La Asamblea pide mantener los análisis de metales en los pueblos de la Sierra Minera

El principio de acuerdo sobre la restauración la Sierra Minera de Cartagena y La Unión alcanzado en la Asamblea Regional incluye proponer a la Consejería de Salud que dé continuidad al programa de análisis de metales pesados entre la población de la zona. Los cuatro grupos políticos -PP, Cs, PSOE y Podemos- reclaman, que después de treinta años de pasividad, las administraciones públicas cumplan con su deber de dar prioridad a la protección de los vecinos, para «garantizar el derecho a la salud». En este marco, los diputados consideran «fundamental la continuidad del Plan Centinela y su dotación de recursos, en cuanto programa de vigilancia sanitaria protocolizado y realizado por los médicos y el personal sanitario del área de salud» de Cartagena.

Los partidos aluden así al plan que puso en marcha la Consejería de Salud, para que cualquier persona pudiera solicitar en su centro de salud un chequeo sobre la posible transferencia de metales pesados a su organismo. Hasta febrero, los médicos estudiaron a 182 voluntarios, residentes en Llano del Beal, Portmán, La Unión y otras poblaciones cercanas como El Algar. En diez casos, los valores de plomo en sangre eran iguales o mayores a 5 microgramos por decilitro, el índice de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para adoptar medidas preventivas. Tres eran niños y otros tres ancianos. También había una mujer embarazada.

El plan Centinela ha sido complementado por Salud con el estudio epidemiológico Emblema, realizado a 189 unidades familiares de la Sierra Minera y 175 de zonas no mineras para detectar el volumen de plomo, cadmio y arsénico. Diecisiete familias han sido puestas bajo vigilancia. Cuatro niños y cuatro madres presentaron más de 5 microgramos de plomo por decilitro de sangre; y otros diez niños tenían más de 3,5 y menos de 5. Falta conocer los análisis de arsénico.

Fuentes de la Consejería recordaron que la ley prohíbe realizar exámenes sanitarios sin consentimiento del paciente. En el caso de los menores, el permiso debe ser concedido por los padres o tutores legales.

El borrador del dictamen final de la Ponencia sobre la problemática socioambiental de la Sierra Minera, que será debatido este martes y aprobado previsiblemente por el Pleno pasado mañana, calcula que en la Sierra hay 2.351 depósitos, con una superficie de cerca de 9 kilómetros cuadrados y casi 200 millones de metros cúbicos de residuos; y que los residuos peligrosos están distribuidos en escombreras y en 89 balsas, con 22,9 millones de metros cúbicos.

Por eso, la Asamblea ve «urgente» que la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Medio Ambiente, adopte las medidas oportunas para «cubrir con materiales inertes los residuos» de terreras, minas y suelos contaminados, «en tanto que se adopta la solución final» respecto a su restauración. Eso incluye las concesiones mineras con declaración de caducidad pendiente.

Se trata de «evitar los procesos de dispersión» de partículas por efecto del viento y la lluvia hacia las viviendas y hacia los colegios y parques, donde hay presencia diaria de niños, la «población más vulnerable a los elementos potencialmente tóxicos». Además, habría que dar preferencia a «los antiguos gacheros de fundición clasificados como potenciales de radiactividad según la directiva Euratom».

Los partidos también reclaman que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) intervenga en las ramblas de la vertiente norte. Recuerdan que la Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor prevé realizar «actuaciones» de reforestación y estabilización del terreno en las cabeceras de los cauces, para proteger el humedal de Lo Poyo, El Algar, Los Belones y las playas de Los Nietos y Los Urrutias. En la vertiente sur, se trata de blindar las bahías de Portmán y El Gorguel.