Vecinos de La Algameca, en Cartagena, exigen el arreglo del acceso ante el riesgo para las personas

Los vecinos denuncian ahora el «deteriorado» estado de los accesos porque es un peligro para las 15 familias que viven allí todo el año y las personas que practican deporte a diario en el entorno del histórico asentamiento. También para los autobuses que trasladan a los inmigrantes llegados en patera hasta el CATE y todo el personal que interviene en la recepción y primeras gestiones de identificación y aplicación de los trámites de extranjería en el menor tiempo posible.

Desde la Autoridad Portuaria de Cartagena confirmaron los desperfectos en parte del camino provocados por las obras de acondicionamiento para instalar el CATE. No obstante, aseguraron a LA VERDAD que «ya» están estudiando cómo solucionar el problema. «Esperamos tenerlo visto para el primer trimestre de 2025», indicaron fuentes de la institución.

A pesar de las primeras reticencias ante los nuevos vecinos y la incertidumbre inicial fruto del desconocimiento sobre el nuevo centro, las familias no rechazan la infraestructura. «No nos molesta. El CATE está separado de las casas unos 800 metros. Nunca nos hemos opuesto porque somos una comunidad diversa e inclusiva, abierta al diálogo y a la cooperación con los agentes locales», remarcó el presidente del colectivo vecinal, José Manuel de Haro.

Pero sí alertan de «mayor control administrativo», coincidente con la apertura del CATE que les hace temer la desaparición definitiva de las más de doscientas barracas, algunas de ellas levantadas hace tres siglos. Entre las actuaciones señaladas está la última orden de derribo de cuatro casas situadas en la falda de la montaña, que viene de un proceso judicial iniciado en 2011 y paralizado más de diez años.

Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo permitía al Ayuntamiento demoler las viviendas tras ratificar que no cumplían «las medidas mínimas de seguridad, habitabilidad e higiene». Antes, en el mes de febrero trascendieron los primeros casos de derribo: dos dueños de casas ilegales alcanzaron con el Ministerio Fiscal acuerdos de conformidad por los que derribarán las viviendas en el plazo de un año para no ir a la cárcel.

«Es sorprendente la rapidez para resolver a última hora. No queremos expandirnos en el terreno, pero nos ponen dificultades para restaurar los barracones que necesitan su mantenimiento. Hasta nos cuestionan el uso de un manantial de agua», aseguró Mari Carmen García Bernabé, que lidera la recién constituida asociación de mujeres desde donde realizan proyectos de diversa naturaleza para «dar a conocer este enclave tan peculiar».

Los vecinos tampoco quieren que la situación de alegalidad del poblado permita seguir construyendo de forma descontrolada y acabar con su esencia, que se remonta al siglo XVIII. De hecho, aclaran que quienes han agrandado sus propiedades con construcciones nuevas han incumplido tanto la ley, porque las montañas forman parte de un entorno natural protegido dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, como los estatutos de la asociación vecinal, por los que se rige esa comunidad.

Por ello, demandan al Ayuntamiento que regularice su situación para proteger este enclave peculiar y dotar a los propietarios de «un derecho, al tener las mismas obligaciones que el resto de cartageneros, así como sentirnos integrados en la ciudad», apostilló García Bernabé.

Las viviendas no están adscritas al régimen catastral ni pueden beneficiarse de la red pública de aguas ni de electricidad. Ambos suministros los proporciona la comunidad a través de la asociación vecinal con sistemas sostenibles. Algunos vecinos sí están empadronados en ellas.

«Las cuatro administraciones con competencias en este terreno han hecho sus acotaciones, pero se desconoce de quién es urbanísticamente. El caso es que los vecinos no tienen derecho a agua ni a alcantarillado, por lo que viven en condiciones que distan de las comodidades del siglo XXI. Estamos de acuerdo en que el Ayuntamiento establezca los límites urbanísticos y legalice lo que se pueda», remarcó el vocal de Urbanismo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena, Luis de Miquel.

Restos de botelleos, como plásticos, latas de cerveza, y otros recipientes de alcohol, junto a todo tipo de enseres son algunos de los residuos acumulados en el cauce de la rambla de Benipila, frente al colegio San Vicente de Paúl y junto a la avenida Nueva Cartagena, donde la basura sin control también es una imagen recurrente que genera malestar entre los viandantes.

Son varios los movimientos vecinales y «apolíticos» que organizan limpiezas periódicas ante la «inacción» municipal. La última fue hace algo más de un mes desde la pasarela de acceso al estadio Cartagonova hasta el centro educativo. «Nuestra prioridad es proteger el medio ambiente y sobre todo el mar porque el cauce y su basura desembocan allí. Nos falta conciencia social sobre los riesgos que puede implicar su estado», indicó Mario Encomendero, integrante de Cartagena Limpia que desde hace cinco años actúa en otras zonas como el entorno de Lo Campano.

Tras reclamar su adecuación de forma regular, tanto a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) como al Ayuntamiento, y constatar que es competencia de esta última administración, los colectivos solicitan que la limpieza pendiente sea «habitual, como mínimo cada tres meses».

Cartagena Limpia propuso, asimismo, acotar la rambla e iluminarla para disuadir los botellones, y en caso de celebrarse controlar los comportamientos incívicos. «Incumplen dos ordenanzas: arrojar residuos y beber en la vía pública», recordó Encomendero.

No obstante, desde la entrada en vigor a mediados de noviembre de la nueva ordenanza reguladora de la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, beber en la calle está sancionado hasta con 600 euros de multa para infracciones leves, las cuales oscilaban antes entre los 60 y 180 euros. Las infracciones graves tienen multas entre los 601 y 1.500 euros.

La Federación de Asociaciones de Vecinos respalda las reivindicaciones de los residentes para normalizar su vida y disfrutar de los servicios básicos, «respetando la legislación vigente». De hecho, una de las alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) reclamaba «asumir la realidad urbanística» de La Algameca. «Las cuatro administraciones que confluyen en este espacio no pueden seguir mirando para otro lado», reivindicó el vocal de Urbanismo federativo, Luis de Miquel. Son el Ayuntamiento de Cartagena, la Demarcación de Costas del Estado, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), por tratarse del final de la rambla de Benipila, y el Ministerio de Defensa, propietario de los montes de la zona.