El Ayuntamiento de Cartagena reclama 15 millones en impuestos a varios organismos estatales
Otra sentencia avala cobrar el IBI de edificios no ligados en exclusiva a la defensa nacional, como las instalaciones del astillero de Navantia
La deuda acumulada por el Ministerio de Defensa respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se sitúa ya en diez millones de euros y la ... de la empresa pública Navantia, adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a un millón. Esa cantidad conjunta de 11 millones destaca entre los 23 incluidos por el Ayuntamiento de Cartagena como créditos de dudoso cobro en su liquidación económica del año pasado.
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El Ayuntamiento dispone del apoyo de los tribunales para tratar de reducir en todo lo posible ese 'agujero' mediante el cobro del dinero que, según fuentes del área municipal de Hacienda, «es importante pero asumible dentro del presupuesto anual» de 213 millones en este 2020.
Al menos de forma provisional, el Consistorio ha visto avalado de nuevo mediante sentencias su criterio de cobrar la llamada 'recaudación' por aquellos edificios que no estén vinculados de forma incontestable o exclusiva a la defensa nacional. Y aunque, según las fuentes consultadas, la Justicia debe aún resolver una quincena de recursos ante diversas instancias presentados por Defensa y por Navantia, el área municipal de Hacienda sigue tramitando los expedientes de cobro. Y eso incluye los correspondientes intereses de demora.
El municipio planteó a Defensa saldar su deuda entregando la Factoría de la Armada, para hacer allí la Ciudad de la Justicia
El listado incluye no solo inmuebles de Defensa como la Factoría de Subsistencias de la Armada, en la avenida Reina Victoria, y el edificio de Servicios Generales de la Armada, situado en la calle Muralla del Mar, sino también el astillero y la Fábrica de Motores de Navantia.
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La titularidad de este complejo industrial sigue en manos de Defensa pero, como el uso de la parcela corresponde a Navantia y esta sociedad estatal lleva a cabo en ellas actividades mercantiles distintas a las de la defensa nacional, el Ayuntamiento giró el recibo del IBI en 2016. El importe fue de 269.499,69 euros.
La antigua Bazán recurrió esta decisión municipal, adoptada mediante el Organismo de Gestión Tributaria, primero ante el Consejo Económico Administrativo y luego ante el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo. En junio de 2019, este último órgano desestimó el recurso.
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Para perjuicio del Ayuntamiento, cuyo déficit de ingresos se une a gastos millonarios como las indemnizaciones por temas urbanísticos, la 'bola' de la morosidad estatal crece sin freno.
Aluvión de recursos
En ella están los 4 millones de euros del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que reclama a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) por unos terrenos en el polígono de Los Camachos. También en este caso el Gobierno central (Sepes pertenece al Ministerio de Fomento) ha judicializado el asunto.
Respecto a Defensa, el gobierno local planteó al Ministerio compensar parte de su deuda con la venta a Cartagena de la Factoría de Subsistencias de la Armada. El municipio cedería luego al Ministerio de Justicia ese edificio, valorado en 7 millones, para que construya en su lugar la ansiada Ciudad de la Justicia.
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