Camino del año sin aprobar proyectos de ley en la Asamblea Regional

Con un PP que ha quedado en minoría parlamentaria y en una Cámara donde es necesario el acuerdo para todo, no sólo los Presupuestos, sino cualquier proyecto legal, se expone a una dura negociación más allá del largo y lento trabajo que lleva por delante. En 2024 son varias las modificaciones y reformas que se han aprobado en la Asamblea, pero sólo ha prosperado una ley, a instancias del Grupo Parlamentario Popular, la de incremento del importe de las plazas y servicios correspondientes a los conciertos sociales de los sectores de menor y reforma.

El año pasado, el techo de gasto, el límite de gasto no financiero en el que puede incurrir la Administración regional, fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 13 de noviembre, y ya se retrasó porque la Consejería de Hacienda sostenía que estaba a la espera de conocer las entregas a cuenta que realizaría la Administración estatal. Este año ese plazo se ha superado, y ahora la causa es que no se saben cuáles son los objetivos de déficit, como trasladó el consejero Luis Alberto Marín. El Gobierno de PSOE y Sumar tampoco ha conseguido aún que el Congreso respalde esa senda de estabilidad, igual que en la Región el PP no tiene claro qué puede pasar cuando someta a tramitación el techo de gasto y los Presupuestos.

«Unos pocos días» es el plazo que dio esta semana Luis Alberto Marín para llevar estas dos cosas a la Asamblea. Allí, entre reproches y acusaciones cruzadas, el pasado miércoles PP y PSOE intentaban llevarse bien llevándose mal. Si José Vélez sacaba a relucir la gestión de la DANA por parte de Mazón cuando proponía a López Miras negociar una acuerdo, el presidente le recordaba al socialista la foto de Santos Cerdán con Carles Puigdemont en Suiza para investir presidente a Pedro Sánchez. Y al mismo tiempo que Vélez le ofrecía «la mano tendida» al líder popular, este le dejaba claro que su intención era «escuchar a todos los grupos parlamentarios, buscando su apoyo». Hasta ahora es la única aproximación que se ha podido ver con esa finalidad. Porque enfrente el Gobierno tiene a unos antiguos socios, Vox, cuyas intervenciones están siendo particularmente duras con la gestión del Partido Popular. «No ha hecho nada para presentar los Presupuestos de 2025 porque son los Presupuestos de la quiebra», clamó el diputado Rubén Martínez Alpañez cuando interpeló a Marín en la Asamblea.

En el Plan de Anual Normativo para 2024 presentado por el Gobierno regional, son tres las leyes que se prevén aprobar, además de 25 reglamentos. La más comentada ha sido la de simplificación administrativa, de la que ya hay un primer borrador. Además de esa, la ley de voluntariado también avanza en su tramitación desde la Dirección General de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad. Según la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, el objetivo de la misma es «poner en valor la importante labor que realizan los cerca de 16.000 voluntarios de la Región con la profesionalización de su trabajo».

Este departamento explica que el borrador estará terminado a finales de este año y será presentado al Consejo Asesor del Voluntariado para su validación. Para su diseño, detallan además que «se ha contado con la participación de distintos representantes de las principales entidades sociales, entre las que se encuentran Cruz Roja, la Universidad de Murcia, ONCE, Cáritas, Manos Unidas, Jesús Abandonado, la Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia y la Fundación Ayuda Desarrollo Educación (FADE)».

La ruptura entre PP y Vox en el Gobierno también dejó en el tintero otro proyecto que iba a impulsar desde la Consejería de Interior, Ordenación del Territorio y Simplificación Administrativa, con José Ángel Antelo al frente, la ley del Estatuto del Alto Cargo. Ahora está en manos de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital y desde este departamento explican que no se han producido avances. Entre otras cuestiones, la norma pretende regular el régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades y las obligaciones formales de quienes ejercen un puesto de alto cargo en la administración regional.

Fuera del PAN hay otros dos proyectos legislativos en los que el Ejecutivo regional trabaja y en los que ha hecho mucho hincapié este año: la Ley de Universidades y la de Ciencia, Tecnología e Innovación. La primera será remitida como borrador a los rectores de las universidades de la Región (UMU, Politécnica de Cartagena y UCAM). El anteproyecto de la segunda fue sometida a un proceso de consulta pública desde el 1 al 22 de octubre a través el Portal de la Transparencia.

La patronal murciana Croem ya se encuentra estudiando el borrador de la nueva ley de simplificación administrativa en la que está trabajando la Comunidad. En el inicio del proyecto, los empresarios remitieron al Ejecutivo un documento con 63 medidas que consideraban necesario que se implantaran después de recoger las diferentes propuestas de sus sectoriales. Croem ya ha recibido ese primer borrador de la futura ley que analiza para ver en qué medida responde también a sus expectativas.

De hecho, los empresarios confiaban en que ya estuviera aprobada antes del verano, algo que la crisis de Gobierno entre PP y Vox frenó. Entre las novedades que incluía y que habían demandado se encuentra la fórmula del silencio administrativo positivo en un plazo determinado.

Sería la cuarta ley sobre esta materia y fue Vox quien desde el Gobierno regional estaba llevando a cabo su elaboración. Con la ruptura del acuerdo con el PP el pasado mes de julio quedó en manos de Marisa López Aragón, al frente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social. Desde este departamento, han insistido hasta ahora, y así lo mantienen, en que la ley será presentada en la Asamblea antes de que acabe el año, a falta de perfilar los últimos detalles al texto. En Vox, sin embargo, sostienen que «la dejaron hecha» a su salida del Ejecutivo y que la apoyarán siempre y cuando se mantenga sus líneas generales, como defendió José Ángel Antelo ante el presidente de Croem, Miguel López Abad.