El fiscal apunta a que «los cohechos iban dirigidos a Valcárcel para remover los obstáculos del proyecto»

El instructor del 'caso Novo Carthago', Manuel Abadía, llevaba desde el pasado viernes pendiente de que el Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, emitiera un informe sobre las medidas legales que se debían adoptar contra el expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y un grupo de familiares de éste, además de dos promotores. Y ayer a mediodía, en cuanto le llegó el escrito, Abadía dictó un auto imputando a todas esas personas, salvo a Valcárcel, a quien situó en posición de preimputado.

El fiscal había hecho constar en su informe que el magistrado aludía a posible cohechos, «y supuestamente tales cohechos iban dirigidos en última instancia a Ramón Luis Valcárcel para que removiera los obstáculos legales existentes en el proyecto Novo Carthago». En concreto, Lozano apuntaba a que el expresidente del Ejecutivo murciano «pudo haber obtenido beneficios derivados de la compra a bajo precio de un solar por Faromur Promociones, utilizando a su cuñado como testaferro».

La conclusión a la que llega el Fiscal Anticorrupción sobre este familiar de Valcárcel, Juan Francisco Cruz Alfaro, así como sobre su hija mayor, Rosario; su yerno, Fulgencio Perán Jiménez, y dos socios de Faromur, Juan Sánchez Carrillo y José Alberto Meroño Garriga, es que existe «conexidad procesal» de todas esas personas, «por lo que deben ser llamadas a declarar como imputados».

Por lo que respecta a Valcárcel, Lozano hace constar que, al margen de los indicios de delitos que existan o no contra el expresidente, lo cierto es que está aforado. De ahí que advirtiera al juez de que debía enviar el caso al Supremo, mediante Exposición Razonada, u ofrecerle la opción de personarse en las actuaciones y de prestar declaración voluntariamente. Una opción, esta última, por la que ha optado el magistrado Abadía.