Los conductores de los 'coloraos' de Murcia dejan en el aire la duración de su paro
Acaba sin acuerdo la reunión mantenida entre los trabajadores, Ayuntamiento y empresa. Los autobuses no han salido este viernes por el impago de las nóminas
Con la amenaza de quedarse en tierra. Así arrancaron el día los usuarios de los autobuses urbanos de Murcia, conocidos como los 'coloraos', ante la amenaza de paro lanzada por parte de los conductores de la concesionaria. Finalmente esta posibilidad se ha consumado y los vehículos no han salido a la calle este viernes, tras la decisión adoptada por los trabajadores de Transportes de Murcia en una asamblea celebrada a primera hora de la mañana, a la que ha seguido una protesta a las puertas del Consistorio. Y puede que esta situación se repita en los próximos días, hasta que existan garantías de pago.
Y es que la plantilla ha adoptado esta decisión tras el impago de la nómina correspondiente a noviembre. «Deberíamos haber cobrado el pasado jueves, pero la empresa ya nos avisó que el abono no se iba a producir en los próximos días», explica Miguel Cano, presidente del comité de empresa.
Esta misma situación ya se repitió en relación al salario de octubre y provocó que las expediciones salieran con dos horas de retraso el pasado día 7. La promesa de pago por parte de la concesionaria normalizó la situación, que vuelve a complicarse ahora. «No queremos que esto se enquiste; tenemos la sensación de que la empresa nos usa para presionar, pero si tiene queja, que promueva un paro patronal y no nos obligue a trabajar sin cobrar», defendió Cano. Los delegados del Comité de empresa intentarán reunirse con representantes municipales antes de tomar una decisión respecto a la continuidad del servicio durante los próximos días.
Los representantes de los trabajadores son conscientes de que se trata de un paro ilegal, ya que estas movilizaciones deben ser convocadas con 10 días de antelación, pero también están convencidos de que si no se adoptan medidas de este tipo no se van a respetar sus derechos en los sucesivos periodos de cobro, empezando por el de la paga extraordinaria de Navidad. A fin de desbloquear la situación, miembros del Comité de Empresa se reunieron en la mañana de este viernes en el Consistorio con la concejala de Movilidad Sostenible, Carmen Fructuoso.
El Ayuntamiento de Murcia se ha comprometido a realizar el abono a la concesionaria de la liquidación del servicio correspondiente al año 2021, que esta cifra en 300.000 euros y que ha sido aprobada este mismo día en junta de Gobierno. «Hemos pedido que se envíe una garantía a la empresa para que nos pueda adelantar la nómina y parece que no es posible», comunicaba a Cano a sus compañeros, que se mostraban partidarios de mantener un paro que se está acometiendo sin los servicios mínimos.
«Aguantaremos las sanciones y consecuencias legales que vengan», apuntó entonces Cano, que recordó, no obstante, que los otros grandes perjudicados de esta situación son los usuarios. Por ello, Cano señaló que a lo largo del día se decidirán finalmente los próximos pasos a dar por los trabajadores, ya que una huelga prolongada de este tipo puede acabar incluso con despidos disciplinarios.
La empresa, Grupo Ruiz, con la que no pudo contactar este jueves LA VERDAD, señalaba hace unas semanas que el Ayuntamiento le adeuda 3,5 millones, algo que este niega. «Las mensualidades están al corriente del pago y la liquidación de 2021, que ciframos en 300.000 euros, no los 1,5 millones que pide la empresa, se abonará en breve», aseguró el Consistorio.
No obstante, la concesionaria alega que debe acometerse ya la liquidación relativa a 2022, que a su juicio debe circunscribirse al período acotado entre enero y septiembre, ya que el plazo de 10 años de la concesión se prorrogó, tras su finalización, unilateralmente por el Consistorio a partir del 1 de octubre «hasta un máximo de dos años». «Se nos han mantenido las mismas condiciones, en contra de nuestro criterio, cuando se ha producido un fuerte incremento de los costes, como el de los combustibles, en nuestro caso el gas», añadía a principios de noviembre el responsable de la empresa, Alberto Egido, denunciando que «tras meses de preguntas, se nos informó de la decisión de prorrogar la concesión a cinco horas de su finalización», con un importante déficit de explotación, como la concesionaria asegura haber constatado. Egido concluye que esta situación «anómala» les ha generado dificultades en relación a la financiación bancaria.
