La Policía Local de Murcia formula unas 1.500 denuncias contra aparcacoches en lo que va de año

La llegada de septiembre ha supuesto, como cada año, la reanudación en la ciudad de Murcia de la obligación del pago de la llamada ORA. La otra 'tasa' de 'parking', la que piden ilegalmente los 'gorrillas' instalados en las principales zonas de aparcamiento de la capital, no ha tenido que ser restaurada porque no ha dejado de exigirse durante el mes de agosto.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se defiende, no obstante, que no se ha aflojado en ningún momento la persecución de esta actividad desde el final del estado de alarma. En total y en lo que va de año, se han impuesto unas 1.500 sanciones, según fuentes del Consistorio. De ellas, un total de 1.370 denuncias fueron formuladas durante los ocho primeros meses de 2020. Esta actuación policial se vio reforzada con la entrada en vigor a principios de marzo de la Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades o Conductas en el Espacio Público, que daba a los agentes municipales más herramientas para perseguir a los aparcacoches: desde entonces pueden incautarse del dinero obtenido con el ejercicio de la citada actividad. De hecho, desde la puesta en marcha de la norma, la Policía Local ha requisado cantidades que suman un importe de más de 1.000 euros.

Enero comenzó con 196 actuaciones, al que siguió el mes de febrero con 247. En marzo, con la llegada de la nueva norma se impusieron 47 sanciones, pero, la declaración del estado de alarma y con ella el confinamiento, paralizó este tipo de intervenciones policiales para ser recuperadas con la desescalada. Así, junio dejó 88 expedientes sancionadores, julio marcó el récord con 418 y agosto registró una pequeña bajada, hasta los 374.

«La reducción de actividad y de afluencia de gente al centro de la ciudad y las vacaciones de los agentes han redundado en un pequeño descenso de las sanciones, pero la estadística prácticamente se ha mantenido», subraya el concejal del ramo, Eduardo Martínez-Oliva. Sin embargo, este trabajo policial ha vuelto con fuerza en septiembre, ya que en los tres primeros días del mes se formularon por parte de los agentes hasta 94 denuncias contra aparcacoches.

El equipo de Gobierno tuvo claro desde un primer momento que la ordenanza aprobada este año no iba ser, ni mucho menos, una solución milagrosa con la que se lograra erradicar esta actividad en el municipio. Pero el problema y el malestar vecinal habían alcanzado ya un nivel tal que exigía algún tipo de movimiento por parte del Ayuntamiento, al menos para «hacer saber a los 'gorrillas' que no actúan con impunidad» . Así lo veía en su día Martínez-Oliva, que auguraba ya, con la entrada en vigor de la norma, que la labor sería «larga».

Tras seis meses de vigencia, el edil es consciente de que sigue habiendo aparcacoches en las principales áreas de aparcamiento de la capital murciana, incluidas aquellas reguladas mediante 'zona azul'. Basta con darse una vuelta por el centro de la ciudad para comprobarlo. Pero también defiende que ha bajado el número de estos pedigüeños y que su presencia en algunos enclaves, que estaban literalmente «tomados», ya no es permanente. «Solo hay que mirar algunas áreas como el aparcamiento disuasorio del Malecón, donde antes era posible contar más de una decena», apostilla el edil.

Asegura, además, que esto se debe a que la presión policial ha expulsado a los aparcacoches ocasionales, para dejar únicamente en las calles a aquellos con un perfil más 'profesional'. «Son gente a la que le da igual que les multes o les quites el dinero; que vuelven al mismo lugar y el mismo día, tras huir o ser denunciados por un agente, y que acumulan, por tanto, varias sanciones en una jornada», insiste.

Por ello, la Policía Local va a evolucionar en su estrategia y tratará de utilizar con más ahínco la vía penal, empleada hasta ahora de forma subsidiaria. «Vamos a proceder a detenerlos para llevarlos ante el juez y que se les juzgue por desobediencia reiterada», concluye el concejal de Seguridad Ciudadana.