Los ciudadanos tendrán cinco medios de influir en las decisiones de gobierno

La Ley de Transparencia y Participación Ciudadana contará con el reglamento que la desarrolla en breve. Tras un proceso que arrancó el pasado 20 de abril y culminó hace apenas dos semanas, el borrador del reglamento está ya en fase de tramitación y podría aprobarse a corto plazo. Las tres fases -consulta pública, debate y retorno- en las que se dividió el proceso de «deliberación participativa» para la elaboración del borrador han implicado a más de 300 ciudadanos y colectivos sociales, según informó ayer la portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, quien indicó que «el 80% de sus aportaciones» han encontrado acomodo en el texto normativo.

El texto incluye siete títulos y 38 artículos, y establece la creación de un censo de participación ciudadana «público» necesario para que tanto personas como asociaciones puedan sumar sus aportaciones a la labor de gobierno, solicitando en qué «política sectorial» tienen interés en participar. Además, reserva a las consejerías «la iniciativa para llevar a cabo un proceso de participación ciudadana», que además deberá contar con un proyecto y un «equipo de coordinación técnica».

21 miembros en los foros

El borrador incluye hasta cinco medios de participación. El más sencillo serían las «aportaciones ciudadanas», que consisten en consultas a través de internet, foros de discusión o sondeos generales de opinión. Le sigue en el ordenamiento las «consultas públicas», que pueden afectar a anteproyectos de ley, proyectos de disposiciones de carácter general, planes, programas o estrategias, así como cualquier «instrumento de planificación o políticas públicas que se consideren relevantes». Las consultas públicas se realizarán a través de cuestionarios o encuestas, preferentemente a través de medios telemáticos.

El tercer instrumento son los denominados «foros de participación», mediante los que «se recaba la opinión y propuestas de un grupo de personas designadas por la Administración Regional». Estos foros contarán con un máximo de 21 miembros, divididos a partes iguales entre ciudadanos y asociaciones -inscritos en el censo de participación-; y miembros de la propia administración.

Los foros estarán abiertos a la participación de los miembros del censo de participación, y en el caso de que su número excediera los 21 establecidos como tope, la selección se realizaría por sorteo.

Las «iniciativas ciudadanas» cubren el hueco dejado por el reglamento al reservar a la Administración la -precisamente- iniciativa de un proceso de consulta. En este caso, serían los murcianos y las asociaciones -siempre que estén en el censo que establece la normativa- las que «inicien un procedimiento de regulación» sobre una temática concreta. Las iniciativas deberán ser respaldadas con recogidas de firmas, aunque los promotores deberán comunicar antes ante la consejería competente su intención de recabar las rúbricas. Si finalmente la iniciativa es rechazada -el reglamento no establece el número mínimo de firmas necesarias para evitarlo, aunque se habló de 6.000-, podrá tramitarse a través del mecanismo de petición.

Por último, el más relevante de los medios por los que la ciudadanía puede influir en la acción de gobierno es el «proceso de deliberación participativa». A través del mismo y un mecanismo que combina medios telemáticos con grupos de trabajo, sesiones y foros, el Ejecutivo recabará propuestas, opiniones y sugerencias de los ciudadanos y la sociedad civil.

El proceso incluye tres fases. A la informativa y de debate seguiría la de retorno, en la que se publicarían los resultados. Como en el resto de procesos, la Administración deberá razonar en su caso la aceptación o rechazo de las propuestas.