Los ecologistas reclaman que una misión europea visite el «ecocidio» del Mar Menor

Segundo intento de varias organizaciones sociales de la Región de Murcia para que Bruselas tome cartas en la recuperación de la laguna salada: Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, ANSE, Federación de Vecinos de Cartagena y Comarca y pescadores de San Pedro del Pinatar comparecieron este miércoles ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para mantener viva la reclamación que interpusieron a finales de 2016 por la degradación del humedal, y a la que este órgano contestó «de forma insatisfactoria, dando por buenas las explicaciones del Gobierno regional», en palabras del abogado ambiental Eduardo Salazar, que intervino en representación de las cinco entidades. Esta nueva comparecencia obedece a una convocatoria de la Comisión de Peticiones, «suponemos que porque saben que la situación ha empeorado».

El argumento básico de las organizaciones sociales es que desde el episodio de la 'sopa verde' de la primavera de 2016 el estado del Mar Menor se ha agravado y la Administración regional no ha tomado las medidas necesarias para revertir lo que Eduardo Salazar definió como un «ecocidio en el que una especie, la humana, ha acabado con todas las demás». El jurista ambiental trasladó al Parlamento Europeo el «clamor social» por la «destrucción de un ecosistema» que procura «numerosos servicios económicos, ambientales y culturales» a miles de personas y reclamó dos iniciativas a las autoridades europeas: la visita de una misión de eurodiputados que se desplace a la Región y compruebe la «situación gravísima» del Mar Menor, y que la CE abra un procedimiento de infracción por el mal estado de la laguna.

Eduardo Salazar sostiene que ambas peticiones están justificadas: la primera, porque «solo pisando el terreno» es posible hacerse una idea de la degradación del Mar Menor; y la segunda, pese a que Bruselas tiende a abrir expedientes más amplios y por incumplimiento de directivas comunitarias, por la magnitud de esta catástrofe ecológica. El Parlamento Europeo ya desestimó recientemente el envío de un grupo de eurodiputados al Mar Menor (la iniciativa del grupo parlamentario de Izquierda Unitaria no contó con los votos suficientes), pero las entidades conservacionistas confían en que más adelante sea posible, y que de esta visita salga un informe que empuje a la CE a adoptar medidas.

Las entidades sociales recordaron la proliferación de regadíos ilegales (9.600 hectáreas según la CHS) y criticaron que las medidas de la Comunidad Autónoma no aborden el problema «en origen» y se limiten a «soluciones de infraestructura». Eduardo Salazar criticó la «tolerancia Administrativa» en la Región y la «omisión del deber de vigilancia» de la Comisión Europea. «El ecocidio del Mar Menor necesita de la intervención enérgica de la Unión Europea. Les pedimos una vez más que nos ayuden a salvar un ecosistema único que alimenta el bienestar de miles de seres humanos», terminó.

Este órgano de participación social del Parlamento Europeo cerró la sesión con la decisión de mantener abierto este trámite, así como reclamar más información al Gobierno regional y trasladar a la Comisión de Medio Ambiente la petición de que una misión de eurodiputados visite el Mar Menor.

También intervino ante la Comisión de Peticiones el coordinador general en la Región de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, quien argumentó la reclamación de su partido interpuesta en octubre del año pasado, tras el episodio de anoxia que devino en una mortandad masiva de peces y crustáceos. Álvarez-Castellanos puso el acento en la «vulneración» de la directiva comunitaria de agua, que habría perjudicado especialmente al Mar Menor, y en que no está justificada la cláusula de excepcionalidad que permite retrasar el buen estado de la cuenca hidrográfica hasta 2027.

El líder de IU-Verdes en la Región aseguró que el Ejecutivo autónomo está más interesado en «favorecer a la agroindustria exportadora» que en recuperar el Mar Menor, y censuró también la omisión en el control y vigilancia por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura.