Cuidado con las facturas sin pagar: este es el importe que puede llevarte a una lista de morosos

Una lista de morosos es un registro que incluye a aquellas personas o empresas que no han realizado sus pagos dentro de un plazo establecido. Estas deudas pendientes pueden estar relacionadas con proveedores, instituciones financieras o entidades públicas. Los ficheros se encuentran gestionados por compañías, que recopilan la información para ponerla a disposición de sus clientes.

La inclusión en estos listados tiene varias repercusiones, ya que los bancos u otras empresas suelen analizar la capacidad económica antes de aprobar un préstamo o una financiación. Actualmente, existen numerosas bases de datos, como ASNEF, RAI, BDMI y CIRBE. Los requisitos para incluir o excluir a los deudores varían de un catálogo a otro.

De igual manera, las condiciones para consultar y rectificar la información registrada también dependen de su administrador. Aunque muchos cuestionan su legalidad, especialmente por temas de privacidad, lo cierto es que es una práctica totalmente válida, aunque hay que tener en cuenta diversos aspectos.

La realidad es que no es suficiente con tener una deuda. Como indica Idealista, en España, cualquier empresa o entidad con la que se haya contraído un impago puede solicitar que esa persona se incluya entre los morosos. Sin embargo, hay que atender a unas cuestiones.

En primer lugar, se tiene que notificar por escrito en un plazo máximo de 30 días el importe pendiente y la intención de añadir el nombre en caso de no pagarlo en un plazo establecido. La comunicación debe hacerse por un medio por el que quede constancia, como una carta certificada. Si se abona la cantidad, como explica BBVA, el acreedor deberá eliminar su nombre del archivo.

Por otro lado, para que sea legal, se debe acreditar que se trata de una deuda real, líquida y exigible y que ya se ha realizado un requerimiento previo de pago. No se pueden incluir aquellas que estén a la espera de un juicio o las que se estén negociando. Además, debe ser superior a un determinado importe: 50 euros para personas físicas y 300 euros para personas jurídicas. De este modo, el motivo puede ser simplemente una factura de la luz o de cualquier otro servicio.

El nombre de un moroso solo puede permanecer en una lista de impagos durante un tiempo limitado. Los datos relacionados con una deuda no pueden mantenerse por más de seis años desde el momento en el que se originó. Transcurrido ese plazo, los registros deben ser eliminados.

En caso de que un individuo considere que su inclusión en estas listas es errónea, puede ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). Estos permiten al usuario solicitar acceso a la información registrada sobre él, saber quién ha proporcionado esos datos y quién los ha consultado. Además, puede pedir que se rectifiquen o cancelen si detecta alguna equivocación o si la información ha sido tratada de forma ilegal.

Temas

• Economía
• Hipotecas