Afectada por los retrasos en los juzgados: «Estuve a punto de quitar la denuncia porque es un sufrir»

Como María –que prefiere mantener su identidad en el anonimato– son muchos los ciudadanos que confían a la Justicia su última esperanza para salvar un conflicto que, en ocasiones, atraviesa su día a día, pero no encuentran la respuesta deseada. «Jamás pensé que pudiera tardar tanto». El retraso en el procedimiento de esta mujer, que actualmente se encuentra sin trabajo, se vio agravado por dos suspensiones consecutivas de las vistas –en enero y noviembre de 2024–. «Nos dijeron que había huelga», explica. Su abogado, adscrito a Comisiones Obreras, consiguió quitarle de la cabeza la idea de desistir que le asaltó cuando ya sumaba muchos meses de espera. A día de hoy aguarda un próximo señalamiento previsto para enero de 2026 que espera sea el definitivo. «No me hago ilusiones».

La abogada Maite García Castillo, que trabaja desde hace años vinculada al sindicato Comisiones Obreras, hace hincapié en que la situación en los juzgados de la Región es «un auténtico desastre», y enfatiza la diferencia existente entre los órganos de diferentes partidos judiciales.

La letrada remarca, por ejemplo, los retrasos que acumulan los procedimientos que se siguen por incapacidad permanente que, asegura, rondan ya los dos o tres años. «Es imposible de mantener», subraya. «La gente tiene que trabajar porque no hay colchón económico para aguantar. Hay situaciones que son verdaderamente dramáticas».

García Castillo lamenta que en muchas ocasiones «el problema cuando lo vas a resolver ya es tarde», y explica que ello conlleva la búsqueda de recursos «alegales» para sobrellevar el día a día. «Buscamos soluciones porque el juzgado no te las da».

En el caso de los despidos, remarca la letrada, la última reforma laboral del Gobierno de Rajoy – en 2012– eliminó la obligatoriedad de los salarios de tramitación lo que, asegura, ha mermado el interés de las empresas por llegar a pactos con sus antiguos trabajadores antes del juicio. «Juegan con los tiempos de respuesta que manejan los juzgados».

En los órganos de Familia la situación no mejora. Manuel –nombre ficticio– lleva tres años y medio aguardando la solución a un «divorcio conflictivo». Una espera que le ha llevado a pedir ayuda psicológica y a tomar medicamentos para la ansiedad. Tras batallar durante todos estos años por la custodia compartida de sus dos hijos menores y presentar numerosas reclamaciones a organismos por el mal funcionamiento de los juzgados y por un trato hacia él que considera «discriminatorio», este vecino del Alto Guadalentín asegura haber tomado la decisión de ceder la custodia a su exmujer por el bien de los menores. «Si me hubieran citado antes del juzgado todos estos problemas no se habrían producido», lamenta.

La abogada Mar Florenciano, especializada en asuntos de Familia, sufrió hace unos meses el fallecimiento de dos clientes mientras aguardaban juicio. Uno de ellos se quitó la vida pocos meses antes de disputar la custodia de uno de sus hijos. «Los retrasos en Familia son especialmente graves porque son temas que te afectan a ti y a tu familia», remarca. «Son cuestiones inaplazables».