Contenedores de Cartagena sin control municipal recogen medio millón de kilos de ropa usada cada año

Al menos la mitad de los 105 contenedores en que los ciudadanos depositan cada año medio millón de kilos de ropa usada funcionan al margen del control municipal. Proyecto Abraham, la Asociación Reutilizados y Reciclados del Sureste y Cáritas se ocupan de recoger y distribuir gran parte de lo recopilado entre personas sin recursos, pero hay una parte que acaba en circuitos de venta de segunda mano e incluso en plantas de reciclaje, con la consiguiente generación de ingresos. El Ayuntamiento informó a LA VERDAD de que, en su último recuento, ya le constan todos los depósitos existentes, pero aún no ha regularizado su actividad. La razón es que no existe una normativa unificada y que desde hace tres años la legislación ha experimentado varios cambios a los que todavía no se ha adaptado.

Proyecto Abraham se encarga de esta actividad desde 2012, en virtud de un convenio singular que le permitió colocar 25 contenedores y que se vio ampliado con otros 25 en 2014. Otro acuerdo similar de esa época, permite a la Asociación de Reutilizados y Reciclados del Sureste tener otros tantos. Todos son depósitos financiados con fondos europeos y proporcionados por la Comunidad Autónoma. Cáritas gestiona parte de estos últimos, aunque ha iniciado la colocación de unos contenedores de un vistoso color rojo con su nombre.

El desconocimiento o la falta de rigor municipal en el control de estos contenedores quedó de manifiesto en el Pleno Municipal del 3 de octubre de 2018, cuando la concejal de Asuntos Sociales, Carmen Martín del Amor, cifró en 50 los depósitos de ropa legalizados. La advertencia de la oposición de que eran más de cien no obtuvo respuesta. Fue su antecesor en el cargo, Francisco Calderón, de MC, quien le dio el dato en aquella sesión. «Ese concejal lo sabía bien, porque a finales de 2015 tuvimos una reunión con él, en la que ya quedó claro que había una serie de contenedores, no los nuestros, que habían sido colocados sin previo aviso en los últimos días del mandato de Pilar Barreiro», explicó Toñi Vilariño, de Proyecto Abraham. «Lo que no sabemos es por qué Carmen Martín dijo que había solo la mitad», añadió.

La ropa recogida ha ido en aumento en los últimos años, al menos en los contenedores de Proyecto Abraham. En 2019, último balance oficial, se hizo con 287.000 kilos de prendas, con un incremento de más del 10% respecto al año anterior.

Vilariño aseguró que su actividad pasa por dos auditorías, una económica y otra social, y que esta última tiene el aval de la Asociación de Recuperadores de la Economía Social y Solidaria. Por eso, a su juicio, la falta de control municipal no supone que se esté cometiendo ninguna irregularidad. «Informamos de la cantidad total recogida cada año», subrayó.

Sin embargo, luego no hay un control municipal de dónde va. «En nuestro caso, la ropa se clasifica por calidad y según las posibilidades de recuperación. La que está mejor la ponemos en manos de nuestro ropero regional, con reparto gratuito para los más desfavorecidos. Otros artículos van a nuestras dos tiendas en Caravaca y Murcia», explicó.

La Asociación de Reutilizados y Reciclados del Sureste recoge una media de 180.000 kilos anuales, bastante menos de lo que consigue Proyecto Abraham con un número similar de depósitos. «El 25% de las prendas están en buen estado y las ponemos en manos de Cáritas. El resto va a plantas de reciclado, porque no son aprovechables como ropa, pero pueden ser transformadas en otras cosas, como la tapicería interior de la carrocería de un coche, por ejemplo», aseguró su responsable, Juan Manuel Teban Carrillo. A su cargo hay doce trabajadores que se ocupan de la labor de recogida y de llevar lo que no quiere Cáritas al circuito de reciclaje. Sin embargo, desde marzo del año pasado, ha habido un parón que mantiene gran cantidad de ropa bloqueada, indicó.

La institución benéfica dispone también de un pequeño número de contenedores propios que ha comenzado a renovar este año. En su mayoría están en las inmediaciones o incluso integrados en sus instalaciones parroquiales. «Nos han autorizado a cambiarlos por otros que son más visibles, pero no podemos poner ninguno nuevo», explicó la presidenta de Cáritas Cartagena, Petri García. La institución benéfica también da salida a lo que obtiene en las donaciones a personas desfavorecidas, aunque hay parte que se vende en economatos y otra inservible que también va a parar al reciclaje.

En las áreas de Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento intentan hincarle el diente, desde hace un año, a los cambios normativos que la gestión de residuos ha sufrido desde 2015, para aplicarlos al fraccionado panorama de los gestores de ropa en el municipio. Primero llegaron las leyes de procedimiento administrativo que impiden mantener los convenios singulares consolidados en 2015. Es obligatorio sacarlo a contratación por medio de un concurso que permita la libre concurrencia. Y aunque se haga por lotes, es necesario que los pliegos recojan de forma exhaustiva las condiciones del servicio, incluida la ubicación de todos los depósitos, el número de personas que prestan servicio para el adjudicatario y su régimen laboral, el montante económico de la actividad y el destino de los restos textiles que se obtengan. «Queremos que se conserve el carácter social de este servicio, pero con una cobertura técnica y jurídica de los deberes y los derechos del operador», apuntó la edil de Contratación y Patrimonio, María Amoraga.

En el horizonte está además la directiva europea que entrará en vigor en 2025 y que establece que el Ayuntamiento no puede delegar la gestión del servicio y debe administrarlo directamente. Así que el contrato que hay que preparar ahora tendrá que establecer una fórmula puente para el procedimiento de aplicación en cuatro años.