Los acuerdos del Consejo de Gobierno impiden descartar que la investigación vaya «hacia arriba»

Esta vez las decisiones oficiales que están sometidas al escrutinio judicial en el 'caso La Sal' no se circunscriben al ámbito de una consejería, en este caso la de Agricultura, sino que alcanzan a la cúspide del Gobierno murciano. Varios de los acuerdos que permitieron que la Administración regional acabara asumiendo la gestión y explotación de la desaladora de Escombreras, que había tenido un origen privado, se adoptaron por Consejo de Gobierno, en una época en que estaba presidido por Ramón Luis Valcárcel. Así ocurrió, en concreto, con la cesión gratuita de una parcela pública del Valle de Escombreras al Ente Público del Agua (EPA), en enero de 2006, y más tarde, en febrero, cuando autorizó al EPA a crear la empresa pública Hidronostrum (HN) y se otorgaron facultades al consejero Cerdá para que adquiriera acciones de la entonces todavía empresa privada Desaladora de Escombreras SA.

Estas decisiones fueron en apariencia trascendentales para que acabaran por cerrarse lo que el fiscal denomina como «maniobras concienzudamente pensadas», que en último termino ocasionaron que la Comunidad asumiera compromisos de pago de más de 600 millones de euros al Grupo ACS.

La denuncia presentada hace dos años por la Fiscalía no hace mención alguna a la intervención que hubiera podido tener en estos hechos Ramón Luis Valcárcel, pero también es cierto que no habría podido señalarlo de ninguna manera, ya que el líder popular disfruta de un fuero especial por su condición de parlamentario europeo.

Ayer, fuentes no oficiales de la Fiscalía de Murcia admitían que, en caso de que en el transcurso de la investigación judicial surgiera algún indicio de responsabilidad penal contra Valcárcel, el asunto tendría que acabar siendo remitido al Tribunal Supremo.