La Guardia Civil indaga si la desaladora causa daños a la salud y al medio ambiente

La Policía Nacional tomó a mediados de mayo la desaladora de Escombreras y, un mes después, lo ha hecho la Guardia Civil. Tras el registro que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizaron por orden del Juzgado de Instrucción 5 de Murcia en la planta, donde recabaron documentación sobre la gestión de las empresas Tedagua (del grupo ACS) y Desaladora de Escombreras SA (de la Comunidad Autónoma), ayer efectivos de la Benemérita hicieron una inspección ocular y una toma de muestras. En su despliegue, iniciado por la mañana y que se prolongó hasta la tarde, efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y submarinistas del Instituto Armado estuvieron acompañados por biólogos adscritos la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, cuya sede está en Madrid.

Según fuentes de la investigación, una decena de funcionarios coordinados por el fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, llevaron a cabo varias pesquisas en esta zona industrial de Cartagena. No se descarta que hoy acometan nuevas tareas.

Una de las cuestiones que quieren aclarar las autoridades, dentro de una de las cuatro líneas de investigación sobre la desaladora (dos las lleva la Fiscalía y otras dos sendos juzgados de Murcia), es si hay indicios suficientes para abrir una causa judicial. Ésta se seguiría por presuntos delitos contra el medio ambiente y la salud.

¿Posidonia en la dársena?

Los investigadores indagan si hay metales pesados y parámetros anormales de boro y de otros elementos en el agua captada en la dársena portuaria, ya que el lecho marino está contaminado por el tráfico de petroleros, metaneros y otros buques. También quieren comprobar si fueron manipulados los análisis sobre la calidad del agua para consumo humano y riego de cultivos en Cartagena, Torre Pacheco y Murcia; y si el vertido de salmuera, y en su caso de metales como arsénico, cadmio y plomo pueden haber dañado una pradera de posidonia oceánica, si la hay.

Los investigadores cotejarán los datos recabados ayer con la información contenida en archivos informáticos y de papel requisados por la Policía en la desaladora en mayo.

La toma de muestras se realizó en el cajón de captación del agua, el emisario de vertido de salmuera, la red de distribución y arquetas y depósitos de regulación. Según las fuentes consultadas, por ahora no hay previstas detenciones.

También en mayo, la Guardia Civil realizó en el Ayuntamiento una inspección, para revisar las licencias de obra y actividad de la planta, construida por ACS a través de Hydromanagement y que la Comunidad tiene alquilada con derecho a compra.