La juez de Lorca cita el 14 de julio a Pedro Antonio Sánchez por el 'caso Auditorio'

En un auto notificado ayer, la juez del Juzgado de Instrucción número de 1 de Lorca, Consuelo Andreo Ruiz, ha comunicado la admisión a trámite de la querella presentada contra Pedro Antonio Sánchez y una docena de funcionarios del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y la Consejería de Cultura por el llamado 'caso Auditorio'. Además, en el mismo auto, la juez de Lorca ha ordenado la práctica de las primeras diligencias, incluida la toma de declaración de los querellados, que han sido citados los próximos días 13 y 14 de julio.

En concreto, el día 14 han sido citados el consejero de Educación y Cultura, Pedro Antonio Sánchez; el director general de Promoción Cultural, Antonio Martínez López y, Ana María Fructuoso Sánchez, jefa de Servicio de Promoción Cultural. La juez señala que la citación tiene por objeto «conferirles traslado de la querella e informarles de los hechos que se les imputan, permitiéndoles así ser oídos acerca de su posible intervención en la ejecución del hecho punible y ejercitar el derecho de defensa en su más amplio concepto».

Añade la juez Andreo Ruiz que, utilizando esta vía, podrá «imputar el hecho delictivo a las personas querelladas para que asuman el status de imputado y pueda dirigirse contra ellas acusación». En este sentido, señala que Sánchez y el resto de los querellados deben acudir a esa cita en el juzgado con asistencia letrada.

Dado que Sánchez es diputado de la Asamblea Regional, goza de aforamiento y en ningún caso podría ser imputado por la juez del juzgado lorquino, que debería remitir, si apreciara indicios de delito, de nuevo su caso concreto al TSJ. No obstante, la citación de Pedro Antonio Sánchez se produce en un momento político especialmente sensible porque su investidura como presidente regional está prevista para los próximos lunes y martes, después del pacto alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos. Sin duda, esta citación por el juzgado de Lorca centrará hoy todo el debate político y es de esperar múltiples reacciones de los partidos políticos con representación en la Asamblea Regional.

Como se recordará, la querella del caso Auditorio fue presentada por el fiscal jefe, Manuel López Bernal, ante el Tribunal Superior de Justicia, que por decisión de la Sala de lo Civil y Penal acordó remitir la querella al juzgado de Lorca, con el voto discrepante del juez Manuel Abadía y los votos favorables de los magistrados Juan Martínez Moya, Pascual del Riquelme y Enrique Quiñonero. La decisión del TSJ fue motivo de varias querellas ante el Supremo por parte del PSOE de Puerto Lumbreras y Podemos contra estos magistrados que decidieron la remisión del caso a Lorca. La juez de Lorca asume ahora la competencia por unos hechos que entrañan indicios de delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración y delito de falsedad en documento oficial.

El día 13 se producirán las primeras citaciones de la juez. Se trata de siete personas que formaban parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras cuando se produjeron los hechos que son objeto de investigación en esta querella. Una vez informados de la acusación, la juez podrá decidir si imputa hechos delictivos y si asumen el status de imputado.

Pagos al arquitecto

Las declaraciones en sede judicial del conjunto de querellados no son las únicas diligencias ordenadas por Consuelo Andreo Ruiz. En concreto, ha solicitado al coronel jefe de la Quinta Zona de la Guardia Civil que la unidad policía judicial investigue la compra, pago y utilizado de acopios que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras certificó por un importe de 1.943.162 euros. También ha pedido a la Agencia Tributaria que informe de los pagos realizados al arquitecto del auditorio de Puerto Lumbreras, Martin Lejarraga, entre los años 2006 a 2011, por los proyectos presentados para la construcción, asesoriamiento y dirección del citado proyecto. Como se recordará, el fiscal superior, Manuel López Bernal, señalaba en su querella un cúmulo de «disparates en la contratación administrativa», como «colofón de todos los despropósitos» que supuestamente se cometieron a lo largo y ancho del proyecto de redacción, en la licitación, en la adjudicación, en la ejecución, en la modificación del proyecto y en la recepción de las obras de esas instalaciones».

Miembros de la Junta

También reclama la juez al Colegio de Arquitectos que le informe de quién era decano del mismo en diciembre de 2007, y que informe igualmente si Alberto García Alarcón está colegiado. Por último, la juez ha librado un oficio al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para que concrete quiénes eras los miembros de la Junta de Gobierno local que participaron en dos acuerdos de febrero y marzo de 2008.