Cámara se escuda en los técnicos para justificar la demolición de la guardería

Los funcionarios del Ayuntamiento de Murcia tienen la gloria ganada con quien fue su alcalde durante dos décadas, el popular Miguel Ángel Cámara. Si ya en 2012, con motivo de su declaración como imputado por el 'caso Umbra' de presunta corrupción urbanística, atribuyó toda la responsabilidad de las presuntas recalificaciones ilegales en el norte del municipio a los informes de los técnicos municipales, ayer volvió a hacer lo mismo para justificar el derribo de la guardería pública del barrio de La Paz en 2007.

El exalcalde acudió ayer a prestar declaración, en calidad de investigado -antes imputado-, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, Ana Isabel Navarro, que investiga la demolición presuntamente ilegal de la escuela infantil de La Paz para permitir el arranque de la rehabilitación del barrio. Sin embargo, estas obras, impulsadas por el promotor José López Rejas, nunca llegaron a ponerse en marcha y los vecinos perdieron ese centro público, lo que ha obligado desde entonces a acoger a los niños de hasta tres años de edad en un pabellón prefebricado.

A su llegada a la Ciudad de la Justicia, acompañado por los abogados José María Caballero Salinas y Vicente Sanmartín, el exregidor de Murcia se tentó las ropas cuando los periodistas le preguntaron quién había dado la orden de demoler la guardería. Como si resultara absurda la mera hipótesis de que la decisión fuera suya, Cámara afirmó: «Desde luego, yo no».

Toda su argumentación, fuera y dentro del juzgado, consistió en achacar la responsabilidad a los funcionarios municipales y a sus informes. «Todas las decisiones que se tomaron se hicieron de acuerdo a lo establecido en la ley vigente, previos informes técnico-jurídicos, con soporte y de forma nada arbitraria», indicó a los periodistas.

No le resultó tan sencillo mantener esa postura ante la juez, el fiscal y el abogado de la Asociación Nuevo Barrio, José Manuel Muñoz, que no se conformaron con esa simple explicación. Para empezar, tanto el representante del Ministerio Fiscal como el abogado de la acusación particular expresaron sus dudas sobre el aparente desconocimiento de Cámara acerca del origen de la orden de derribo, como también acerca de que los supuestos informes técnicos fueran realmente eso.

Así, pusieron en cuestión que lo que se presentó como un informe proponiendo la demolición tuviera esa condición. En realidad, señalaron fuentes próximas al caso, se trataba de un proyecto de demolición, y no de un documento en el que se ofrecieran razones para tirar al suelo la escuela infantil. «Alguien encargó un proyecto de demolición de la guardería en 2007 y luego se utilizó ese mismo documento como si fuera un informe justificando el derribo», señalaron las fuentes mencionadas.

Y aunque las acusaciones pública y privada insistieron en que no es creíble que se echara al suelo un edificio público sin que algún alto responsable municipal adoptara esa decisión política, Cámara aseguró que tal decisión no partió de su persona. Más todavía, cuando se le recordó que algunas declaraciones prestadas anteriormente en el juzgado indicaban que las decisiones se habían adoptado en la Oficina de la Alcaldía, se escudó en que ese órgano estaba constituido «por más personal», además del propio alcalde.

Solo «líneas generales»

Una de las principales cuestiones del interrogatorio se centró en tratar de esclarecer hasta qué extremo estaba Cámara al corriente de los planes del promotor López Rejas, y también en ese punto concreto echó balones fuera. Pese a que el entonces alcalde se convirtió en su día en uno de los principales valedores del proyecto privado de rehabilitación de La Paz, ayer -siempre según las mismas fuentes- sostuvo que solo conocía las «líneas generales» y que nunca entró en detalles sobre ese asunto ni con el empresario ni con el entonces concejal de Urbanismo, Fernando Berberena. «El proyecto me lo presentaron los vecinos», dijo.

Las expresiones de sorpresa que en ese momento se produjeron por parte del letrado de Nuevo Barrio, José Manuel Muñoz, habrían llevado al abogado defensor José María Caballero a quejarse ante la juez por las «valoraciones» que estaba realizando su colega de la acusación particular.

Cámara acabó recordando, a preguntas de su propia defensa, que el Ayuntamiento de Murcia ni siquiera tenía la obligación de garantizar el mantenimiento del servicio de educación infantil, ya que legalmente la educación obligatoria se inicia a partir de los tres años de edad.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia consideró ayer «indignas» las declaraciones del exalcalde. A juicio de la concejal Susana Hernández, «la decisión de Cámara y su equipo de Gobierno en el año 2007 para favorecer a un amigo ha venido perjudicando desde hace casi nueve años a más de 110 niños y sus familias».

Para la edil socialista, lo que queda claro es que «la guardería no se autoderribó ni desapareció por arte de magia, por lo que Cámara debe asumir su responsabilidad y dejar de mentir a la ciudadanía y de intentar echarle la culpa a los funcionarios».