Primeros retrasos en el proyecto del cuartel de la Guardia Civil de Cartagena al año del desalojo y derribo

Una inspección determinó que el complejo de edificios de la calle Ángel Bruna estaba afectado por graves daños estructurales como consecuencia de las características del suelo que los albergaba, la calidad de los materiales de construcción y también la falta de mantenimiento.

Las obras del nuevo acuartelamiento continúan paradas siete meses después del derribo del último de los once edificios que quedaba en pie. Después de esos trabajos, la intención era levantar con urgencia 96 viviendas y espacios para todos los servicios de la Benemérita. Estos están repartidos ahora por diferentes dependencias de Cartagena y La Unión, entre ellas, las del antiguo colegio Antonio Arévalo.

Desde el pasado febrero nada se sabe del proyecto, ni siquiera las familias desalojadas. LA VERDAD ha preguntado reiteradamente al Ministerio del Interior y a la Guardia Civil en varias ocasiones. No hay respuesta. En la Delegación del Gobierno de Murcia tampoco tienen información sobre los planes de ese departamento estatal ni de cuándo podrían comenzar las obras. Remiten a Interior y al instituto armado.

Quienes tratan de recabar información son las asociaciones profesionales, también con poco éxito. Lo único que han podido saber los directivos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (Augc) es que el proyecto ha sufrido varias modificaciones en los últimos meses debido al encarecimiento del mismo, entre otras cuestiones por las características del terreno. Los técnicos de la Dirección General de la Guardia Civil realizaron las catas previas a la construcción y hallaron una alta salinidad, que obligaba a realizar una cimentación especial y más profunda. Eso trastocó los planes y provocó que el proyecto aumentara su precio considerablemente. Desde este colectivo, indicaron que la empresa encargada de construir las nuevas instalaciones solicitó un aumento del presupuesto por esa causa, que fue denegado.

Para aligerar el coste, se tomó la decisión de reducir el número inicial de viviendas, de 96 a 65. Esto ha desatado las críticas de las familias, que se sienten «engañadas», según una de las antiguas residentes, Isabel Rosique. «No sabemos qué está pasando, pero lo cierto es que desde hace meses no se ve nada en el solar y se rumorea que el problema es que no hay dinero», dijo. Han solicitado conocer el proyecto y que sea desbloqueado cuanto antes. Quieren saber cuánto tiempo más tendrán que esperar para recibir las casas. «Se nos acaba el tiempo y en año y medio tendremos que sacar nuestros muebles del almacén alquilado. A partir de ahí, tendremos que pagar. Esto no son formas de hacer las cosas», lamentó.

Según Augc, en estos momentos el proyecto está en manos de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse). Esta empresa pública se encargará de ejecutar las obras del acuartelamiento en una fecha aún por determinar. Ahora, esta entidad lleva en marcha una veintena de iniciativas similares en toda España. En su página web, donde se especifica cada una de ellas, no aparece el cuartel de Cartagena, según pudo comprobar este diario.

Quienes también tendrán que esperar para recuperar la antigua normalidad son los agentes que trabajaban en los diferentes servicios del acuartelamiento. El secretario provincial de Augc, Juan García Montalbán, reconoció que las dependencias provisionales que ocupan en otros sitios «están bien» por lo general. Pero que las del antiguo colegio Antonio Arévalo, donde están la jefatura y algunos servicios principales, está preparadas para aguantar un tiempo prudencial. «Si al final tienen que permanecer en ellas durante más años, las instalaciones se quedarán pequeñas y habrá que ampliarlas de alguna forma», señaló.

El nuevo cuartel, además de las viviendas, albergará todas las dependencias oficiales desplazadas y sus servicios correspondientes. También habrá una residencia para agentes que tengan que trasladarse a Cartagena por cuestiones laborales y para los hijos de los guardias que elijan la ciudad para estudiar en institutos o en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).