La Comunidad admite que no puede forzar la limpieza de balsas mineras

Cinco meses después de que el consejero de Medio Ambiente, Javier Celdrán, presentó ante el Consejo de Gobierno de la Comunidad un avance del Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam) en Cartagena, La Unión y Mazarrón, el director general del Mar Menor y Medio Ambiente, Antonio Luengo, admitió ayer en la Asamblea Regional que la administración autonómica carece de una normativa para obligar a los propietarios de los terrenos a descontaminarlos.

El borrador del Prasam -cuya urgente aplicación ha sido exigida por la oposición política, por colectivos vecinales y por instituciones como el parlamento y el Ayuntamiento de Cartagena- prevé una inversión público-privada de 84,8 millones de euros en diez años. La oposición teme que, al final, todos los costes sean cargados al erario público.

Durante una comparecencia en la Asamblea, Luengo reconoció este miércoles en la Asamblea Regional que es necesario aprobar un nuevo «marco normativo» que permita tener herramientas para que los explotadores y propietarios de terrenos paguen los costes del sellado y la restauración ambiental, y que «nadie pueda eludir responsabilidades».

Luengo defendió las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo, pero reconoció que «no se están haciendo con la máxima celeridad», y lo a la complejidad de la situación. «Nos encantaría poder ser mucho más contundentes para pedir que descontaminen, pero no se puede hacer cumplir la ley si no hay un marco normativo que lo ampare», dijo Luengo en la ponencia sobre la problemática socioambiental de la Sierra Minera.

Luengo apuntó que es importante aprobar esa nueva normativa, para evitar que los propietarios de los terrenos tengan un «resquicio» que les permita no correr con el gasto de descontaminación de los metales pesados. Asimismo, este representante del Gobierno regional, del PP, recordó que siguen vigentes las concesiones de explotación minera y que las parcelas están catalogadas como suelos de uso minero y no como suelos contaminados.

Asimismo, el alto cargo remarcó que el Prasam es una «hoja de ruta», para intentar «alinear» a todas las administraciones en la recuperación de la zona. Se trata de aplicar 30 medidas, la mitad de las cuales implican a su departamento.

Respecto al borrador del Prasam, Luengo ve necesario ahondar en los estudios científicos, para «que se puedan tomar decisiones de manera responsable», como evaluar los flujos de níquel, cobre, zinc, arsénico, cadmio y plomo. A su juicio, «lo ideal» sería conocer el tipo de uso que hay que darle a las zonas colindantes de los pueblos y establecer zonas verdes, capaces de retener la distribución de metales pesados del suelo.

Luengo enumeró que su sección va a recopilar y actualizar los estudios científicos, evaluar el flujo de metales pesados hacia el Mar Menor y licitar un análisis sobre la presencia de metales pesados en el aire en pueblos como Llano del Beal. El presupuesto de este estudio aumentará desde 135.000 euros a un millón de euros, para extender los periodos y las zonas de investigación. Los vecinos pidieron hacer mediciones todo el año. La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) inició la evaluación en noviembre en el Llano.

En el parlamento, los tres grupos de la oposición lanzaron duras críticas al director general, y por extensión a la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Javier Celdrán, por haber generado expectativas de regeneración ambiental no respaldadas aún por un calendario de inversiones ni tampoco a nivel legal.

El diputado del PSOE Antonio Guillamón denunció que la sociedad está «cansada» de que la Comunidad elabore un documento motivado por la «presión ciudadana», pero que luego no este se ejecute.

El parlamentario de Podemos Andrés Pedreño calificó el Prasam de un «auténtico fiasco y una milonga», porque no tiene la «fuerza jurídica» para obligar a los propietarios a pagar la descontaminación. Y Luis Fernández, de Ciudadanos, exigió a Luengo que «se ponga las pilas» y empiece a acometer actuaciones, pues la Ley de Presupuestos de la Comunidad prevén para este año una inversión de 4 millones de euros. En el PP, Víctor Martínez-Carrasco señaló que el Gobierno regional está dando los «pasos correctos» con «responsabilidad y rigor científico».