El Consejo Jurídico pide más documentos para pronunciarse sobre las posibles incompatibilidades de López

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), máximo órgano consultivo de la administración, no podrá pronunciarse sobre la posible incompatibilidad en la que habría incurrido el exalcalde de Cartagena, concejal en funciones y candidato más votado en las elecciones municipales del 26-M, José López hasta, que el Ayuntamiento le remita una serie de documentos que considera necesarios para abordar el asunto con mayor conocimiento de causa. López podría tener que devolver unos 125.000 euros cobrados en su etapa de alcalde, de junio de 2015 a junio de 2017.

En un dictamen, el CJRM responde así a la consulta que la actual alcaldesa en funciones de la ciudad portuaria, Belén Castejón, le hizo para conocer el criterio de este órgano en torno al tema, que es objeto de polémica en los últimos meses y que se concreta en determinar si López puede haber incumplido la ley de incompatibilidades al simultanear su cargo público con su actividad privada.

En su consulta, Castejón informó a este órgano consultivo que había decidido acudir al mismo para disipar las dudas existentes sobre el particular, ya que los informes incorporados al expediente incoado en el Ayuntamiento llegaban a conclusiones dispares.

Así, indicaba, mientras que los emitidos por la dirección general de Administración Local de la Comunidad Autónoma y por la asesoría jurídica del consistorio concluían que se había vulnerado la normativa sobre incompatibilidades, el de la secretaría general municipal indicaba lo contrario.

Según el dictamen de esta última, López ya gozaba de una autorización emitida en 2011, cuando era entonces concejal, que consideraba podía considerarse vigente, además de exponer que sus actividades privadas eran marginales y no remuneradas.

En respuesta a la consulta de Castejón, el CJRM dice que para poder emitir el informe reclamada necesita que se le envíe el expediente administrativo en su integridad, además de cierta información complementaria. Y comenta que pronunciarse sin tener a la vista todo el expediente no dejaría de ser «hacer meras disquisiciones teóricas acerca del régimen jurídico aplicable».

Por todo ello, considera que debe formar parte del expediente lo relativo a si se le dio trámite de audiencia a López y, en su caso, conocer las alegaciones que este pudo hacer al mismo. También afirma que se debe determinar con mayor precisión la actividad privada que desempeña en una empresa de venta de café, té y sucedáneos, para conocer su naturaleza, alcance y dedicación a la misma. También echa en falta la copia auténtica de la compatibilidad concedida en 2011,cuando era entonces concejal, y analizar si la misma serviría para sus posteriores ocupaciones públicas.

Con toda esa documentación en la mano, se podrá analizar, además, si existe un conflicto de intereses entre la actividad pública del exalcalde y su actividad privada.