La aceptación del solar de la Ciudad de la Justicia de Cartagena acumula nueve meses de retraso

Todo apunta a que las elecciones generales y la inestabilidad de un Gobierno de España en funciones hasta la investidura de Pedro Sánchez el 16 de noviembre están detrás de la última demora. Ahora queda que el departamento ministerial, con Félix Bolaños al frente, termine de configurar su estructura y vuelva a atender esta demanda histórica. Nada nuevo, porque la construcción de una Ciudad de la Justicia acumula dieciséis años de retrasos e indefiniciones. El Ministerio no ha atendido las cuestiones planteadas por este diario desde hace un mes.

Para el decano del Colegio de Abogados, Ángel Méndez, es una situación «intolerable, que no se puede seguir alargando en el tiempo». Esta infraestructura evitaría la dispersión de los tribunales en diferentes sedes repartidos por toda la ciudad y serviría para agilizar procesos mediante la creación de nuevas unidades. «Es un desastre que aún no sea una realidad, tanto para el conjunto del partido judicial como para los ciudadanos, a los que se podría ofrecer un mejor servicio», apuntó Méndez.

Según el acuerdo adoptado en septiembre del año pasado por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, estas instalaciones ocuparán unos 12.500 metros cuadrados de una parcela de 25.000 situada detrás de la Escuela Infantil Municipal San Isidoro, en la zona de expansión del barrio de Santa Lucía. La parcela municipal está calificada en el Plan General de Ordenación Urbana vigente como sistema general, por lo que es apta para servicios para la Administración, públicos y urbanos. El planeamiento urbanístico no establece condiciones específicas de edificabilidad, alturas o retranqueos, por lo que la parcela puede adaptarse al proyecto que se fije. El resto del terreno estará destinado a zonas verdes según lo previsto.

En su visita a Cartagena hace más de un año para dar el visto bueno a la parcela municipal ofrecida en 2020, la exministra Llop anunció una inversión de cuarenta millones de euros para esta infraestructura. Tras la reunión mantenida entre ambas administraciones trabajaron de forma «coordinada» en la elaboración de un proyecto de urbanización y realizaron, asimismo, diferentes gestiones ante Carreteras y otros organismos.

El proyecto de urbanización de la zona presentado por el Ayuntamiento al Ministerio está cifrado en 1,8 millones de euros y comprende la adecuación y acceso de los terrenos. La urbanización corresponde al Ministerio y es el paso previo para poder sacar a licitación las obras.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que pide «celeridad» a Bolaños y «un compromiso firme» ya explicó que en el momento en que sean aceptados los terrenos, «se puede empezar con la urbanización porque el trabajo técnico está ya acabado». En todo este tiempo, Arroyo también ha defendido la labor desarrollada a nivel municipal para intentar sacar adelante esta infraestructura.

No obstante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que incluir una partida presupuestaria suficiente en las cuentas generales del Estado previstas para 2024 para poder iniciarlas.

La exministra Llop anunció también la convocatoria de un «concurso de ideas» para fomentar la participación ciudadana. Según el plan inicial, la futura Ciudad de la Justicia tendrá, además del edificio central, un gran aparcamiento en superficie y un 'Bosque de la Justicia' para minimizar la huella de carbono.

Antes que la parcela municipal en Santa Lucía, el Ministerio de Justicia valoró ubicaciones alternativas como dos edificios en el polígono Cabezo Beaza, la Factoría de Subsistencias de la Armada, el Hospital Naval, el antiguo centro comercial Eroski y el entorno del Mandarache. Todos estos emplazamientos quedaron en infructuosas conversaciones con el Ayuntamiento. Aunque se ha impuesto el solar de Santa Lucía, no hay aún fechas ni presupuesto para empezar.

Desde que la exalcaldesa 'popular', Pilar Barreiro, anunció hace dieciséis años la construcción de la Ciudad de la Justicia junto a Mandarache, tiempo ha tenido el Colegio de Abogados de elaborar un listado de propuestas. Y lo tienen, aquejados sobre todo por la falta de espacios y servicios, que provoca la dispersión de los tribunales y repercute directamente en la atención que recibe el ciudadano.

Los letrados piden zonas reservadas para hablar con sus defendidos y que agresores y víctimas puedan estar separados en la futura infraestructura. Su decano, Ángel Méndez, señala la necesidad de disponer de una sala de abogados «en condiciones», equipada y con espacios suficientes. Asimismo, apunta que, dada la lejanía del Colegio de Abogados, que se encuentra en la avenida Reina Victoria, «sería conveniente habilitar un sitio para atender y resolver cuestiones de los beneficiarios de Justicia Gratuita».

Estos profesionales califican también de «imprescindible» una sala de víctimas de violencia contra la mujer, para que cada presunta víctima «goce de la intimidad requerida por su situación» y no haya dos o tres víctimas más oyendo todo lo sufrido por la anterior.

Entre sus reclamaciones están también «una sala especial para juicios con jurado y para macrojuicios».

Tanto el Colegio de Procuradores como la Asociación de Graduados Sociales esperan tener salas propias para poder desempeñar su actividad y atender las necesidades de profesionales y usuarios. Piden espacios con «conexión wifi y capacidad para adaptar hasta veinte puestos de ordenador, sala de juntas para reuniones y taquillas». Las necesidades que debe cubrir la Ciudad de la Justicia están recogidas en un documento rubricado por la plataforma del Manifiesto de la Ciudad de la Justicia de Cartagena.