El campo denuncia que está al «límite» y tomará Murcia el día 16 con una 'tractorada'

Dos años después, los agricultores y ganaderos de la Región volverán a las calles para reclamar soluciones a la «situación insostenible» por la que atraviesa el campo y que se ha visto agravada por el «incremento asfixiante de los costes de producción». Los dirigentes de las organizaciones agrarias Coag, UPA y Asaja, junto a los de Proexport, Apoexpa, Fecoam, Fecamur, el Sindicato de Regantes del Trasvase y la Junta de Usuarios de la Cuenca, anunciaron este lunes que se manifestarán en Murcia el miércoles 16 de febrero para denunciar que el sector se encuentra «al límite», señalaron los convocantes.

Ese día habrá un paro general en el sector, con una caravana de vehículos que probablemente tomará el centro de la ciudad, como sucedió en protestas anteriores. Los convocantes esperan que asistan miles de agricultores y ganaderos, y movilizarán «toda la maquinaria disponible de tractores y camiones». De esta forma, el sector en bloque reanuda las movilizaciones que se interrumpieron a causa de la pandemia.

Entre las reivindicaciones, han incluido las transferencias del Tajo y un precio asequible para el agua desalada. «La escasez de agua es la peculiaridad que tiene nuestra Región, ya que es un problema que se cierne sobre los regadíos y puede acarrear consecuencias graves para la economía», indicó el presidente regional de Coag, José Miguel Marín. Destacó la unidad del sector, cuyos dirigentes se reunieron este lunes en la sede de la Cámara Agraria Regional, para respaldar una manifestación que se intuye que tendrá un gran seguimiento debido al cúmulo de problemas y desafíos a los que se enfrentan.

Las movilizaciones, que ya se están produciendo en otras comunidades autónomas, confluirán el día 20 de marzo en Madrid. Recordó que en 2020 pararon las reivindicaciones por la Covid, ya que la prioridad era «dar de comer a la sociedad, pero ahora tenemos que volver a salir a las calles».

El secretario regional de UPA, Marcos Alarcón, precisó que el campo «tiene problemas graves» que hacen necesaria la movilización del día 16. Indicó que la situación es «insostenible» y que las protestas van dirigidas tanto al Gobierno regional como al nacional, que son las dos administraciones «interpeladas».

La anterior marcha del sector en Murcia bloqueó la ciudad para exigir la ley de la Cadena Alimentaria y denunciar las amenazas contra la viabilidad de las explotaciones. La imagen se volverá a repetir con una caravana de camiones, maquinaria y tractores. El secretario regional de Asaja, Alfonso Gálvez, manifestó que se trata de «un ultimátum» a los gobiernos. Indicó que, si no se resuelven los problemas, «no habrá garantía de calidad alimentaria» por la invasión de producciones de terceros países. Calificó de «bestiales» los incrementos de los costes, y puso como ejemplo la subida del 270% de la energía eléctrica, del 246% de los plásticos, del 300% de los fertilizantes y del 33% del agua. Estos gastos han supuesto «unas pérdidas de 5.000 millones de euros», dijo. Su impresión es que el Gobierno de España y la UE pretenden reducir la producción agraria y facilitar la entrada masiva de productos de terceros países.

Los convocantes denunciaron los «ataques y obstáculos» que recibe y sufre el sector. Entre los asistentes a la reunión, se encontraban el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, y los dirigentes de Proexport, Apoexpa, Fecoam y Fecamur, Mariano Zapata, Joaquín Gómez, Santiago Martínez y José Hernández, respectivamente.

Las principales reivindicaciones del sector agrícola y ganadero de la Región se basan en que las administraciones regional y nacional pongan en marcha un plan de choque con apoyos directos, mediante medidas legislativas y fiscales, para hacer frente al desmedido incremento de los costes de producción.

En el capítulo de agua, exigen la aprobación de caudales ecológicos en el tramo alto del río Tajo, «ajustados a la estudios técnicos y rigurosos, y que no supongan una reducción innecesaria de volúmenes para trasvasar al Levante». Asimismo, reclaman la aplicación efectiva de la ley, estableciendo un precio no superior a 30 céntimos el metro cúbico para el agua desalada para el regadío de la cuenca. Solicitan, igualmente, la aprobación del Plan de Cuenca del Segura que, salvaguardando el buen estado ecológico de las masas de agua, satisfaga al mismo tiempo las demandas del regadío.

En materia de precios, piden un plan de actuación para el cumplimiento efectivo de la ley de mejora de la Cadena Alimentaria, «impidiendo la venta a pérdidas y garantizando precios justos desde el productor al consumidor, evitando el abuso de la distribución». En este punto, consideran que no se ha avanzado lo suficiente y sostienen que hay que ajustar los márgenes.

Pide, además, la mejora del sistema de seguros agrarios, garantizando que responda a las necesidades del sector a un coste accesible. Las organizaciones agrarias denuncian que se han reducido las coberturas. Inciden, igualmente, en el control efectivo de los acuerdos comerciales con terceros países, para que se equiparen las exigencias a las producciones extracomunitarias y la vigilancia sanitaria para el acceso al mercado europeo.

Exigen también la modificación del plan estratégico de la PAC, priorizando las ayudas a profesionales, para evitar la pérdida de apoyos en las zonas desfavorecidas y el sector ganadero. Plantean, por último, un plan que favorezca la mejora de la sostenibilidad ambiental y el bienestar animal.

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