Los funcionarios recuperarán la extra de 2012 entre el próximo año y el siguiente

Los cerca de 50.000 funcionarios de la Comunidad cobrarán lo que tienen pendiente de percibir de la extra de 2012 entre el próximo año y el siguiente. El Gobierno regional cerró ayer un acuerdo con UGT, SATSE, ANPE y Sindicato Médico (CESM) que fija el pago del 38% de la paga en enero de 2016 y de otro 37% en enero de 2017 (el 24% restante se cobró el pasado mes de marzo). Comisiones Obreras, CSIF y la Intersindical exigieron que los empleados públicos perciban ya una parte de la extra antes de final de año, y se negaron por ello a sumarse al acuerdo.

La reunión de la Mesa General se prolongó durante más de tres horas. El debate fue intenso y finalmente hubo acuerdo después de que UGT pidiese la inclusión de una cláusula que establece que «si la situación económica lo permitiera se abonaría el 26% (de la extra de 2012) en el mes de diciembre». Por lo que respecta al complemento específico de las extras de 2013 y 2014, que los funcionarios tampoco cobraron en su momento, «se establecerá el calendario de recuperación, que deberá iniciarse en 2018 o con anterioridad si la situación económico-financiera lo permite».

La Mesa General acordó además «un impulso decidido a la oferta pública de empleo», que en todo caso deberá concretarse en las mesas sectoriales. Se primará la consolidación de empleo temporal, «con el fin de resolver la situación en que se encuentra el personal interino de larga duración y el personal laboral indefinido no fijo». Este proceso «tendrá carácter preferente sobre los procesos de acceso libre y promoción interna», reza el documento pactado por la Administración y la mayoría sindical. El Ejecutivo se compromete a convocar anualmente procesos de promoción interna. Además, las embarazadas «tendrán derecho a disfrutar de un permiso retributivo» a partir de la semana 37 de gestación.

Incapacidades temporales

El pacto alcanzado ayer, bautizado como Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, sienta las bases de la negociación de las mesas sectoriales y general hasta el año 2020. Entre las novedades destaca el reconocimiento del 100% de la retribución a los empleados públicos a partir del día 21 de baja, cuando hasta ahora no se recupera la totalidad de esa retribución hasta el día 41. Además, se amplía el catálogo de enfermedades graves en la que no se aplica reducción salarial durante la incapacidad temporal.

El documento incluye también la recuperación de días adicionales de vacaciones por antigüedad y el compromiso del Gobierno de presentar un borrador de la nueva Ley de Función Pública.

El Ejecutivo subrayó en un comunicado que el acuerdo «supone una mejora del empleo público», «la recuperación de las condiciones de trabajo» y el desarrollo «de un nuevo modelo de función pública». Entre los sindicatos críticos, CC OO denunció que se trata de una «mini-recuperación en materia de derechos» y «una burla». Comisiones rechazó «frontalmente» el documento y lamentó «que propone una recuperación de menos del 3% del plan de acción social». El sindicato exigió un incremento del 2,5% de las retribuciones (el acuerdo plantea un aumento del 1%) y la jornada de 35 horas, entre otras reivindicaciones. Manuel Villanueva, secretario general del Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS-Intersindical), también rechazó el acuerdo y pidió «el fin de los recortes».

Entre los sindicatos firmantes, UGT valoró que «se trata de un inicio de recuperación», y prometió hacer «un seguimiento estrecho».