El bloqueo del Gobierno regional deja en suspenso una decena de proyectos

La interinidad del Gobierno también pone en riesgo fondos europeos para construir la terminal intermodal que conectará con el Corredor Mediterráneo o el desarrollo de la jornada laboral de 35 horas en la Administración regional, que afecta a 55.000 funcionarios y que estaba previsto que se desarrollara el 1 de septiembre en Educación.

En el caso del proyecto de rehabilitación de San Esteban, hay que recordar que ha sido recuperado por el alcalde José Ballesta y tiene una asignación de 32 millones. En su momento, el Ministerio, el Consistorio y la Comunidad se reunieron y acordaron dividirlo en fases. El primero se comprometió a aportar un 40% y los otros dos, un 30% cada uno. Aparte se habló de intentar encontrar la forma de que se puedan acometer trabajos con fondos europeos y hasta se llegó a hablar de unos 12 millones, pero sin que comprometan que los trabajos lleguen a buen puerto.

La salida a licitación del Cine Central, de Cartagena, depende de presupuestos a tres años vista y no puede ser licitado por un Gobierno en funciones.

La Comunidad se ha comprometido a aportar los 5,4 millones de euros que costará la rehabilitación global en tres años. Se inició con 700.000 euros para recuperar la fachada este año.

También están pendientes de la formación de Gobierno la convocatoria extraordinaria de admisión de niños de 2 a 3 años con la ampliación de diez nuevas aulas de Educación Infantil o la aprobación del desarrollo del reglamento de la Ley de Accesibilidad, una de las grandes demandas del colectivo con diversidad funcional en la Región.

Se mantiene asimismo en pausa la Comisión de Seguimiento del Empleo de Calidad o que se continúe tomando decisiones en materia medioambiental, en temas como el Mar Menor y los servicios públicos.

Desde el Gobierno regional en funciones recuerdan que en este período no pueden suscribir acuerdos o tomar decisiones que comprometan la acción de un Ejecutivo posterior.

Eso significa que, por ejemplo, no se pueden aprobar leyes ni decretos-ley y que no puedan salir adelante proyectos que comprometan gasto plurianual.

Lo explica mejor que nadie Santiago Navarro, secretario general de CC OO, en la Región, al referirse a que con la salida del Gobierno regional de Luis Alberto Marín, ex consejero de Economía, para ser cabeza de lista del PP al Congreso, «si llamas ahora mismo a Hacienda para hablar o preguntar por pagos, te dicen que no hay nadie que te pueda ayudar», señaló en declaraciones a LA VERDAD.

Incluso añade Navarro que los propios consejeros en funciones, cuando se les plantea alguna situación, piden tiempo.

Por eso, desde Comisiones Obreras reclaman «estabilidad para cuatro años», «acabar con el ruido en política» y «llegar al punto en que las instituciones empiecen a trabajar».

En la misma línea, Antonio Jiménez, líder regional de UGT, reitera que se necesita que el Gobierno empiece a trabajar y a tomar decisiones, porque «los ciudadanos no pueden esperar».

Los sindicatos CC OO y UGT coinciden en señalar que la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios de la Administración regional, considerado el acuerdo estelar del Pacto para la Reversión de Recortes, está en 'stand by' por la interinidad del Gobierno regional y aunque prefieren que no se repitan elecciones, dicen que si hay que volver a votar, cuanto antes, mejor, señala Santiago Navarro, secretario general de Comisiones Obreras.

El acuerdo de las 35 horas, que afecta a 55.000 funcionarios, está aprobado, validado y publicado en el Boletín Oficial de la Región y sólo falta desarrollarlo en cada uno de los sectores: Sanidad, Educación y Administración y Servicios, aclara Antonio Jiménez, secretario general de UGT.

Ambas organizaciones sindicales añaden a la lista de proyectos paralizados debido a que el Gobierno está en funciones la estrategia regional de Seguridad y Salud Laboral y el Plan de Lucha contra la economía sumergida. En este último caso, según Santiago Navarro, ha sido encargado un estudio financiado por el Consejo Económico Social (CES), pero la aportación que tiene que poner la Comunidad se está retrasando por falta de Ejecutivo.

Antonio Jiménez, por su parte, insiste en que los ciudadanos no pueden esperar. Asimismo, Navarro, de CC OO, pide acabar con el ruido de sables y no ir a elecciones porque cree que «no van a variar mucho los resultados».

La Confederación de Empresarios de la Región de Murcia (Croem) hizo llegar a las fuerzas políticas, antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, un documento en el que reunió sus demandas para favorecer el crecimiento económico, crear empleo y hacer que la Comunidad sea atractiva para los inversores.

En ese «compendio de reivindicaciones» pedían «un compromiso firme a la hora de ejecutar políticas» y eso es justo lo que no está ocurriendo en estos momentos con un Gobierno interino, que tiene las manos atadas a la hora de tomar decisiones.

Esta situación entorpece por sí misma la primera demanda de la patronal de la Región que pide una relación fluida entre las administraciones, al margen de diferencias ideológicas. No es que haya enfrentamiento entre Madrid y San Esteban es que el margen de maniobra de ambos en este momento es muy limitado.

La Croem hablaba además de la urgencia en modificar la financiación autonómica, algo que tanto PP como PSOE llevaban en sus programas electorales a los comicios del 23 de julio. Incluso los socialistas han adelantado ya que los cambios se harán teniendo en cuenta la población, la superficie, la población protegida y la insularidad. Sin embargo ahora mismo no hay Gobierno ni central ni regional y esta reivindicación se mantiene en pausa.

La Croem reitera su solicitud de simplificar los trámites administrativos y dar un golpe definitivo a la burocracia y en este sentido sitúan como prioridad crear un organismo autónomo en materia de medio ambiente, con medios suficientes para acelerar la tramitación y que no se pierdan inversiones.

Otra de las demandas de la Croem está relacionada con la bajada de la presión fiscal, que tanto PP como Vox llevaban en sus programas electorales. En el caso de los populares hablaron de reducir impuestos y tasas municipales en la promoción de viviendas protegidas así como recortar gasto político innecesario para poder reducir impuestos o que los propietario de casas okupadas no tuvieran que pagar algunos.

Por último, las empresas, entre otras demandas a los políticos, en vísperas de las elecciones autonómicas, reclamaban que se hiciera un plan de pago a proveedores para reducir los tiempos de la Administración.

Todo eso tendrá que esperar a que o bien se conforme Gobierno o se repitan elecciones.