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Arroyo y Castejón, ayer, con vecinos en Llano del Beal. P. SÁNCHEZ / AGM

Comunidad y Adif frenan en el Llano la eliminación de los vertidos mineros

El Ayuntamiento inicia la red de pluviales prometida a mediados de 2020 y sigue pendiente de dos permisos para sellar una parcela frente al colegio

Martes, 19 de abril 2022, 00:58

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, visitaron ayer en Llano del Beal las obras del interceptor de pluviales, que realiza el Ayuntamiento con cargo al superávit de la empresa municipal de aguas, Hidrogea. La red, que prometieron en el verano de 2020 a los vecinos, evitará inundaciones y el arrastre de residuos mineros hacia las calles.

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Al margen de la canalización de estas escorrentías hacia la rambla de Mendoza, la regidora aseguró que el Ayuntamiento está en contacto con el Gobierno regional para «solucionar el problema del origen de los vertidos», que ponen en riesgo la salud de los vecinos y llegan al Mar Menor.

Esa tarea incluye, entre otras cosas, el sellado y la restauración ambiental definitiva de la Balsa Jenny, propiedad de la Comunidad Autónoma; de la Balsa San Agustín, mitad del Ayuntamiento de Cartagena y mitad de la empresa Portmán Golf; y de una parcela situada en pleno centro del pueblo, de la que salen aguas rojas ácidas cargadas de metales pesados, como ocurrió días atrás.

«Estamos en contacto con la Comunidad Autónoma, que conoce nuestras obras del interceptor», afirmó Arroyo. Y confirmó que, cerca de dos años después de haber anunciado el proyecto, el Consistorio aún no ha recibido la autorización de la Dirección General de Medio Ambiente para empezar la descontaminación de la Balsa San Agustín, frente al colegio público San Ginés de la Jara.

A la escuela y al Mar Menor

Inicialmente, dijo por error que faltaba un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), cuyo permiso llegó en noviembre y Arroyo atribuyó a su «presión». No ha llegado el visto bueno del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), del Ministerio de Transportes, para realizar unas obras que impidan la dispersión de partículas contaminantes por la lluvia y el viento.

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Sobre el interceptor, que cuesta unos 300.000 euros, Arroyo señaló que el Consistorio ha asumido propuestas de los vecinos, como hizo en el barrio de La Concepción.

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