La CNMC afirma que la norma regional sobre 'vehículos con conductor' limita los derechos de los clientes

El proyecto de Orden Reguladora de los servicios de alquiler de vehículos turísticos con conductor, los llamados VTC, que diseñó hace unos meses la Comunidad de Murcia contiene varios preceptos que limitan los derechos de los usuarios, tal y como sostiene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) en un informe al que tuvo acceso LA VERDAD. En concreto, este organismo autónomo advierte de importantes restricciones, que de imponerse finalmente acabarían perjudicando a los clientes, como la prohibición de geolocalizar los vehículos por parte de los usuarios, la obligación de contratar el servicio con un mínimo de 30 minutos de antelación y la obligación de que el operador VTC notifique cada viaje a un registro electrónico antes de llegar a realizarlo.

La CNMC considera que tales exigencias no cumplen con los principios de necesidad y proporcionalidad que debe seguir las normas reguladoras de estos servicios, por lo que reclama que por parte de la Administración regional se valore introducir varias reformas en el citado texto legal. Así, pide que se valore la ampliación al ámbito urbano de las autorizaciones para transportes VTC y reconsiderar la obligación de que esos vehículos estén adscritos durante dos años a tal autorización; que se elimine la citada obligación de precontratar el servicio con media hora de adelanto, además de la obligación de comunicación previa de cada viaje; que se permita la contratación por plazas, lo que podría favorecer el cumplimiento de los objetivos de reducción de la contaminación; que se replanteen las limitaciones de geolocalización y de estacionamiento en vías o aparcamientos públicos y la exigencia de disponer de una base en la Región por parte de esas empresas; que se fomente la circulación de vehículos sostenibles sin discriminar entre los prestadores de los servicios de transporte, y que se replanteen, por último, los descansos semanales obligatorios.

La inclusión de todas esas cuestiones en la mencionada norma sería un golpe fundamentalmente para el sector del taxi, que había exigido algunas limitaciones a la actividad de los denominados VTC en la Región y que habían conseguido que parte de ellas se recogieran en el proyecto de texto legal.