El salvavidas naranja de Guillén

La consejera de Sanidad, Encarna Guillén, está metida en un atolladero -herencia envenenada de sus antecesoras- del que solo Ciudadanos puede sacarla. Las supuestas irregularidades detectadas en el régimen de compatibilidades de nada menos que 51 jefes de servicio y de sección han dejado en evidencia la ausencia de controles en el Servicio Murciano de Salud (SMS) durante la última década, así como la urgencia de definir de una vez qué criterios jurídicos deben aplicarse. Guillén quiere apagar el incendio que se le ha venido encima reformando la ley, pero como el PP gobierna en minoría, depende por completo de Ciudadanos.

Durante años, prácticamente nadie se inmutó por el hecho de que decenas de jefes de servicio y de sección compaginasen sus puestos con la actividad en la sanidad privada pese a que la Ley del Personal Estatutario del SMS de 2001 lo prohíbe de forma expresa. La exdiputada socialista Teresa Rosique fue de las pocas voces en advertir de la dudosa legalidad de la situación, pero a aquellos debates con aplastante mayoría 'popular' en la Asamblea ni siquiera se les prestaba atención.

A los jefes de servicio no solo se les permitió la compatibilidad, sino que se ideó un truco para que no perdiesen el complemento de dedicación exclusiva al que debían renunciar. El SMS y el Sindicato Médico se sacaron un plus de la manga que les permitió mantener las retribuciones intactas.

Desde entonces, los profesionales han figurado como 'jefes de servicio compatibles' en todas y cada una de las nóminas que han salido de los órganos centrales del SMS, los mismos que ahora les han abierto expediente por supuestamente no tener constancia de su situación laboral. La Dirección General de Recursos Humanos acusa a los jefes de servicio expedientados de actuar de forma irregular al no haber solicitado la renovación de la compatibilidad al acceder a sus cargos. Los afectados denuncian que nadie les indicó nunca que había que hacer tal cosa, y recuerdan que el SMS les reconoció la compatibilidad en todas y cada una de las nóminas.

Durante años, la Ley del Personal Estatutario del SMS fue obviada con el argumento de que la Ley nacional del Personal Estatutario de los Servicios de Salud de 2003 abría la puerta a que las autonomías permitiesen la compatibilidad de las jefaturas de servicio con el ejercicio de la actividad privada. Pero en tres legislaturas de mayoría absoluta, el PP no se molestó en adaptar la ley regional pese a las advertencias de, entre otros, el Sindicato Médico, cuyos juristas se dieron cuenta de que o se cambiaba la Ley del Personal Estatutario del SMS o habría problemas.

Y los problemas llegaron cuando, en 2015, el Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS) puso una reclamación en el registro de la Consejería con los nombres de 33 jefes que incurrían en supuesta incompatibilidad. Desde entonces, Encarna Guillén ha hecho auténticos malabarismos para defender la legalidad de los criterios aplicados por el SMS al tiempo que abría expediente a 16 de los denunciados por el SPS por supuestos defectos de forma. Este lunes, Sanidad fue más allá al informar de que se han detectado fallos administrativos en el régimen de compatibilidades de otros 35 jefes.

Las actuaciones están siendo impulsadas por el director gerente del SMS, Francisco Agulló, quien ya ocupó ese mismo cargo entre 2005 y 2008, y por el director de Recursos Humanos, Pablo Alarcón, que repite en el puesto tras una primera etapa entre 2006 y 2011. Algunos sindicatos se pregunta por qué han abierto expediente a los profesionales sin asumir responsabilidades propias por, cuanto menos, la falta de controles. «Alarcón y Agulló permitieron y autorizaron compatibilidades que se saltaban la ley de 2001», denuncia Antonio Martínez, secretario de Organización del SPS.

Meros fallos administrativos

Fuentes de Sanidad insisten en que no está en discusión el régimen global de incompatibilidades, y defienden que simplemente se han detectado fallos o irregularidades administrativas, como la no presentación de la solicitud de compatibilidad o su no renovación.

La Consejería confía en poner fin a esta situación con la proposición de ley que el PP presentó en la Asamblea antes del verano, y con la que se pretende reformar la Ley del Personal Estatutario para que la actividad privada sea plenamente compatible con las jefaturas de servicio y de sección. Pero con el previsible voto en contra de PSOE y Podemos, el PP necesita a Ciudadanos. Juan José Molina, diputado de esta formación, se muestra abierto a estudiar la reforma, pero advierte de que un hipotético cambio de la ley «no convertirá en legal lo que ha sido ilegal, porque aquí no hay retroactividad».

Javier Lanza, secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras (CC OO), avisa de que la consejera «quiere que Ciudadanos le solucione la papeleta, porque con los hechos está confirmando que hasta ahora no se han realizado las cosas bien». Podemos se unió ayer a las críticas y pidió la «depuración de responsabilidades en el SMS por la nefasta gestión».