deben solicitar obligatoriamente a los seis meses y cuya expedición acumula en algunos casos grandes retrasos.
Además, las autorizaciones temporales tendrán una vigencia inicial de un año y serán renovables por otros cuatro para facilitar la reagrupación familiar al año, de forma que solo haya que renovarlo una vez antes de acceder a la autorización de larga duración, según informó el Ministerio. «El Reglamento abre puertas que antes estaban cerradas con tres llaves fundamentales para la inclusión: la formación, el empleo y la familia», aseguró la ministra.
Respecto a las medidas en materia de formación, el reglamento regula mecanismos para retener a aquellos extranjeros que cursen sus estudios superiores en España, facilitando una vía rápida para enlazar los estudios con una autorización de trabajo.
En lo laboral, el reglamento propone facilitar la regularización de aquellos inmigrantes que sean objeto de explotación laboral, e introduce facilidades para realizar contrataciones colectivas para actividades de temporada.
Además, flexibiliza los criterios para acceder a la reagrupación familiar, hace más sencillo acreditar que se cuenta con recursos para acoger a un familiar y facilita la llegada de familiares de personas nacidas en España de origen extranjero.
La ministra defendió que el reglamento es una herramienta fundamental para impulsar una política migratoria «basada en los derechos humanos y la integración de las personas extranjeras en España».
Elma Saiz explicó que el nuevo texto «pone el acento en combatir las mafias, el fraude y la vulneración de derechos» al mismo tiempo que vela «por atender las necesidades del mercado laboral» español.
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