Trampolín Hills promete devolver el dinero a los clientes cuando expiren los contratos

«Si cumplido el contrato no está en marcha el proyecto, devolveremos el dinero». La promesa de Diego De Ramón, letrado del Grupo Trampolín Hills, sonó clara y rotunda y fue secundada por el propio consejero delegado de la empresa, Juan Francisco Canales: «Los clientes no tienen por qué preocuparse porque tienen el dinero garantizado».

Dieron la cara. Ésa era la motivación que condujo a De Ramón y Canales, como representantes de Trampolín Hills, a ocupar este martes pasado sus asientos en El Debate de Canal 6. La primera pregunta, de la boca del presentador y director del programa, Joaquín García Cruz, fue directa al grano: «¿Es Trampolín una estafa?».

«Si lo fuera, no estaríamos aquí», aseguró Canales.

La otra cara de la moneda vino de la mano de Domingo Marín, uno de los muchos clientes que confiaron en esta empresa y que, a día de hoy, han perdido casi la esperanza de asistir al inicio de la construcción de sus viviendas. «Vimos el proyecto, nos informamos en el Ayuntamiento y compramos». Ahora reclama por la vía civil los 24.000 euros entregados a cuenta de la construcción de la vivienda, pero además ha instado a su abogado a presentar una querella por estafa.

Para su batalla particular cuenta con la ayuda de Francisco Valdés Albistur, el letrado que defiende su causa y la de otros tantos clientes del grupo. «Lo único que quiero saber es cuándo va a poder cobrar mi cliente». Valdés fue la voz de los afectados en el plató de Canal 6 y consiguió extraer una firme promesa de los representantes de Trampolín: «El dinero será devuelto».

Unas 2.000 familias respiraron aliviadas tras escuchar, de la boca del propio letrado de Trampolín, que iban a recibir uno a uno todos los euros que han depositado en este proyecto, si es que la urbanización no llega a ser construida o si se incumplen los compromisos adquiridos por la promotora. El único requisito, según De Ramón, sería la expiración del plazo fijado en los contratos. Una posible solución a este conflicto que está, sin embargo, por ver.

Contratos ya vencidos

Y es que no parece tan sencillo devolverle el dinero a todos los clientes que así lo reclamen. Prueba de ello la dieron algunos de los muchos -varias decenas- de compradores que telefonearon a Canal 6 con el deseo de participar en el debate y explicar su caso concreto, lo que hizo que se llegase a bloquear la centralita. Uno de ellos, Ángel Martínez Sánchez, vecino de Torrevieja, explicó que ha invertido 63.000 euros en la compra de un apartamento en Trampolín Hills -costaba un total de 90.000 euros-, procedentes de un dinero obtenido por la venta de un local comercial.

«Mi contrato venció el 6 de febrero pasado -explica Ángel Martínez- y aunque he reclamado la devolución del dinero, no hay forma de que me lo entreguen. Me dicen que no tienen liquidez».

De forma similar se pronuncia el letrado Joaquín Guzmán, que representa a varios compradores y que señala que en varios casos ya ha expirado la validez de los contratos. «Hemos reclamado por burofax la devolución de las cantidades entregadas a cuenta y se nos ha negado», indica.

Ésta, la devolución del dinero, no sería, sin embargo, la única salida al problema que se planteó en el plató. «Con que dimita el alcalde de Campos del Río, la situación ya quedaría resuelta», sostuvo Ricardo Fernández, jefe de Local del diario La Verdad. «Él ha acabado por convertirse en parte del problema».

Esta opinión fue compartida, asimismo, por los representantes de Trampolín, que aseguraron no creer «que sea el PP el que tenga que aprobar el proyecto». Canales expresó su convicción en que es el alcalde el que debe mover ficha para dar una solución al problema y que su actitud «es de una irresponsabilidad política tremenda».

Avales bajo sospecha

La posible nulidad de los avales de algunos de los clientes de Trampolín Hills fue otro de los campos de batalla en el que los dos abogados se vieron las caras. Fernández fue, en cambio, el único que se atrevió a expresar abiertamente sus dudas en torno a la legalidad de estos trámites, una sospecha que ya había quedado plasmada en las páginas de este diario. «La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias informativas porque cree que estos avales podrían ser nulos». De Ramón no se acobardó ante esta evidencia y recordó que estas acciones judiciales son simplemente «informativas, no concluyentes».

La búsqueda de una posible solución al conflicto ha llevado al letrado de la empresa a rastrear en busca de una posible salida legal. «Me he comprometido, como profesional, a que en 30 días este tema tiene que estar resuelto», sentenció De Ramón.

Fernández supo leer entre líneas y adivinó las intenciones del letrado. «Lo que pretende es forzar que el proyecto se apruebe por silencio administrativo». Una estrategia, de dudosa viabilidad, que De Ramón confirmó.

Con esa voluntad, el abogado ya tiene prevista para mañana una reunión con un alto cargo de la Comunidad Autónoma, cuya identidad no desveló, con el fin de buscar un solución a la situación de bloqueo del proyecto.

Si esa opción no prospera, el abogado anunció acciones legales. «Pienso demandar a la Administración regional y local si este proyecto no sale adelante. Voy a reclamar 72 millones de euros y voy a sacarles del blindaje que tienen como miembros de la Administración. Voy a ir a buscar sus casas y sus coches», advirtió.