La reducción de las entregas a cuenta causa un desfase de 12 millones en el Presupuesto de Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, reunió hace unos días a su equipo económico, capitaneado por su concejal de Hacienda, Nacho Jáudenes, y el coordinador de Gobierno, Desarrollo Económico y Proyectos Estratégicos, Carlos Martínez, para analizar la situación en este inicio de año. Y uno de los aspectos más destacados es que el Ayuntamiento dejará de percibir 11.852.000 euros por los cambios de criterio del Gobierno de Pedro Sánchez.

Cuando el equipo de gobierno inició el pasado verano la elaboración del proyecto de presupuestos para 2025 contaba con un aumento del 13% respecto a 2024 de las entregas a cuenta. Estas iban a ser de «récord» en 2025, según dijo la ministra María Jesús Montero en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada el 16 de julio del año pasado: 26.893 millones de euros. Sin embargo, el aumento sólo es del 0,6%. El Ejecutivo central alega que para volver a ese escenario inicial es necesario aprobar los Presupuestos Generales del Estado. La subida iba contemplada en la convalidación del decreto ómnibus que el Congreso de los Diputados tumbó en enero junto con otras medidas como la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte. Pero estas fueron incluidas en otro decreto posterior; las entregas a cuenta, no.

Los grandes ayuntamientos presididos por alcaldes del Partido Popular insisten en la idea de que el Gobierno «hace chantaje» con este asunto, «aunque perjudiquen también a los socialistas», indicaron. El hecho objetivo, según fuentes municipales, es que el cambio de criterio en La Moncloa «destroza todas las cuentas» del Consistorio cartagenero para este 2025. No obstante, aclararon que por la «buena situación financiera» general del Ayuntamiento esa disminución no generará grandes apuros a lo largo del ejercicio, aunque repercutirá en el remanente de tesorería, que la Administración estatal también controla a los ayuntamientos para cumplir con las reglas fiscales.

La reunión del equipo económico de Arroyo también evaluó la situación de la deuda municipal en las primeras semanas del nuevo ejercicio, indicaron las mismas fuentes. Ésta sigue bajando y en la actualidad supone el 29,07% de los recursos corrientes del Ayuntamiento. Se trata de una cifra más que óptima, destacaron en la reunión, pues el máximo recomendado por las autoridades fiscales a las entidades locales es el 75%. Y queda también muy lejos del 110% «que activa todas las alarmas» en una corporación municipal.

El Ayuntamiento cerró el pasado ejercicio con una deuda de 72.864.947 euros y prevé finalizar 2025 con 68.496.777 euros. La previsión en el marco 2017-2027, año en que finaliza la legislatura, es pasar de 100.746.967 euros de deuda a los 47.785.812 previstos a 30 de junio de dentro de dos años. Y si el PP sigue en la alcaldía y mantiene estos criterios, rebajarla en seis millones más a 31 de diciembre de ese año, según los datos que maneja el equipo de gobierno municipal.

«De diciembre de 2017 a diciembre de 2027 habremos reducido la deuda en casi 60 millones de euros. Según nuestras previsiones, un 59,98%. A diciembre de este año lo habremos hecho en 32 millones, respecto al año 2017», indicó Arroyo.

De manera desglosada, en el año 2017, cuando la población no alcanzaba los 215.000 habitantes, cada cartagenero debía 465,71 euros. Este año, con un censo de 221.364 habitantes, la deuda es de 309,43 euros. Y la previsión para dentro de dos años, cuando está previsto que el municipio ronde los 223.000 habitantes, es que cada ciudadano deba 185,32 euros. En estos momentos, cada español debe unos 34.900 euros por la deuda que genera el Estado.

Todo eso ocurre, según la alcaldesa, en un escenario de congelación de los precios públicos municipales, excepto la actualización de la tasa de basuras establecida por el Estado y el aumento del recibo del agua para afrontar nuevas infraestructuras hidráulicas en el municipio; la contención de gasto ordenada por las autoridades fiscales; y los incrementos salariales a los funcionarios públicos determinados desde Madrid. «Sin embargo, nuestra política ha dejado en este tiempo 12 millones de euros en el bolsillo de los cartageneros», añadió. Desde su equipo contrarrestan las críticas de los partidos de la oposición con el argumento de que incluso las subidas de la denominada 'tasa Sánchez' de las basuras es menor que en la mayoría de grandes municipios. «Somos un ayuntamiento sostenible presupuestariamente, a pesar de las trabas del Gobierno de España», dejó como conclusión.

Aun así, partidos como MC y el PSOE critican con frecuencia el nivel de deuda municipal y que el equipo de gobierno suscriba préstamos para inversiones. El último, de ocho millones de euros a pagar en nueve años y concedido por la Caja Rural Central, permitirá financiar las obras del Teatro Circo y el Anfiteatro Romano, así como infraestructuras en barrios, diputaciones y el entorno del Mar Menor. «Lo hacemos así para garantizar el crecimiento del municipio sin subir los impuestos a los cartageneros, ya que, por estos préstamos, pagamos menos que lo que amortizamos de deuda», según Arroyo.

El año 2025 arranca con liquidez en la caja y agilidad en la Tesorería del Ayuntamiento de Cartagena. Y eso se traduce en la disminución del plazo de pago a proveedores, según los datos que maneja el equipo económico de la alcaldesa Noelia Arroyo. La entidad municipal cerró el pasado ejercicio con un plazo medio de pago de 7,41 días, muy por debajo de los treinta de plazo máximo que establece la normativa en materia de morosidad para las administraciones públicas. Dicho descenso también contribuye decisivamente a la estabilidad presupuestaria municipal, según indicaron fuentes oficiales.

La mejora de esta ratio que afecta a quienes suministran material y prestan servicios al Ayuntamiento cartagenero ha sido una constante durante los gobiernos municipales de José López (MC), Ana Belén Castejón (PSOE inicialmente y no adscrita después) y Arroyo (PP). Pero el mayor descenso se dio durante la pasada legislatura, con el gobierno tripartito de populares, no adscritos y Ciudadanos.

En abril de 2017, los proveedores cobraban de media a los 26,73 días; en septiembre de ese año, a los 58,75 días; y en diciembre, también de 2017, a los 26,49 días. La mejora ha sido progresiva hasta alcanzar los 14,32 días en abril de 2024; los 13,66 en septiembre del año pasado; y los 7,41 en el cierre del último ejercicio contable.

Los responsables económicos en el equipo de gobierno municipal destacaron que todos estos avances se dan en un contexto en el que la Administración General del Estado exige a los entes locales unos objetivos de contención del déficit y reducción de deuda que no se da a sí mismo ni impone a las comunidades autónomas. «La Constitución, en su artículo 135, exige a los ayuntamientos equilibrio y permite endeudarse al Estado y a las comunidades. Sin embargo, el Gobierno va más allá y nos exige un superávit del 0,2%», se quejó Arroyo.