Diego Ortega: «El Plan General de Ordenación Urbana protegerá siete de cada diez hectáreas»

–¿En qué punto está la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)?

–Los servicios municipales están evaluando el documento técnico, complejo y extenso, que hemos recibido por parte de la consultora. Vamos a encargar ya el primer informe preceptivo a Costas para la aprobación inicial. Y como ya ha explicado la alcaldesa, el plazo que barajamos es el primer trimestre de 2024. Después vendrán las fases de alegaciones y los informes sectoriales hasta la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Urbana.

–¿Confía en que pueda ver la luz en esta legislatura o teme que las alegaciones lo retrasen más?

–Espero que salga en estos cuatro años. Aunque dependerá en un gran porcentaje de las alegaciones que se formulen y de los informes sectoriales necesarios que hay que solicitar a las diferentes administraciones y organismos públicos.

–¿Hay grandes proyectos paralizados por la falta de un Plan actualizado?

–No. Hay proyectos a la espera de contar con un documento definitivo. Es una herramienta de planeamiento que concede seguridad jurídica tanto a la Administración como a los promotores. Estos nos han transmitido que no es razonable que Cartagena tenga un Plan de 1987.

–Uno de los que no termina de arrancar y de los más criticados por la oposición es el Plan Rambla de Tomás Olivo, ¿por qué no avanza la construcción del residencial?

–Este promotor tiene la licencia desde hace un año para hacer un edificio en la esquina del Palacio de los Deportes. Lo que nos transmite es que va a iniciar la obra de forma inminente. Porqué lo tiene paralizado o no, la respuesta la tiene que dar él. El Ayuntamiento puede agilizar con más recursos humanos el tiempo medio de la concesión de la licencia, pero una vez concedida es el promotor quien decide cuándo inicia la obra. La normativa establece unos tiempos en los que si no se construye la licencia se puede revocar, pero no estamos en esos supuestos.

– La alcaldesa prometió el blindaje de la zona oeste ante la amenaza de futuras explotaciones mineras ampliando la protección ambiental. Por sus condiciones especiales, ¿qué otras zonas prevé proteger el PGOU?

–El nuevo Plan General protege siete de cada diez hectáreas, lo restringe en usos, como los extractivos de la zona oeste con ese proyecto de Cemex. Aunque, como dijimos, no existía tal amenaza porque el uso ya estaba prohibido. Si bien es cierto que los permisos de catas no requieren de licencia de ningún tipo porque son de ámbito académico. Protege todo lo que son espacios naturales, zonas de trasvase y regadío y las obras que se hicieron hace años de la cota 120 para traer agua al Campo de Cartagena. Es un Plan muy respetuoso con el medio ambiente y en el que se mantienen los desarrollos tradicionales ya permitidos, a excepción de los del Mar Menor Sur.

–¿Se esperan otros cambios de calificación a los ya comprometidos que entierren nuevos residenciales?

–No. El compromiso de la alcaldesa de calificar como no edificables los desarrollos urbanísticos de la ribera sur del Mar Menor: Novo Carthago, El Vivero de La Manga y La Loma de Mar de Cristal, ha sido trasladado al planteamiento inicial. Esto no significa que Cartagena no apueste por aumentar su parque de vivienda, que es necesario, sino que la presión en ciertas zonas del municipio debe bajar porque la situación ha cambiado desde que se proyectaron estas urbanizaciones.

–¿Los técnicos de Urbanismo han notificado ya a los dueños de las parcelas vacías del centro la obligación de construir en las que tengan la consideración de solar, en virtud de la Ley de Suelo?

–Hay más de 200 parcelas privadas y alguna pública en el casco histórico. Lo que estamos haciendo para agilizar las notificaciones es reforzar la estructura de gestión urbanística dentro de la Concejalía, con personas que puedan hacerle el seguimiento a estas parcelas. Muchas veces nos llega que algunos propietarios lo que están esperando es la aprobación del Plan General para tener esa seguridad jurídica y saber que no van a encontrar ninguna sorpresa en el trámite administrativo que se siga para poder construir. La limpieza de las parcelas se realiza directamente desde la Concejalía de Sanidad.

–¿Qué salida prevén para estos solares? ¿Darán facilidades y/o incentivos para su edificación?

–Ya hay incentivos por contratación de personal y por generación de empleo para la construcción en el casco. Dentro del Plan General también estamos trabajando con los técnicos para añadir más medidas de fomento del desarrollo de esas parcelas. En Cartagena una de las grandes preocupaciones es la conservación del Patrimonio Arqueológico presente en muchas parcelas del casco histórico. Esto hace que los promotores sean reacios a construir porque se les exige toda la legislación aplicable desde Patrimonio de la Comunidad y del Ayuntamiento para la conservación de estos restos. Con la aprobación definitiva del Plan los promotores tendrán un documento seguro, no del año 87 ni normas transitorias, para poder construir en esas parcelas según los usos aplicables.

–¿Cuál es la situación del vertedero municipal?

–Hay un vaso que se debe sellar para el que se ha pedido la financiación de 7,5 millones de euros. Ya tenemos un proyecto actualizado y nuestra intención es que, conforme tengamos la financiación adecuada, podamos licitarlo. Es una obligación legal que tiene el Ayuntamiento de Cartagena por tener un vertedero y una planta de tratamiento, que cuando se llena hay que sellarlo. Hay municipios que no tienen vertedero y pagan el transporte y el vertido de la basura de sus municipios en otros.

–¿Por qué no realiza esta labor la empresa Lhicarsa?

–Antes se hacía mediante encargo a Lhicarsa, pero el Tribunal de Cuentas nos recomendó en su informe que no siguiéramos esta práctica. Por ello, hemos tenido que dotarlo económicamente y recurriremos, en su momento, a una licitación pública. Además, estamos buscando más espacio en el vertedero para garantizar la viabilidad de colocar la basura del municipio hasta 2030, año en que finaliza el contrato con esta concesionaria.

–De los préstamos que solicitará el Ayuntamiento, 1,8 millones de euros irán destinados al déficit generado por el transporte público. ¿Es rentable este servicio? ¿Tiene usuarios?

–Desde el punto de vista económico, no, pero desde el social, evidentemente sí. Además, fomenta la movilidad sostenible, la reducción de emisiones de CO2 y el tráfico. Hay más usuarios del transporte público a fecha de hoy porque con los precios a los que está es mucho más accesible, además de las mejoras de refuerzo introducidas en ciertas líneas. El 28 de diciembre del año pasado nos encontramos con un Real Decreto en el que se nos decía que o el Ayuntamiento aplicaba una bonificación en las tarifas o el Gobierno estatal no abonaría el 30%. Decidimos bonificar en la misma cantidad que el Gobierno de España, por lo que las tarifas están rebajadas en un 60%, y de ahí viene ese déficit en este servicio de 1,8 millones de euros.

–¿Cómo van a aplicar la gratuidad anunciada por el Ejecutivo central en jóvenes, desempleados y menores de edad?

–No lo sabemos porque no tenemos información, como suele ser habitual. La Concejalía de Infraestructuras inició una asistencia técnica para estudiar los tráficos, los flujos y las cargas de cada línea de transporte, puesto que hay algunas que son muy deficitarias, y alguna rentable económicamente. Pero no queremos hacer grandes modificaciones hasta que no nos digan desde el Gobierno de España si es otro «yo invito, tú pagas», o si nos van a dar un suplemento en los impuestos, si va a ser un acuerdo entre el Gobierno de España y la empresa concesionaria del servicio o cómo lo van a hacer. Lo único que tenemos es esa promesa de investidura.

–El contrato de jardines ha estado bloqueado mucho tiempo, ¿qué ha resuelto el Tribunal de Recursos Contractuales (TARC)?

–Está dividido en cuatro lotes. El primero, todo menos el litoral; el segundo, el litoral; el tercero, reservado a centros especiales de empleo para el vivero; y el cuarto, mantenimiento de juegos infantiles. El primero que se adjudicó fue el tercero y ya han sido desbloqueados el uno y el cuatro, que entrarán en vigor en enero. Sobre el lote dos, el Tribunal de Recursos Contractuales (TARC) ordena que lo volvamos a licitar. Nuestra previsión es paliar la situación en el litoral con contratos de menor cuantía hasta que seamos capaces de adjudicar este lote.