Medio Ambiente empieza a medir la calidad del aire en el distrito del Beal

La campaña de medición de la calidad del aire en el distrito cartagenero del Beal, afectado por la presencia de numerosos depósitos mineros sin clausurar, empezará esta semana, tras el retraso acumulado este otoño por las exigencias planteadas por el Gobierno local, del PSOE, a la Comunidad Autónoma. Las limitaciones de las autoridades locales a la hora de permitir la instalación de un aparato de captación de partículas en el interior del colegio público de Llano del Beal, y en concreto en la terraza de la vivienda de la conserje, han forzado a la Consejería de Medio Ambiente a montar el aparato en la calle. Otro está junto al depósito de aguas de Hidrogea y en el local de la asociación vecinal de Estrecho de San Ginés.

El director general de Medio Ambiente y Mar Menor, Antonio Luengo, visitó ayer esta estación medidora, ubicada junto a la valla de la escuela San Ginés de la Jara. Allí, anunció que durante los próximos quince días técnicos de su departamento y de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) realizarán una campaña específica para monitorizar y vigilar la dispersión de polvo con metales pesados desde terreras situadas junto a los pueblos.

El Ayuntamiento puso a disposición de Medio Ambiente el colegio, pero a continuación le advirtió de que «el único punto existente» del centro «que reúne las condiciones adecuadas para instalar el equipo es la terraza de la vivienda de la conserje del colegio». Y añadió que «tanto para instalar el equipo, como para recoger las muestras, dos veces por semana, es necesario atravesar dicha vivienda, ya que al acceso a la terraza se realiza desde su interior». En consecuencia, «en caso de instalarse, debería garantizarse que los ruidos y vibraciones generados por el equipo no producen molestias en la vivienda de la conserje».

La presidenta de la Junta Municipal Vecinal del Llano, Carmen Soto, del PSOE, que vive en dicha casa junto a su hija, que es la conserje del centro, aseguró a 'La Verdad' que la Comunidad ha querido ahorrarse el coste del seguro obligatorio para los operarios que debían acceder al tejado, algo desmentido por Medio Ambiente. Soto afirmó que en esta polémica no hay motivaciones políticas, y añadió que tanto su hija como ella se mostraron dispuestas a aceptar las molestias asociadas al trasiego de los técnicos por el inmueble, si no había otra opción a la hora de medir el polvo que llega al centro desde un terreno situado a pocos metros.

Soto reiteró que actúa en defensa de los intereses generales de los ciudadanos, y puso como ejemplo que, hace unos años -después del traslado de la balsa Jenny a la corta Los Blancos-, la Comunidad tuvo una estación medidora en su casa.

En todo caso, Carmen Soto -quien ayer acompañó a Luengo- señaló que las decisiones las ha adoptado la concejal de Educación, Mercedes García. Fuentes del equipo de gobierno insistieron en la falta de garantías sobre el nivel de ruido y la seguridad de los operarios. MC pedirá explicaciones en el Pleno de este jueves.

El terreno del que sale la tierra es propiedad del Ayuntamiento y de Portmán Golf. Y, según la Consejería, no han atendido los requerimientos de restauración ambiental de la zona. El Consistorio y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) -que no dieron información a este periódico- tampoco han contestado a la solicitud de retirada de tubos y escombros junto a la rambla de Mendoza, enviada en agosto.

La Plataforma de Afectados por los Metales Pesados de la Sierra Minera siguen reclamando al Ejecutivo local la instalación de una pantalla antipolvo y la construcción de una red de recogida de aguas pluviales.