Las actuaciones aplazadas por el paro en la justicia sobrepasan ya las 6.100 en la Región de Murcia
Las asociaciones de magistrados muestran su preocupación por el atasco de asuntos generado por el paro y confían en que el Ministerio avance este jueves en su reunión con el comité de huelga
Los juzgados encaran su cuarta semana de huelga indefinida con unos perjuicios cada vez más evidentes. La cifra de actuaciones aplazadas por el paro que mantienen desde el 24 de enero los letrados de la administración de justicia (LAJ), uno de los engranajes cruciales dentro de la administración, sobrepasa ya las 6.100, según precisaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
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La semana pasada -del 6 al 10 de febrero- no se pudieron celebrarse en concreto 797 de las vistas y juicios señalados y dejaron de practicarse 1.194 declaraciones y 19 diligencias fuera de la sede, según los datos recabados por la coordinación provincial de la secretaría de gobierno. Estos datos figuran en el informe del TSJ remitido en la mañana de este lunes a la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El escrito también recoge la incidencia del paro de estos funcionarios por jurisdicciones en las dos últimas semanas. Así, en la jurisdicción civil y mercantil se suspendieron 588 juicios; en la penal 427; 96 en el orden social y 266 en contencioso administrativo. Además, dejaron de practicarse 305 vistas y 549 diligencias en los registros civiles.
La gota que colma el vaso
Las asociaciones de jueces no esconden su preocupación por los efectos que está generando en los tribunales la huelga indefinida. «Esta situación perjudica muchísimo al servicio público de la administración de justicia», reconoce la magistrada Ascensión Marín, coordinadora nacional de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia. Lamenta el perjuicio que el conflicto genera en los ciudadanos que ya llevaban un tiempo aguardando una respuesta a sus procedimientos judiciales y que ahora afrontan nuevos retrasos derivados del pulso que los LAJ mantienen con el Ministerio. «Haremos todo lo posible«, remarca, «pero ya existía un retraso previo en los señalamientos.
«Se está produciendo un trastorno importante», remarca también el magistrado Francisco Cano, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria en la Región, quien advierte de que se pueden producir retrasos de hasta dos años a la hora de sacar adelante las actuaciones que están siendo aplazadas por el paro. Cano hace hincapié, no obstante, en que esta huelga indefinida ha venido a agravar un problema que se remonta mucho más atrás por el «retraso estructural» que sufre esta administración. «El terremoto ya lo teníamos encima antes», remarca. «La huelga es un punto más de los muchos que ya teníamos».
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Esta misma argumentación pone encima de la mesa Fernando Madrid, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura en la Región, quien reconoce la dificultad que entrañará recolocar los asuntos aplazados una vez que se encuentra una solución al conflicto. «En lo Mercantil, por ejemplo, tenemos la agenda llena hasta octubre», remarca. «No hay huecos».
Estas organizaciones hacen hincapié en su «absoluto respeto» al derecho a huelga de un colectivo «tan importante» como el de los LAJ, otro de los engranajes de la administración de justicia. Confían, además, en que de la reunión que el Ministerio prevé mantener el jueces con el comité de huelga pueda salir un acuerdo que ponga fin a este conflicto. «Somos conscientes del perjuicio que se está causando», concluye Madrid.
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