Cuando todos los chalés tenían vistas al mar
El carpetazo del Supremo a Marina de Cope cierra una era de proyectos inmobiliarios fallidos en espacios protegidos
Era otra época y valía casi todo. La economía iba como un tiro hace veinte años y la construcción tiraba con fuerza de todos los ... sectores productivos. Espacios protegidos singulares, como saladares y llanuras semiáridas con especies de flora únicas en Europa, se veían desde el Gobierno regional como «secarrales donde solo habita la lagartija de rabo 'colorao'», en palabras del entonces presidente Ramón Luis Valcárcel. El medio ambiente, se decía sin complejos, era un estorbo para el progreso.
El término 'resort' se puso de moda y comenzaron a florecer faraónicos proyectos urbanísticos, alentados por el Ejecutivo autónomo, adosados a espacios protegidos o directamente incrustados en ellos. Una oportunidad para cambiar el modelo económico desde la agricultura al turismo de calidad, se insistía desde el Palacio de San Esteban, que alentaba la edificación de grandes complejos con miles de viviendas, hoteles y campos de golf. Con escaso respeto hacia su propia normativa ambiental, como se demostró más tarde.
Dos décadas después, el castillo de naipes ha caído por completo. Una a una, todas las 'ciudades de vacaciones' se han desinflado, la última de ellas Marina de Cope. Ya se había desechado desde que el Tribunal Constitucional anulara en diciembre de 2012 la modificación de la Ley de Suelo regional que hacía posible la construcción del «mayor 'resort' del Mediterráneo» en el litoral deshabitado de Águilas y Lorca, pero quedaban flecos judiciales pendientes tras un recurso de Iberdrola y la Asociación Colaboradora de Propietarios ante el Tribunal Supremo que podía abrir un nuevo escenario si se reconocía el derecho a construir en el Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre.
La decisión del Supremo, notificada el pasado 30 de octubre, ratificó sin embargo la validez jurídica del espacio protegido, que cuestionaban los demandantes, y cerró la última posibilidad de urbanizar la llanura costera.
Denuncias ecologistas
La sentencia supone el fin de una era en la que gobernantes y promotores inmobiliarios marcharon peligrosamente de la mano en iniciativas de dudosa legalidad como La Zerrichera (Águilas), Puerto Mayor (La Manga, en el término municipal de San Javier), Paramount Park (Alhama de Murcia), Lo Poyo y Novo Carthago (ambos en Cartagena, junto al Mar Menor). La sucesión de dictámenes judiciales, siempre con colectivos ecologistas y ciudadanos como denunciantes, también ha dejado un mensaje claro: los espacios protegidos no se tocan.
El primer macroproyecto que pinchó fue Puerto Mayor, un gran puerto deportivo con miles de viviendas proyectado junto al Canal del Estacio, cuya construcción fue paralizada cautelarmente en 2005 por el Tribunal Superior de Justicia. Tenía permiso de obras del Gobierno regional en base a una concesión otorgada en 1975, pero el TSJ consideró «inadmisible» un desarrollo de esa envergadura en el dominio público marítimo-terrestre. Tras un accidentado camino administrativo y judicial, el Consejo de Gobierno consideró caducada la concesión en agosto pasado y dio dos meses a la empresa promotora para que desmontase las grandes tablestacas de acero que alteran desde hace quince años la Caleta del Estacio. El plazo cumplió el 19 de octubre y los armatostes metálicos siguen donde estaban.
Antes del 'resort' previsto en Águilas y Lorca cayeron Puerto Mayor, Lo Poyo, La Zerrichera y Paramount Park. Novo Carthago también está descartado
También en 2005 estalló el caso de La Zerrichera, una finca de 250 hectáreas recalificada como suelo urbanizable por el Ayuntamiento de Águilas pese a su condición de Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Área de Protección de la Fauna Silvestre. El objetivo era levantar 4.000 viviendas, hoteles y campos de golf –el menú urbanístico habitual– en plena Sierra de Almenara. Después de diez años de investigación, tres ex altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente fueron condenados por prevaricación y falsedad en documento oficial.
En 2006, en los estertores del 'boom' inmobiliario, la Comunidad Autónoma renunció a la recalificación de parte del humedal de Lo Poyo, un espacio protegido junto al Mar Menor donde se iban a levantar 5.000 casas y un campo de golf. El expresidente Valcárcel alegó motivos «legales y morales» para descartar un proyecto impulsado administrativamente por el Ayuntamiento de Cartagena, que dirigía su compañera de partido Pilar Barreiro.
La posible desprotección de Lo Poyo había sido muy criticada por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y estaba en el punto de mira de las investigaciones judiciales en torno a las actividades de Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama corrupta en el Ayuntamiento de Marbella.
También está prácticamente suspendido Novo Carthago, que contemplaba 6.000 viviendas, dos campos de golf y dos hoteles de lujo en el Mar Menor, junto al monasterio de San Ginés de la Jara. La nueva ley de protección de la laguna y el Programa Verde del Ministerio hacen inviable un proyecto que solo sigue vivo en los juzgados por la presunta corrupción de funcionarios y políticos. Están imputados los exconsejeros Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, junto a seis ex altos cargos del Gobierno regional, por el intento de recalificar terrenos protegidos en el humedal.
El penúltimo delirio inmobiliario en caer fue Paramount Park, un parque de atracciones basado en películas de Hollywood, en Alhama de Murcia, que invadía el Parque Regional El Valle-Carrascoy. Ramón Luis Valcárcel –de nuevo– y su consejero de Turismo, Pedro Alberto Cruz, avalaron un proyecto impulsado por el fallecido Jesús Samper, expresidente del Real Murcia.
Aunque se puso la primera piedra en 2012, nunca llegó a arrancar y quedó tocado de muerte en 2017, cuando el TSJ estimó un recurso de Ecologistas en Acción y anuló el Plan Especial de Ordenación del complejo turístico y recreativo. El Ayuntamiento de Alhama no tuvo otra salida que anular el proyecto en agosto de 2018 con una escueta resolución publicada en el Boletín Oficial de la Región.
«Nuevo enfoque» en el Gobierno
El tiempo post-Covid, con la salud pública y el medio ambiente en el centro de todos los debates, plantea nuevos retos, y el Gobierno regional es consciente de que es necesario cambiar el rumbo: «Por ello hemos desarrollado la Estrategia de la Arquitectura y Construcción Sostenible (EACS), que debe suponer un nuevo enfoque de todo el proceso de diseño y desarrollo de la planificación territorial, que garantice la conservación natural apoyándose en una interacción humana ecoeficaz, sostenible y responsable», explica a LA VERDAD el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga.
«Estamos planteando las actuaciones territoriales desde una nueva perspectiva encaminada hacia un mayor protagonismo de los valores naturales, siguiendo la senda que nos marca la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de pensar en una ordenación territorial que vaya a favor de la naturaleza en lugar de enfrentarse a ella, que fomente hábitos de vida saludable y que garantice mejores condiciones de vida a los ciudadanos, a través de una mayor integración en el medio», insiste el consejero.
El nuevo urbanismo deberá respetar el paisaje y los valores naturales, según la decana del Colegio de Arquitectos, María José Peñalver
«No debemos perder el objetivo claro de buscar el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad», reflexiona la decana del Colegio de Arquitectos de la Región, María José Peñalver. «Para tal fin, se ha ido ampliando y modificando la legislación en materia de urbanismo y medio ambiente. Aun así, se escapan aspectos que sin ser entendidos como desarrollistas se podría cuestionar su emplazamiento, como invernaderos casi en primera línea de playa o en paisajes de gran interés», opina.
Peñalver sostiene que «con estas nuevas consideraciones, que eran impensables hace 15 años, veremos otros proyectos urbanísticos» que deberán justificar su «gran calidad» con una «perfecta ubicación y asentamiento, respetando y aprovechando sus recursos naturales, y al servicio del individuo con objeto de poder disfrutar de su entorno».
El derrumbe del sueño inmobiliario dejó daños colaterales que aún se siguen pagando: la ruinosa autopista Cartagena-Vera, construida para facilitar la llegada masiva de turistas y nuevos residentes, tuvo que ser rescatada por el Estado en 2018. El aeropuerto de Corvera, otra infraestructura planeada para el soñado aluvión de visitantes, tuvo que ser asumido por la Comunidad Autónoma tras un largo desencuentro judicial con la concesionaria; al menos se llegó a un acuerdo para que lo gestionase AENA después de varios años con la obra terminada y sin aviones. Y la desaladora de Escombreras, proyectada con el objetivo de abastecer de agua a los ayuntamientos costeros y nuevos desarrollos urbanísticos, supuso un agujero de más de 600 millones en el erario público. Los tribunales siguen investigando la posible adjudicación irregular a ACS de esta planta, promovida por el Ente Público del Agua (un órgano creado por el Gobierno regional para sortear el control de la Confederación Hidrográfica del Segura).
Pedro García: «Todo parecía estar en venta»
El director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Pedro García, recuerda la «enorme ansiedad» de «los años más desarrollistas de los Gobiernos del PP con Ramón Luis Valcárcel. Parecía como si todo estuviera en venta y muchos gobernantes e inversores se hubieran vuelto locos por cambiar normas y facilitar la ocupación de la mayor parte del territorio con 'proyectos de desarrollo'. La simpleza del mensaje era aterradora por suicida: 'la Región de Murcia tiene derecho a desarrollarse' y necesita 'Agua para todos'».
«Se amasó en despachos urbanísticos, de empresas constructoras y del Gobierno regional una enorme olla a presión en la que se cocinaban las normativas legales, grandes y costosas infraestructuras, urbanizaciones y campos de golf por doquier, polígonos industriales en cada pueblo, y se jugaba con los ahorros y dineros de bancos y cajas, que participaron de lleno en la fiesta», se lamenta Pedro García.
«Los gobernantes del PP y no pocos empresarios minusvaloraron el poder de las leyes, despreciaron a las organizaciones de defensa de la naturaleza y la ciudadanía que protestaba por la bomba de relojería que se estaba fabricando, y cuando la olla reventó salieron corriendo y colocaron a las riendas del desastre a unos sucesores que solo están intentando salvar los muebles y prorrogar la agonía, echando las culpas a otros, principalmente al Estado y al Gobierno de coalición, mientras siguen despreciando al medio ambiente y apostando por modelos de desarrollo insostenibles», denuncia el director de ANSE.
En opinión del dirigente ecologista, «recuperar la Región de sus graves problemas ambientales, sociales y económicos no se puede hacer apostando por lo de siempre, más y más crecimiento y nada de planificación, a costa de más recursos externos (agua, energía o dinero) y mayor destrucción interna».
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