La presión del campo obliga a Europa a poner la PAC en el centro de sus políticas

Bruselas, pese a todo, no ha podido esquivar una oleada de protestas que, durante el último año, ha ido avanzando por casi todos los países comunitarios, con especial incidencia en Bélgica y Francia. La mayoría de las reivindicaciones tenían como diana los gobiernos estatales, pero el germen del enfado ha sido las políticas agrícolas impulsadas esta legislatura que llega a su fin, pero aderezadas con un fuerte componente medioambiental mal visto por el sector agrícola.

El próximo periodo legislativo incluye también el diseño de la PAC a partir del 2027, cuando deba elaborarse otro marco normativo que regule el reparto de ayudas y qué criterios tendrán más peso para la UE a la hora de repartir cantidades. «La PAC sigue cayendo en saco roto. Bruselas le ha dado prioridad a las políticas medioambientales sobre la producción primaria, y eso ha tenido sus consecuencias», explica José Miguel Marín, presidente de Coag Murcia. El líder de la organización agraria cree que, antes que ponerse a plantear cómo debe configurarse la PAC de la próxima década, hay que pasar por una «reforma intermedia» de la actual.

El pasado mes de abril, a las puertas de finalizar la actividad política en Bruselas, el Parlamento europeo aprobó una modificación de la PAC que permitía a los estados flexibilizar las reglas en función de la dificultad para adoptarlas o por condiciones meteorológicas. También eximió de inspecciones a las pequeñas explotaciones de menos de diez hectáreas. Esto no es suficiente para Marín, que pide una «mayor simplificación»: «Hace falta un cambio de paradigma y priorizar la producción de alimentos sin menoscabo a la conservación de la naturaleza, pero pongo en duda que toda la legislación retorcida de la Unión Europea pueda lograr un sólo objetivo ambiental».

De momento, recuerda Marcos Alarcón, secretario general de UPA Murcia, la Comisión Europea ha frenado el desarrollo de la nueva normativa comunitaria sobre el uso de fitosanitarios, y en la próxima legislatura prevé la misma suerte para la de los usos de los fertilizantes, ambos más restrictivas que las legislaciones actuales. «No se trata de no legislar sobre estas cuestiones, se trata de hacerlo de hacerlo a los ritmos adecuados y con los apoyos necesarios» para los agricultores.

Todas las organizaciones agrarias con representación en la Región tienen claro que hace falta más presupuesto en una PAC que dejará hasta 2027 casi 50.000 millones de euros en España. «No se tienen en cuenta los incrementos de costes de producción, por lo que hace falta un cuadro financiero que contemple la inflación», esgrime Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja Murcia.

Alarcón añade que el nuevo Parlamento y los nuevos comisarios deberán «tomar buena nota» de lo que ha ocurrido en los últimos años con la pandemia, la guerra en Ucrania y otros conflictos bélicos que inciden en el desarrollo del mercado mundial y los intercambios de productos básicos (como la alimentación animal), los costes de la energía y el precio de la gasolina. «Deben entender lo enormemente complicado que ha sido mantener la soberanía alimentaria con unas exigencias muy elevadas, y esto se ha logrado gracias a las explotaciones familiares pese a que han sufrido un evidente perjuicio económico».

Marín retoma esta idea en su discurso y aporta que esas economías familiares dentro del sector agrario cierran, o lo harán, por la proliferación de oligopolios en el campo, o fondos de inversión extranjeros, «que acaparan la tierra, sobre todo de regadío». Lo hacen, dicen, allí donde las asignaciones de agua son estables y hay proyección de futuro. «La concentración de la producción de alimentos es un grave problema que pagará caro la sociedad».

Junto con esto, la hiperregulación de Bruselas, subraya, «no afecta a los oligopolios, no les asusta». Quienes no podrán cumplir con las exigencias de Europa serán «los más pequeños, los agricultores tradicionales», en cuyo sector se llevará a cabo «una limpieza silenciosa de explotaciones familiares y un cambio de modelo encubierto».

Aún queda, pero pensar en la PAC de 2027 en adelante, o incluso en una reforma de la actual, lleva al secretario general de UPA a decir que Europa «no puede cometer los errores del pasado». Hace falta más diálogo: «Una consecuencia de esto es que se ha aprobado esa flexibilización en el primer semestre de este año por todas las protestas que han habido». Alarcón añade que una futura configuración de la política agraria debe pasar por atender más las particularidades de cada región y de cómo se enfrenta a este al cambio climático. Por ejemplo, el plan estratégico de la PAC creado por el Gobierno central no ha tenido muy en cuenta las consecuencias que padece el secano en la Región de Murcia ante unas condiciones meteorológicas y climáticas que le son desfavorables ahora mismo.

Las candidaturas políticas, por otro lado, han prometido implantar las cláusulas espejo en Europa para exigir lo mismo al producto que viene de fuera que al que se produce aquí. Pero esto, recuerda Gálvez, no es tan fácil, ya que hay que plantar cara « a los lobbies europeos con intereses muy fuertes en la producción agroalimentaria y renegociar los acuerdo de libre comercio con la Organización Mundial del Comercio». El líder de Asaja habla también de garantizar el abastecimiento de Europa con producto de los países comunitarios y que las alertas sanitarias por problemas en alimentos de terceros países pesen más en las políticas agrarias y comerciales que están por venir.

La agricultura y ganadería ha centrado una buena parte de la campaña electoral en la Región de Murcia, con mítines, actos sectoriales y visitas a diferentes explotaciones o municipios con importante presencia de la actividad primaria. En los programas electorales ha cogido especial relevancia las demandas de los productores, muy visibles durante los últimos meses de protestas.

El PSOE apuesta por la simplificación de las cargas administrativas impuestas haciendo una 'solicitud única' de las ayudas de la PAC. Impulsarán, además, los incentivos para la 'agricultura de carbono' que generen certificados de captura de CO2. «Los suelos minerales del sur de Europa deben recibir también atención por su capacidad de secuestro», señalan en su programa. Prometen reforzar las políticas de I+D a través del programa marco europeo.

El Partido Popular quiere rebajar la carga administrativa para el sector primario y flexibilizar las exigencias «como los barbechos, la rotación de cultivos o el cuaderno digital. «Queremos una PAC con sentido común que fije plazos realistas para la puesta en marcha de las reformas, que utilice la evidencia científica en la toma de decisiones y que vele porque todos dentro de Europa cumplan los mismos requerimientos (cláusulas espejo para productos de terceros países)».

Vox, en la misma línea, reduciría «drásticamente» la burocracia, «eliminar toda condicionalidad ideológica» para la percepción de ayudas, «aligerar los requisitos de control y uso de productos fitosanitarios para aliviar las cargas» y mejorar la rentabilidad de las explotaciones, y realizar campañas de concienciación y promoción de los productos agrícolas europeos.

Podemos apostará por el «desmantelamiento del laberinto burocrático y las ventajas para los grandes capitales extractivos que supone la nueva PAC y todo el paquete normativo que se ha establecido para su aplicación». También prometen una moratoria indefinida a la apertura de «nuevas macroexplotaciones» y a la compra de tierras fértiles por parte de fondos buitre y grandes corporaciones.

Sumar, desde una perspectiva más ambiental, promete reducir en un 42 % las emisiones del sector agrícola para el año 2030, «garantizando la reducción de las emisiones de N2O y metano provenientes de la fertilización química y de la ganadería», señalan en su programa. «Reduciremos, antes del fin de esta década, a un 50 % del uso de pesticidas», añaden.