Siete cosas que no sabías de la Ermita del Salitre de Murcia

También se la conoce como Ermita del Salitre pues formaba parte de la Real Fábrica del Salitre de Murcia (la Fábrica de la Pólvora) que creó Felipe IV en 1654. Medio siglo antes, en torno a 1598, los franciscanos del convento de San Diego establecieron su Vía Crucis, que comenzaba en la parroquia de San Miguel y acababa en otra ermita en la denominada Puerta de Castilla.

La capilla, con el tiempo, paso a denominar de los Pasos de Santiago por la proximidad de esta histórica parroquia. Aunque pequeña, la ermita atesoraba un Cristo de la Columna, obra de Roque López. Completaban el adorno las tallas de una Soledad y un San Antonio, «cuya imagen no debiera estar expuesta al público puesto que es ridícula», sostenía el erudito Fuentes y Ponte.

La primera referencia en prensa nos remonta al 'Correo Literario de Murcia', en cuya edición del 1 de noviembre de 1794 se dio cuenta de los recuerdos de un viajero extremeño. El artículo, firmado por Perico el de los Palotes, testigo de la narración, explica que le propusieron visitar «los Pasos de San Diego [...] y vi al Señor de la Columna». Incluye la frase dos referencias interesantes.

En 1951, la capilla adoptó la forma que conserva. Está protegida como BIC, si no de la ruina, sí de la pala excavadora. La restauración fue impulsada por el coronel de Ingenieros, Ernesto Llamas del Toro, para facilitar que las familias que habitaban la Fábrica de la Pólvora escucharan misa. Fue entonces cuando Muñoz Barberán pintó unos frescos, como recordaba Luis Esteve en 1959, en el diario 'Línea'.

El empresario cartagenero Tomás Olivo compró en 1989 el gran solar que hace pico esquina con la calle Pasos de Santiago y la pequeña capilla. Pagó por ellos 1.600 millones de pesetas. Años más tarde, en 1998, el mismo empresario desembolsó en subasta pública otros 480 millones por el histórico edificio de la Fábrica de la Pólvora.

En los últimos tiempos, dos polémicas rondaron la ermita. Las dos en torno a su propiedad. El Ayuntamiento exigió al empresario Tomás Olivo que la restaurara. Pero él se negó alegando que el edificio no era de su propiedad, que estaba en una especie de limbo administrativo. El Tribunal Superior de Justicia le dio la razón en 2022. Eso implicaba que, al no tener dueño conocido, la propiedad pasaba al Estado. Y ahí la segunda controversia, que fueron las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento para la cesión, que al final se produjo.