Los colegios concertados de la Región de Murcia tienen la sexta cuota más alta de España

El 83% de los colegios concertados cobra una cuota base educativa a las familias y en el 69% de los casos no existe voluntariedad, lo que «vulnera el derecho de las familias a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos».

Así lo refleja la décima edición del Estudio de Cuotas y Precios en Colegios Concertados elaborado por Garlic B2B, que la Asociación de Colegios Privados e Independientes - Círculo de Calidad Educativa (CICAE) ha presentado este miércoles en Madrid.

El estudio se ha llevado a cabo en 321 colegios concertados --la misma cifra que en la última edición-- «seleccionados de manera aleatoria» en ocho comunidades autónomas (CCAA): Galicia (30 centros), País Vasco (20), Cataluña (71), Comunidad Valenciana (29), Murcia (17), Andalucía (50) y Comunidad de Madrid (101).

Según CICAE, la investigación se ha llevado a cabo a partir de una técnica que se llama Mystery Shopper durante los meses de marzo, abril y mayo. En este contexto, los autores han realizado simulaciones de familias que piden información sobre los precios y tarifas que los colegios concertados les ofertan para la matriculación de sus hijos en la etapa de segundo ciclo de infantil para el curso 2025-2026.

El documento detalla que los centros de titularidad mercantil son los que cobran importes más elevados a las familias, con una cuota media de 114 euros al mes (euros/mes). Por el contrario, las congregaciones religiosas registran las aportaciones más bajas, con un promedio de 74,43 euros/mes. En líneas generales, el 59% de los colegios que cobran esta cuota no mencionan en la entrevista la voluntariedad de su pago. De hecho, sólo el 15% de estos lo refleja en la documentación que aporta.

El estudio detecta que del 83% de los colegios que cobran cuota, en un 69% no existe una verdadera voluntariedad. Además, en un 11% de esos centros se han constatado prácticas de exclusión, como apartar al alumno de actividades, reubicarlo fuera del grupo o incluso solicitar a los padres que lo retiren del centro, cifra que llega al 29% de los centros visitados en la Comunidad de Madrid.

Por tipología societaria, las sociedades anónimas, cooperativas y de responsabilidad limitada concentran los mayores casos de obligatoriedad y exclusión, porcentaje que se eleva hasta el 88% en el caso de las sociedades anónimas.

En rueda de prensa, la directora de proyectos de Garlic B2B, Amparo Núñez, ha explicado que «hay una deficiencia en la comunicación y la transparencia de los costes y de los derechos de las familias que se acercan a los colegios». En este sentido, ha denunciado que ha tenido que realizar «hasta cinco intentos» para conseguir que los centros les proporcionaran información sobre los costes. «El 25% no entrega hoja de precio a las familias», ha lamentado.

Por comunidades autónomas, el estudio apunta a que, un año más, la cuota máxima más alta de todo el país se encuentra en Cataluña y, más concretamente, en el St. Paul's School, que cobra 1.100 euros/mes por alumno y 11.000 al año. La media de los colegios visitados en la comunidad catalana a la hora de llevar a cabo el estudio es de 219,7 euros, la más alta de todas las autonomías analizadas.

Le sigue la Comunidad de Madrid, donde la investigación ha destacado que en las cuotas existe una media creciente que alcanza los 135,9 euros/mes. La consultora afirma que su muestra para la Comunidad de Madrid es «estadísticamente representativa». Así, ha afirmado por ejemplo que el 66% de de los colegios madrileños visitados cobra más de 1.500 euros al año sólo en concepto de cuota base.

El País Vasco está en tercer lugar con 99 euros/mes, seguido de la Comunidad Valenciana (81 euros/mes), Galicia (54 euros/mes), la Región de Murcia (51 euros/mes), Aragón (44 euros/mes) y Andalucía, que tiene la media más baja de todas las comunidades autónomas estudiadas: 29 euros/mes.

La directora general de CICAE, Elena Cid, ha criticado que la administración educativa «permita» que algunos colegios cobren por conceptos que no están recogidos en la ley, como pueda ser «proyecto educativo» o «complemento formativo». Además, ha denunciado que haya centros que cambien la denominación de estas cuotas, a su juicio con el objetivo de «eludir el control de la administración».

«Donde antes la misma cuota se denominaba »actividades complementarias«, ahora la llaman aportaciones o actividades »extraescolares«, ha lamentado.

Asimismo, ha señalado lo que a su juicio constituye otro «grave incumplimiento» de la normativa, que es la organización de actividades complementarias de carácter permanente dentro del horario escolar, lo que «tiene como consecuencia la no voluntariedad efectiva».

En su opinión, la concertada ejerce una «competencia desleal» con respecto a la enseñanza privada ya que está recibiendo «una triple vía de financiación: la de las administraciones públicas, la de las cuotas y la exención fiscal. Además, provoca un »daño tremendo« en la pública porque reciben fondos »que no se están destinando a la pública«. »Se transmite que si quieres gratuidad, te vayas a la enseñanza pública, que es de peor calidad«, ha criticado.

Cid ha recalcado que CICAE ha publicado este estudio «como barómetro y altavoz para que la sociedad se movilice» y ha apuntado a que «algo se está moviendo, pero es muy lento y no tan efectivo como nos gustaría».

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