El Ayuntamiento de Cartagena estudia cómo reducir el ruido de varias calles del Ensanche vinculado a las terrazas

La corporación municipal infringió, en concreto, en esta «zona urbana» las previsiones relacionadas con el artículo 25 de la Ley 37/2003 del Ruido. Éste determina que «las áreas acústicas en las que se incumplan los objetivos aplicables de calidad acústica, aun observándose por los emisores acústicos los valores límite aplicables, serán declaradas zonas de protección acústica especial por la Administración pública competente».

Aunque el informe del Tribunal de Cuentas se refiere al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018, el Ayuntamiento aún no ha corregido este déficit. Y ello a pesar de que la institución evaluadora le sacó los colores como uno de los consistorios españoles de más de 100.000 habitantes (el municipio cartagenero tiene unos 215.000) donde «resultó muy ineficiente la dotación de puntos o estaciones de medición acústica». De hecho, Cartagena «no disponía de ninguno de estos instrumentos necesarios para evaluar la contaminación acústica».

El Ayuntamiento realizó una zonificación de su territorio, dividiéndolo según el uso predominante del suelo antes de octubre de 2012, como marcó un Real Decreto. Pero no adoptó acciones exclusivas para el entorno del Ensanche. Curiosamente, Cartagena disponía ya en el periodo analizado de un Mapa de Ruidos, de un plan de acción y de «memorias y otros documentos» que permitían «medir y valorar los resultados de la aplicación» de ese plan. Sin embargo, falló al abordar la reducción de los límites de ruido en Príncipe de Asturias, Jiménez de la Espada y Pintor Balaca.

A preguntas de LA VERDAD, en relación con el informe del Tribunal de Cuentas fuentes del equipo de gobierno municipal indicaron que «quien generaba la superación de niveles que justificaba la creación de una zona de protección acústica especial en esas calles era la actividad hostelera». Y añadieron que en Príncipe de Asturias, Pintor Balaca y Jiménez de la Espada «este último año» la actividad «ha cesado por el cierre hostelero y el toque de queda» vinculados a la pandemia.

«Una vez que se reanude la actividad, se evaluará qué hacer y cómo hacerlo. Ya sea por medio de esta fórmula [la declaración de zona de protección especial acústica], o bien a través de mediciones directas», anunciaron en la Concejalía de Desarrollo Sostenible, que dirige Cristina Mora. Y recordaron que «la nueva ordenanza de ruidos contempla ya medidas indirectas para evitar concentraciones» de negocios que hagan superar los niveles de emisiones acústicas.

Asimismo, Medio Ambiente indicó que «el mapa de ruidos solo recoge lo referente al que emiten vías de comunicación, como carreteras, líneas ferroviarias o portuarias, no lo referente a hostelería», por lo que excluye «las zonas de alta intensidad».

Asimismo, en la concejalía, que gestiona la citada concejal del PP, señalaron que el informe «se refiere al año 2018» y que «este gobierno comenzó su andadura en junio de 2019». Se refirieron, con esto último, al Ejecutivo de coalición formado por populares, Cs y los exconcejales del PSOE, un gabinete liderado desde la alcaldía, como en la legislatura pasada, por Ana Belén Castejón.

Las fuentes consultadas destacaron que se está «implementando la ordenanza de ruidos». y que se ha efectuado la «incorporación de dos estaciones medidoras de ruido más». Están en la Plaza San Francisco y el Paseo Alfonso XII. Sobre la carencia de actividades de inspección y control de ruido detectada por el Tribunal de Cuentas, dijeron que «se vienen realizando controles a actividades de manera periódica».

Añadieron que «se está elaborando un plan de inspección ambiental municipal de actividades, que incluye el control del ruido». Por último, acerca de la ausencia de una evaluación del ruido generado por las actividades de la propia administración local, anunciaron que «se está trabajando entre todas concejalías en una calendarización de eventos para su control acústico».