La UCAM trata de legalizar las obras sin licencia para restar argumentos al proceso judicial

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), en su edición de ayer, deja constancia del esfuerzo que la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) está realizando desde hace unas semanas para tratar de legalizar, por la vía excepcional, las obras de unos edificios docentes que construyó sin licencia en el campus de Guadalupe. Una actuación con la que trata de atajar las iniciativas legales emprendidas por el propio Ayuntamiento de Murcia, que remitió el expediente urbanístico a la Fiscalía Superior, y los concejales del grupo municipal Ahora Murcia, que presentaron una denuncia, por estimar en ambos casos que existían indicios de un supuesto delito contra la ordenación del territorio.

A resultas de esas iniciativas, el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, José Luis Díaz Manzanera, presentó hace unos días una denuncia contra los legales representantes de la Fundación San Antonio y el Centro de Estudios Universidad San Antonio, que dirigen los hermanos José Luis y Vicente Mendoza.

En su número de ayer, el BORM deja constancia de un reciente decreto del concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro Corchón, quien el día 10 de este mes decidió someter a información pública la documentación presentada por la Fundación Universitaria San Antonio-UCAM con el fin de conseguir que se le otorgue una «autorización excepcional, por razones de interés público», para legalizar las obras y actividad de los edificios docentes mencionados. El edil ofrece un plazo de veinte días, durante los cuales podrá examinarse la documentación presentada por la institución docente y presentar «las alegaciones que se estimen pertinentes».

Tras el análisis de los argumentos de la UCAM y de las consideraciones que pueda realizar ahora cualquier ciudadano o institución, el Ayuntamiento tomará una decisión.

'La Verdad' ya desveló el mes pasado que la universidad privada había levantado un grupo de edificios sin las preceptivas licencias de obra y en terreno de especial protección: suelo de huerta no urbanizable de alto interés ambiental y paisajístico.

Los propios informes del Servicio de Disciplina Urbanística del Consistorio murciano, cuyos técnicos efectuaron una inspección a la UCAM en junio de 2015, comprobaron que en la zona sur del campus se habían construido en los últimos años varios edificios que en apariencia incumplían la normativa urbanística, pues no respetaban las condiciones de una licencia que se obtuvo en origen y porque, en otros casos, se habían levantado sin permiso alguno y en una zona calificada como «Suelo No Urbanizable NR: Huerta, rincones y cabecera del Segura y otros espacios de alto interés».

El expediente sancionador que el Consistorio abrió a la UCAM desveló que se trataba de un aulario de 2.484 m2, un laboratorio (261 m2), un almacén (386 m2), un porche (81 m2), una cafetería (235 m2) y una caseta auxiliar (32 m2), con una superficie global de 3.479 m2. En todos estos casos, que según la denuncia de Ahora Murcia suponen casi el 28% de toda la superficie construida en el campus, se habría vulnerado la ley.

Aunque el concejal Navarro Corchón firmó meses atrás un decreto en el que aseguraba que esas construcciones eran «de imposible legalización», por lo que solo cabía la imposición de una sanción y la demolición, más tarde, en una conversación con este periódico, abrió la puerta a que pudieran ser regularizadas. Frente a esa aparente contradicción, el edil se limitó a señalar que «el urbanismo no es una ciencia exacta».

«Hechos consumados»

Ahora Murcia emitió ayer un comunicado en el que advierte a los gobiernos regional y municipal de que va a estar «vigilante para que no se vulnere la ley concediendo la autorización excepcional para legalizar las obras del campus de Los Jerónimos». Esta formación anunció que va a personarse en el expediente y que revisará «todas las actuaciones, y si la Comunidad acaba cediendo y concede esa autorización, acudiremos a los tribunales, por la vía contenciosa o incluso penal».

La edil de Ahora Murcia Ángeles Micol afirmó que «el PP juega a la política de hechos consumados: permite que se realicen obras ilegales y a continuación da los pasos necesarios para legalizarlas», y lamentó «el trato privilegiado que concede a amigos y a ciertos intereses privados».