El juez rechaza exculpar a beneficiarios de la presunta trama de contratos en pedanías

El llamado 'caso Pedanías', que investiga la supuesta adjudicación irregular de miles de contratos de obra menor, inferiores en muchos casos a 3.000 euros, a un escaso grupo de empresarios de la ciudad de Murcia, seguirá contando con todos los presuntos implicados en esa presunta trama. Y es que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, ha rechazado una petición de la Fiscalía para exculpar –por una aparente falta de indicios del delito de prevaricación– a buena parte de los empresarios que se habrían favorecido de esos contratos. Los principales beneficiarios de esas adjudicaciones, que partieron durante años de la Concejalía que encabezaba el concejal Cristóbal Herrero en el Ayuntamiento de Murcia, son los grupos Torralba, que se habría embolsado más de 1,2 millones de euros; el Grupo Sodimur, más de 4,2 millones, y el Grupo Gilterra, más de 600.000 euros.

Los especialistas del Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) de la Policía Nacional, que durante cuatro años investigaron esta presuna trama delictiva desvelada por LA VERDAD, consideran en sus informes que al menos en el caso del Grupo Torralba existía una relación personal entre su máximo responsable, Antonio Torralba, y Cristóbal Herrero. Ambos coincidieron, entre 2011 y 2014, como presidente del PP en Cabezo de Torres, el segundo, y como vocal de este mismo partido en la Junta Vecinal, el empresario.

Pues bien, en un informe fechado el pasado febrero, el fiscal del caso estimaba que procedía el archivo respecto de esos constructores y que la investigación quedara reducida a las labores de mantenimiento realizadas en imbornales para la recogida de lluvias. En este caso se apreciaban indicios de una supuesta malversación de caudales, ya que se adjudicaron a distintas empresas algunos trabajos de todo punto innecesarios, como la limpieza de imbornales, pues esta era una labor que correspondía a los técnicos de Emuasa, la empresa de suministro de aguas en el municipio que además cobraba por esas tareas.

El magistrado Garrote ha rechazado la petición del fiscal, ha advertido de que sería precipitado archivar parcialmente esas diligencias, teniendo en cuenta que muchos de esos contratos se adjudicaron «carentes de cualquier control técnico» y que además «obran indicios de que alguno de los dirigentes de estas empresas han guardado relaciones personales entre sí y con quien era concejal de Descentralización, Cristóbal Herrero».

El antiguo alto cargo del PP prestará declaración este jueves en el juzgado, en calidad de imputado por presuntos delitos de prevaricación continuada, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos