La Audiencia rechaza los recursos de Vélez para tumbar la causa por la plaza de toros de Calasparra

El secretario general del PSRM y candidato socialista a la presidencia de la Comunidad, José Vélez, ha perdido sus bazas a la hora de librarse de un previsible paso por el juzgado en plena campaña o precampaña electoral. El antiguo alcalde de Calasparra y exdelegado del Gobierno tiene pendiente una cita con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz, que fue aplazada en febrero por la huelga de letrados de la administración de justicia y que continúa aún sin fecha. Debe declarar como investigado por un supuesto delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de la localidad para la celebración de unos festejos taurinos.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial, en dos autos notificados este lunes, da carpetazo a sendos recursos que su abogado defensor, el penalista Raúl Pardo-Geijo Ruiz, presentó a finales del pasado año para tratar de tumbar el caso. En uno de ellos el letrado sostuvo que la primera prórroga de las actuaciones se habría producido fuera de plazo. A lo largo de este caso el juzgado ha acordado dos prórrogas de la instrucción. La primera de ellas se fundamentó en la necesidad de reclamar diferente documentación, como la que reclamó el letrado que impulsa esta actuación judicial en nombre de dos concejales, Juan Rigabert, sobre los convenios de colaboración suscritos entre el Ayuntamiento de Calasparra y las mercantil Chipé Producciones en los años 2017 y 2018, el contrato de arrendamiento de la plaza de toros y la posterior cesión del arrendamiento o gestión a la citada empresa.

Tal y como ya informó LA VERDAD, la defensa de Vélez alegó que la fecha de la comunicación del auto de incoación fue el 24 de marzo de 2021 y que la primera prórroga de las actuaciones, que debía producirse como máximo en doce meses, no se acordó hasta el día 26 de abril de 2022 y, por lo tanto, fuera de tiempo. Con este argumento, esta parte trató de tumbar el caso reclamando la nulidad de las actuaciones y su archivo.

La Audiencia, en uno de esos autos, explica, sin embargo, que el plazo en este caso empezó a contar con el auto en el que se admitió la querella, el 26 de mayo de 2021 y no antes cuando se emitió una providencia. Como consecuencia de ello, explica la Sala, tanto el informe del fiscal interesando que la causa se declarase compleja, como la resolución prorrogando la causa se realizaron dentro del plazo previsto.

El segundo auto desestima el recurso que la defensa de Vélez presentó contra el auto del juzgado que acordó la segunda prórroga del procedimiento alegando que no había sido suficientemente motivada. «El auto impugnado recoge, aún cuando sea de manera escueta, las razones por las que considera necesaria la prórroga de la instrucción, explicaciones que colman las exigencias de motivación que exigen».

Consultado por esta redacción el abogado Pardo-Geijo Ruiz recalcó que la decisión de la Audiencia «para mí es una interpretación equivocada de la nueva reforma del artículo 324 sobre la que no existe ningún precedente como el concretamente planteado» y abrió la puerta a batallar este aspecto ante el Tribunal Supremo. El letrado subrayó además que «tenemos muy claro el asunto y cuanto antes se resuelva mejor».

Desestimados estos dos recursos, el siguiente paso del instructor será volver a citar a Vélez para su declaración como investigado. Dado que la segunda prórroga de la instrucción culmina el próximo 26 de mayo, es de prever que su paso por el juzgado sea ante de las elecciones, que se celebrarán el 28. A partir del día 17 de abril, no obstante, los juzgados afrontan una nueva huelga, la de los funcionarios, que podría afectar también a este procedimiento.

Los promotores de esta denuncia son los concejales Carlos Alajarín, de Ciudadanos, y Alonso Torrente, de Calasparra Viva, que ya en ocasiones precedentes han impulsado actuaciones judiciales contra Vélez y Arce. Los hechos aparentemente delictivos que se relatan en la querella se centran en los años 2017, 2018 y 2019, y están relacionados con la organización de los festejos taurinos de las fiestas patronales de Calasparra.

Los querellantes señalan que en la localidad existe una plaza de toros, La Caverina, de propiedad privada y que se ha venido encargando desde hace años de organizar la Feria Taurina del Arroz, que coincide con las fiestas patronales. En 2017 y 2018, el dueño del coso contrató los servicios de la firma Chipé Producciones para gestionar las corridas de toros.

Pues bien, según la acusación, esos dos años el Ayuntamiento habría suscrito un convenio con esa firma para que le cediera los novillos y, de esa forma, poder celebrar los tradicionales encierros. Por el préstamo de las reses le fueron abonados al empresario 30.000 euros en 2017 y 37.000 euros en 2018, según la querella. Esas cantidades se pagaron, presuntamente, soslayando la Ley de Contratos del Sector Público y, además, sin que conste estudio alguno de mercado o de valoración del servicio, por lo que no se justifica ni el precio ni el hecho de que, de un año para otro, pasara a costar un 23% más.

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