Vecinos y ecologistas piden a la CHS más control de las granjas en la cuenca del Mar Menor

En todo caso, el Ministerio dirigido por Teresa Ribera ha admitido que es necesario incrementar esta tarea de inspección, apoyándose además en los agentes de la Guardia Civil especializados en medio ambiente, ya que en los diez municipios de la cuenca hay 400 granjas de cerdos, con 805.000 cabezas de ganado censadas. Esta cantidad de explotaciones, considera el Miteco, tiene «una problemática asociada a sus residuos por la posible carga potencial» del nitrógeno, que calcula una producción anual de 5.668 toneladas, y de fósforo, con 2.716 toneladas/año.

Este martes, siete organizaciones ciudadanas y ecologistas reclamaron a la Confederación que agilice el despliegue de técnicos en el Campo de Cartagena para proteger las aguas y el ecosistema lagunar. Los colectivos (Pacto por el Mar Menor, Amarme, Seo Birdlife, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y su Comarca y Yayoflautas-BBNN) también exigieron «mayor transparencia en la información sobre superficies regables en el Campo de Cartagena. Pidieron usar «visores cartográficos accesibles al público.

El presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea, les garantizó que «la inspecciones a granjas en zonas que pudieran afectar al ecosistema del Mar Menor se van intensificar por parte de los agentes medioambientales, en la medida en que se vayan reforzando las plantillas». Así lo indicaron en un comunicado fuentes de la CHS, que se hicieron eco de la reunión mantenida entre estas partes en la sede de la Confederación. A preguntas de LA VERDAD, no concretaron el número de funcionarios que se incorporarán a estas tareas pero aseguraron que el refuerzo empezará a principios de 2024.

Según recordaron fuentes del Miteco, para el control de los cebaderos «se dispone un presupuesto específico ya encargado de 251.637,15 euros, a ejecutar en 36 meses desde la aprobación del encargo en mayo de 2022». El dinero sale del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor, dotado con 485 millones de euros.

«Desde Pacto por el Mar Menor, representada por Ramón Pagán, han focalizado su preocupación en la situación ambiental de varias granjas ubicadas en la cuenca vertiente del Mar Menor y que podrían afectar a los acuíferos y al ecosistema de la laguna salada», indicaron en la Confederación. Y agregaron que Urrea dio garantías de una vigilancia permanente y dijo que «tanto las analíticas realizadas en los puntos de muestro como los resultados de la red SAICA permite conocer la evolución del estado de las masas de agua, en cuanto a su calidad en particular para los acuíferos del Campo de Cartagena y de la cuenca vertiente del Mar Menor».

Estas organizaciones cívicas redoblan su presión sobre el Gobierno central, de PSOE y Sumar, en plena polémica por el anuncio del vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo, de Vox, de que su equipo trabaja en una propuesta de modificación de la Ley de protección y recuperación del Mar Menor. Uno de los objetivos es eliminar determinadas restricciones a la actividad ganadera en el ámbito de Fuente Álamo, el municipio con más cebaderos, sobre la base de un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) según el cual el acuífero de esta localidad no está conectado con el cuaternario y, por lo tanto, no desemboca en el Mar Mar Menor. El Partido Popular se ha desmarcado de Vox y asegura que el ejecutivo de Fernando López Miras no prevé cambiar la ley y no dará «ni un paso atrás» en el blindaje de la laguna.

La Confederación acordó también, recientemente, incrementar la colaboración con la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil y con la Comandancia de Murcia en el control de la ganadería en la cuenca. En concreto, planificaron «nuevas actuaciones conjuntas para comprobar el adecuado cumplimiento de las medidas de protección de las masas de agua superficial y subterránea del Campo de Cartagena».

Hasta ahora, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del Ucoma han destapado numerosas anomalías en granjas de cerdos. El Instituto Armado, que mantiene una continua colaboración con la CHS y con la Fiscalía, informó en mayo de que había realizado 54 inspecciones en cebaderos e instalaciones destinadas al abastecimiento de estos en Cartagena, Fuente Álamo, Torre Pacheco, Alhama de Murcia y Totana. La revisión de 255 balsas de almacenamiento de purines y 20 de acopio de estiércol sacó a la luz «un gran número de irregularidades» y motivó la formulación de 118 denuncias administrativas. Las diligencias fueron remitidas también al Ministerio Público, que estudia la posible responsabilidad penal de empresas y particulares.

De forma simultánea, la Comunidad Autónoma continúa tramitando los expedientes de revisión de decenas de granjas cuya reorientación productiva como cebaderos autorizó sin la debida autorización ambiental. Según adelantó LA VERDAD en octubre, veintidós de las 70 explotaciones analizadas por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, previo dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, habían recibido ya la orden de reducir su aforo de animales en un total de 30.000 animales.

Así lo aseguraron fuentes del Gobierno regional. Y apuntaro que otras 37 instalaciones, hasta sumar 59, debían seguir el mismo camino, para disminuir el número de plazas y ajustarse a la normativa. La pérdida de cerdos está por fijar, ya que cada explotación tiene una situación diferente.

En junio, este diario desveló que la ausencia de autorización ambiental integrada y de evaluación de impacto ambiental afectaba a setenta granjas con 80.000 cerdos de cebo. Y explicó que, entre otras cosas, no se analizó ni los planes de gestión de los purines, para evitar la contaminación por nitratos. Se dio el visto bueno, de forma irregular, a la transformación de explotaciones que tenían un censo de varios cientos de plazas de cerdas reproductoras a uno con varios miles de plazas cerdos de cebo.

La Consejería ha tramitado 72 expedientes sancionadores a granjas porcinas por anomalías relacionadas con «infracciones graves por incumplimiento de las medidas agrarias exigibles en la Zona 1 y 2». Ello, en aplicación de la ley autonómica del Mar Menor. No precisó la cuantía total de las sanciones propuestas.

Asimismo, este martes, Urrea también detalló a representantes ciudadanos y ecologistas «el estado de los trabajos llevados a cabo por el organismo de cuenca relativos a la ordenación del Dominio Público Hidráulico (DPH), la restauración y mejora ambiental, la gestión del riesgo de inundaciones y la mejora del conocimiento y seguimiento de las actuaciones realizadas en el entorno del Mar Menor y su cuenca vertiente».

En la Confederación informaron también de que «los participantes en la reunión se han emplazado para mantener reuniones periódicas en las que el organismo de cuenca traslade los avances que se vayan constatando». También tendrán información sobre «el análisis de las alternativas que se puedan ir estudiando en el marco de los planes de ordenación de las masa de agua del campo de Cartagena en riesgo tanto cuantitativo como químico».