Bruselas obliga a derogar la norma que prohíbe las gasolineras 'low cost' en la Región de Murcia

El decreto ley apareció en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el pasado jueves, 20 de febrero, y establecía que su entrada en vigor se produciría al día siguiente de su publicación.

Dicha norma cuenta con un artículo único: «La supresión de la disposición adicional única, sobre el personal en las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción, de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia».

La prohibición de las 'gasolineras fantasma' en la Región quiso acabar con una polémica surgida en 2015 por la aparición de estas estaciones de servicio –llegó a haber más de veinte antes de la restricción–, lo que generó el rechazo de las gasolineras tradicionales, los sindicatos, las organizaciones de consumidores e incluso de discapacitados. El Gobierno regional aprobó entonces introducir una disposición adicional en la ley del Estatuto de los Consumidores y Usuarios con el siguiente texto: «Las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción deberán disponer, en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio, de al menos una persona responsable de los servicios que en ellas se prestan, al objeto de garantizar el ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios y de atender a las personas con alguna discapacidad que les impida el suministro de combustible en régimen de autoservicio».

Sin embargo, la controversia no acabó con la prohibición, por la que también optaron otras comunidades autónomas. A esta medida se opuso frontalmente no solo la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas, sino también la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que en varios informes destacaba que las gasolineras sin personal reportan «beneficios para los consumidores» porque «aumentan la competencia» en el sector y ofrecen «menores precios» de los carburantes –hasta un 16% más baratos, según algunos estudios–, al ahorrarse sueldos de empleados.

También la Unión Europea tomó cartas en el asunto, con el envío de requerimientos al Gobierno de España solicitando la eliminación de las restricciones a las gasolineras 'low cost' e incluso con la advertencia de posibles sanciones si no lo hacía.

El propio Gobierno regional reconoce en la exposición de motivos del decreto ley derogatorio la razón del mismo, al indicar que «tiene por objeto evitar procedimientos de incumplimiento promovidos por la Comisión Europea contra el Reino de España, mediante la eliminación de las posibles discrepancias de nuestro ordenamiento jurídico con la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que se ponen de manifiesto a través de la imposición de requisitos al libre ejercicio de la actividad de distribución de carburantes de automoción a través de estaciones de servicio automáticas o desatendidas».

El Ejecutivo autónomo argumenta, además, la urgencia de aprobar mediante decreto ley la derogación «ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en el alineamiento de nuestro ordenamiento jurídico con la Directiva 2006/123/CE».

Aunque ya está en vigor, la Asamblea Regional dispone ahora de un mes de plazo para convalidar el decreto ley.

El pasado viernes, tras la celebración del Pleno que rechazó las enmiendas a la totalidad de la oposición a los Presupuestos de 2020 de la Comunidad, los portavoces de los grupos parlamentarios se reunieron para tratar de buscar una fecha para dicha convalidación. Entre los días que barajaron, según las fuentes consultadas, la propuesta con más posibilidades es la celebración de un Pleno extraordinario el 23 de marzo a primera hora de la mañana, antes de la sesión plenaria que ya está prevista para la votación final del proyecto presupuestario.