La Asamblea Regional no pasa el control de Transparencia pese a estar obligada a ello

Así consta en el informe presentado ayer, que concluye que las instituciones y ayuntamientos de la Región sacan un aprobado raspado (5,41 puntos de media) en publicidad activa. Desde la Asamblea aseguran que no están sometidos al control del Consejo de Transparencia, pese a que el artículo 5.2 de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia, del año 2014, la menciona expresamente.

En una situación similar están el Consejo Jurídico, 25 ayuntamientos y 26 entidades dependientes de la Comunidad Autónoma. Ese medio centenar de instituciones fueron sometidas a revisión del cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa. Para sorpresa de los expertos, ocho de estas instituciones ni siquiera tienen página web; entre ellas están el Consorcio de Marina Cope y la desaladora de Escombreras.

El primero se disolvió formalmente en julio del año pasado, 18 años después de ser creado para construir en la costa de Lorca y Águilas un complejo con 9.000 viviendas, 22 hoteles, una marina interior y un campo de golf, que nunca llegaron a realizarse. Por su parte, la desalinizadora ha estado envuelta en una investigación judicial que salpicó al exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá; a ex altos cargos de su gabinete y al expresidente Valcárcel. La acusación lo define como un proyecto ruinoso para las arcas públicas.

En el lado contrario de la balanza están las dos universidades públicas, la UMU y la UPCT, que sí han pasado los controles de transparencia en los tres últimos años y han obtenido una nota media sobresaliente (8,04 puntos de media) en 2022. La UMU, con un 8,39, supera a la UPCT (7,68).