El decreto de zonas inundables de Cartagena retrasará proyectos residenciales como el Plan Rambla

Cientos de miles de metros cuadrados de suelo urbanizable, con proyectos de construcción de edificios de viviendas, de equipamientos y de zonas comerciales, afrontarán infinidad de sobrecostes, retrasos y burocracia si se confirma la aplicación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Este documento, conocido hace dos semanas, considera potencialmente inundables por lluvias y riadas los desarrollos del eje urbano situado entre San Antón, la rambla de Benipila y el casco histórico. El sector implicado incluye la Urbanización Mediterráneo, Nueva Cartagena y la rambla de Los Dolores. El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó ayer por unanimidad una moción conjunta del equipo de gobierno para evitar la afectación que todo esto tiene para nuevas promociones entre las que estarían dos terceras partes del Plan Rambla, así como las que hay en marcha en la zona de San Antón más cercana a la rotonda del colegio San Vicente de Paúl.

La iniciativa solicita a la CHS un ampliación hasta final de año del plazo de alegaciones que concluye el 7 de septiembre. El objetivo es presentar todos los argumentos que justifiquen que la mayor parte de las áreas consideradas inundables ya disponen de infraestructuras de almacenamiento y desagüe de pluviales que las mantendrán a salvo.

«Observamos que el documento de la CHS tiene muchas deficiencias. Primero, porque no incluye ni los interceptores de pluviales que hizo la empresa estatal Acuamed, ni el encauzamiento de la rambla de Canteras junto al antiguo Hospital Naval, ni la prolongación de la rambla Los Barreros hacia Santa Ana y el Camino del Sifón», explicó la vicealcaldesa y concejal de Urbanismo, Ana Belén Castejón. Añadió que esta normativa no contiene ninguna disposición que autorice a hacer una adaptación del Plan General de Ordenación Urbana y habrá que hacer informes caso por caso.

La Asociación de Promotores de la Región de Murcia ya mostró el pasado lunes su incertidumbre por el freno que esta normativa puede suponer para el desarrollo urbanístico en el centro y en barrios y diputaciones. La que agrupa a este sector a nivel local incidió ayer en las dificultades que generará. «Cualquier promotor ya tiene problemas por el plazo excesivo que hay que esperar para tramitar cualquier licencia en el Ayuntamiento. A esto se suma el tiempo necesario para recabar los permisos de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, si un proyecto está junto a un bien de interés cultural o tiene en la parcela restos arqueológicos. Lo de las zonas de flujo preferente es lo que nos faltaba», dijo el presidente de este colectivo Miguel Martínez.

La catalogación de un solar urbanizable como zona de flujos preferentes obliga a quien quiera pedir una licencia de obra nueva contratar un estudio detallado de un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. «Esto supone un retraso y un sobrecoste», advirtió Martínez.

En el caso del Plan Rambla, que es la promoción en ciernes más importante en el municipio con 1.670 viviendas, las zonas en las que es necesario presentar el informe de un ingeniero y obtener el visto bueno de la CHS se circunscriben a las parcelas que hay entre el colegio La Atalaya y el estadio Cartagonova. Son dos de los tres polígonos de ese plan parcial. Ninguno tiene licencia aún. Queda libre la zona del Palacio de Deportes, donde hay proyectado un edificio que espera licencia de obras desde hace 14 meses.

Por otro lado, los técnicos municipales y de los servicios de limpieza y parques y jardines volverán a utilizar el glifosato para eliminar malas hierbas, en cumplimiento de la iniciativa que el Pleno aprobó ayer. «En 2017 acordamos una moción para suprimir su utilización, pero hemos comprobado que esa limitación complica y hace más lentas y costosas, y menos efectivas las tareas destinadas a eliminar las matas», según subrayó el concejal de Vía Pública, Juan Pedro Torralba. «Lo usan la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Infraestructuras en las carretera y nosotros haremos lo mismo, con todo el cuidado necesario, en glorietas, medianas y otras zonas en las que no hay aglomeraciones de personas», añadió.

El equipo de gobierno aprovechó una propuesta de MC sobre la proliferación de vegetación silvestre para presentar una alternativa que permita usar este producto químico. Todos los ediles de MC se opusieron menos Enrique Pérez Abellán, que se abstuvo. El resto de partidos votaron a favor.

Durante la sesión, la concejal de Ciudad Sostenible, Cristina Mora, informó de que la Comunidad Autónoma ha descartado instalar nuevas estaciones de medición de la calidad del aire, con un veto especial para el Valle de Escombreras y el Puerto «porque está contraindicado en zonas industriales y de mucho tránsito de vehículos.

La ordenanza de tarifas del agua aprobada ayer incluye rebajas del 10% para el consumo en bares y restaurantes y del 20% para los hoteles. Entrarán en vigor a lo largo de este verano. El equipo de gobierno sacó adelante con su mayoría de votos esta reglamentación, que contó con el voto contrario de toda la oposición. Sus miembros cuestionaron la financiación de las inversiones, consideraron que hay gastos superfluos que no se justifican y argumentaron que si no existieran se podría bajar la cuota a los hogares.

La concejal de Hacienda, Esperanza Nieto, defendió que el Ayuntamiento tiene el deber de aprobar esta norma, tal y como ya han hecho otros municipios. «Contribuirá», dijo, «a ayudar a sectores muy afectados por la crisis sanitaria, al congelar la tarifa doméstica para pensionistas y familias numerosas que hoy pagan un 15% menos que hace diez años». «También deja igual la parte fija que abonan las industrias, que contribuirán más en función de su carga contaminante, para que reduzcan sus vertidos. Así contaremos con más recursos para el riego», añadió. «Todo se apoya en informes técnicos claros, pero ustedes hacen críticas políticas, en las que solo utilizan la información que les interesa», achacó a la oposición,

«Lo cierto es que la norma cargará a los cartageneros con el pago de 400.000 euros anuales para amortizar la inversión de 10 millones en obras de mejora de la red, entre otras cosas por la DANA. Y en términos generales sube la tarifa para justificar esa rebaja a hosteleros y hoteleros», indicó el edil de MC Jesús Giménez. «Incluyen ustedes 4 millones en depuración y dos millones de sobrecoste en salarios, para cumplir el convenio de sueldos de la empresa que cuesta más que el del sector», añadió.

«El coste de este servicio es escandaloso sin que el equipo de gobierno dé respuesta», subrayó la portavoz de Unidas Podemos, IU Verdes Equo, Leli García. Pidió que las industrias paguen más e indicó que ha detectado una subida de seis céntimos por metros cúbico en la tarifa doméstica, que cree que tendría que bajar.

Por último, el concejal Gonzalo Abad cuestionó «que se cargue al contrato y a todos los hogares con el pago de las obras de mejora, que tendría que pagar el Ayuntamiento».

El concejal de Seguridad, Juan Pedro Torralba, aseguró ayer que la Policía Local «hace todo el trabajo necesario» para mantener el orden público en la medida de sus competencias. Esgrimió como prueba la inversión de casi 800.000 euros y la incorporación de 55 agentes, en 2019, a los que se unirán 55 más en 2023. Y consiguió la aprobación de una moción que apoye una mayor colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil y la implantación de patrullas de barrio.

«Me fastidia que se achaque a los agentes todo lo malo que pasa en el municipio, cuando no es así. Se les culpa de las oleadas de robos solo para sacar rédito político», subrayó Torralba, en referencia a las mociones presentadas por MC y Vox. Ambos partidos pidieron más promociones de nuevos agentes para cubrir servicios y dotaciones de cuarteles que consideran muy mermados.

«Todos los agentes tienen chaleco antibalas, gracias a la inversión de 145.000 euros. También hemos empleado otros 486.000 en seis coches patrulla, seis motos y dos furgones. Y en pocas semanas inauguraremos el nuevo cuartel de Pozo Estrecho, construido con un gasto de 385.000», indicó Torralba. «Será dinero desperdiciado si no tienen agentes para que funcione, como pasa en El Algar y Cabo de Palos», indicó Pilar García, de Vox. «Pese a la entrada de nuevos efectivos, su número baja por las jubilaciones. Y ante eso, las horas extra son un remedio que no nos gusta, pero que no hay más remedio que aplicar», según Jesús Giménez, de MC.

Los lugares para el baño asistido de personas con movilidad reducida en playas comenzarán a funcionar el 14 de julio. La concejal de Servicios Sociales, Mercedes García, confirmó que abrirán los tres que funcionaban en 2019 en Playa Honda, Puerto Bello (La Manga) y San Ginés (La Azohía). Ayer aceptó la petición de MC de estudiar su implantación en El Portús y en La Manga.

Una iniciativa de Unidas Podemos llevó al equipo de gobierno a votar a favor de iniciar los trámites para buscar un solar en el que levantar un local social en el Polígono Residencial Santa Ana. «Asistieron ustedes a la inauguración de una nueva iglesia; bien está que tengan también un centro vecinal», indicó la edil Aroha Nicolás.

La propuesta para nombrar Hijo Predilecto de Cartagena al guitarrista Antonio Piñana Calderón salió adelante con los votos a favor de los ediles del gobierno, Unidas Podemos y Gonzalo Abad, y la abstención de MC Cartagena y Pilar García del Grupo Mixto. En la propuesta de IU, integrada en Podemos, se resaltó el talento y la trayectoria del artista, padre del edil del PP Carlos Piñana.

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