«Si quieres ser alguacil mayor, ya puedes soltar 150 doblones»

¿Cómo llegó este señor a la capital? Ignacio de Retama y Escobar, hijo y nieto de caballeros de la Orden de Santiago, estudió jurisprudencia como colegial del Mayor de Santa María de Jesús, en Sevilla, donde logró graduarse. María Luisa Álvarez recuerda en su obra 'Corregidores y alcaldes mayores...' que también participó en el gobierno municipal de la capital hispalense y fue por ella diputado en Cortes.

Antes de convertirse en corregidor de Murcia, en 1778, lo fue en otras ciudades como Linares, Carmona, Trujillo, Antequera, Ronda y Marbella. A Murcia arribó con informes favorables que lo describían como un tipo «muy activo y de buena conducta, y que, en comprobación de ello, había desempeñado con acierto cuantas Comisiones se le habían encargado».

Cuenta Díaz Cassou de Retama en su 'Pasionaria murciana' que fue el primer corregidor que intentó que se iluminaran las oscuras y peligrosas calles de la ciudad. Pero erró al proponer que fueran los vecinos quieres corrieran con los gastos.

Hasta ahí podíamos llegar. Así que el vecindario recurrió al Rey. Entonces, el Consejo de Castilla le dio la razón: «No se podía imponer como forzosa la carga del alumbrado». Y, claro, siguieron a oscuras.

Otros autores difieren del gran Díaz Cassou sobre el particular. Por ejemplo, en 'La Revista del hogar' se publicó en 1930 un calendario con fechas históricas murcianas.

Una de ellas, el 5 de octubre de 1778, recordaba que Ignacio de Retama, «por medio de esquelas» solicitó a los vecinos que acudieran a verlo «con el fin de suplicarles se sirvan de poner faroles en las calles». El redactor añade que «consiguiéndose de esto que en la Platería se pongan 6 en sus dos trozos».

Otro capítulo que evidencia el carácter del político ocurrió un Viernes Santo de 1780, justo antes de comenzar la procesión del Santo Entierro. Este desfile pasionario era, como aún lo sigue siendo, la estación de penitencia oficial, la del Consistorio y en la que siempre desfiló el Concejo y representaciones de gremios, entre otras.

Aquél día, mientras se organizaba el desfile, el señor corregidor advirtió a los cofrades de que solo formaría parte de él si el obispo lo acompañaba. En caso distinto, mandaría al alguacil mayor para que ocupase su lugar en la presidencia.

El anuncio causó tal disgusto y tan grande escándalo que, al final, la procesión no llegó a celebrarse. Díaz Cassou, de nuevo, recordó en su día la «necia cuestión de etiqueta que provocó el corregidor Retama, quien creyó no deber asistir en persona si, también en persona, no asistía el Obispo».

De este episodio dio cuenta el erudito Javier Fuentes y Ponte en un artículo publicado en 'El Diario de Murcia' en 1898. Y detrás de él, la legión de plumillas que han escrito sobre el Santo Entierro.

El Archivo General de Simancas atesora entre sus legajos uno que arroja un poco más de luz sobre el personaje. Realmente, quizá sea más acertado escribir que arroja un poco más de sombras. Se trata del juicio al que fue sometido por varios delitos, a cual de ellos más grave: vender el cargo de alguacil mayor, prevaricar en un caso de divorcio y hacer la vista gorda al aplicar la ley a cambio de dinero.

Cuando se juzgaron los hechos, Ignacio ya no estaba en Murcia. Su mandato acabó un 29 de enero de 1782, día en que fue trasladado como corregidor a Jerez de la Frontera. El número de cargos punibles ascendía a 16, si bien el más grave fue vender la dignidad de alguacil mayor a Juan Galiano.

¿A cambio de qué? Pues de «150 doblones, una colgadura de damasco, dos burós, porción de paja para las mulas y otros efectos». Más tarde, la Chancillería de Granada ordenó que todo se devolviera a la viuda de Galiano. El segundo delito fue exigir 40.000 maravedíes a Josefa Fresneda para beneficiarla en el juicio que tenía por divorcio contra su marido.

Más gracioso fue el episodio protagonizado por un labrador que culpaba a otro de haberle robado la capa. Ante el corregidor, el primero le pidió que registrara la prenda y encontraría escondido en el cuello de ella un doblón de a ocho. Así fue.

El político devolvió la capa a su dueño, expulsó sin castigo al ladrón... ¡Y se quedó el doblón! Encima, le advirtió al dueño de la prenda que «bastante servido iba en habérsela devuelto» Un máquina.

Otros testigos lo denunciaron por haber cobrado a «unos gitanos por permitirles gitanear en una feria». O por no mantener en condiciones los términos y mojones de la ciudad, cuya omisión causó que Cartagena se apropiara de las «islas llamadas la Conejera y Perdiguera, con notorio perjuicio de los Propios y Rentas de Murcia». Añadan a eso otro supuesto delito por permitir vender «libras de pan de 12 y 13 onzas, debiendo tener 16».

La sentencia, firmada un 24 de marzo de 1783, exoneró al corregidor de todos los cargos, salvo el de los mojones, por lo que le impuso una multa de 3.000 maravedíes. Algunas cosas jamás cambian, señores.