Los funcionarios terminarán de cobrar la extra que les deben en enero de 2017

El Gobierno regional y las organizaciones sindicales ANPE, SATSE, UGT y CESM han suscrito un acuerdo para el periodo 2015-2019 en el que se establecen medidas de recuperación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.

Este acuerdo es fruto del diálogo social y supone una mejora del empleo público, de la promoción interna, la recuperación de las condiciones de trabajo y el desarrollo de un nuevo modelo de la Función Pública.

El Gobierno regional destaca que «esto ha sido posible en un momento de recuperación y crecimiento económico que permite devolver los esfuerzos realizados por los empleados públicos y que, en la medida de lo posible, vean mejoradas sus condiciones laborales».

El Ejecutivo murciano presentó a los sindicatos, con representación en Mesa General de la Función Pública, su propuesta en materia de función pública, que se incluirá en el anteproyecto de Ley de presupuestos de 2016.

La propuesta recoge una importante mejora de la oferta de empleo público, para el periodo de vigencia del acuerdo, que reduzca la tasa de temporalidad, oferta pendiente de negociación con las organizaciones sindicales, y un incremento salarial del 1% para todos los empleados públicos, así como el cobro íntegro de las pagas extras de 2016.

En cuanto al abono de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, de la que este año se ha recuperado un 24,04%, se acordó el abono del 38,25% en enero del próximo año y del 37,71% en enero de 2017, con lo que se recuperaría la totalidad de la misma.

Asimismo, se recuperarán los conceptos retributivos dejados de percibir en las pagas extras de diciembre de 2013 y junio de 2014, correspondientes al complemento autonómico, para lo que se elaborará un calendario de aplicación, a partir de 2018, salvo que la situación económica permita abordarlo con anterioridad.

En el acuerdo se refleja la recuperación de derechos como los días adicionales de vacaciones y permisos por asuntos particulares por antigüedad, además del compromiso del Gobierno de presentar, en el plazo de dos meses, un borrador de anteproyecto de Ley de la Función Pública Regional.