Fernando Santiago: «Tememos que las bajas laborales por Covid-19 se conviertan en algo cíclico»
Advierte de que en la Región la situación «no escapa de la realidad en la que están inmersas las pymes del resto del país»
El empeoramiento de la economía a causa de la inflación o la guerra en Ucrania ha echado por tierra las previsiones económicas que España ... pretendía alcanzar tras la crisis de la Covid-19. El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, que hace unos días inauguró en Murcia la nueva sede del Colegio de Gestores Administrativos de la Región, advierte al respecto sobre los dramáticos efectos que la actual coyuntura económica está suponiendo para pymes y autónomos.
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–Estiman que las bajas laborales por Covid-19 han costado más de 4.800 millones de euros en 2020 y 2021. ¿Temen que se convierta en algo cíclico?
–Efectivamente, tememos que este procedimiento arraigue. Tenemos un país con trabajadores muy legales, pero también hay mucha picaresca. Para empezar, la baja debería ser concedida siempre por un médico. Y, segundo, debe existir un mayor control. Parte de este grandísimo costo es consecuencia de una saturación de la Atención Primaria, pero también de una descoordinación absoluta. De aquí debemos sacar una lección, que cualquier cosa relacionada con la salud tiene que ser coordinada de forma nacional, con un criterio único, y no uno variable en función de cada comunidad o centro de salud. Si hay que incrementar las plantillas de médicos, que se haga.
«Es una norma legal que no está yendo a la misma velocidad que las circunstancias reales de la sociedad española»
–Unas pérdidas que alcanzan, además de a las empresas, a los propios trabajadores y a la administración.
–El coste mínimo –si se tiene en cuenta el de las sustituciones de empleados de baja– asciende a 9.200 millones de euros, según nuestros cálculos. Se trata de una auténtica barbaridad en cuanto a costes, y a quién más daño ha infligido ha sido a las pymes y a los autónomos.
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–El 78% de los gestores administrativos aseguran que sus clientes no confían en los fondos europeos como solución a la coyuntura actual.
–Es que no funcionan. No se están pidiendo. En primer lugar, por la dificultad que entrañan. Hay que bucear e investigar en los diferentes boletines oficiales de las comunidades. También hay requisitos que dejan a casi el 40% de las empresas fuera, como estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social. La labor de artesanía financiera que el autónomo debe realizar provoca que, al final, sea más difícil obtener dicha ayuda que vivir en una situación de relativa normalidad.
–¿Cómo está afectando la reforma laboral a la contratación?
–Lo que están haciendo las empresas es reconvertir los contratos temporales que tenían en contratos de fijo discontinuo. O los temporales en indefinidos parciales. El 4% ha despedido trabajadores como consecuencia de no poder reconvertir la contratación temporal. La realidad es que el número de horas de contratación está bajando a unos niveles increíbles. Es verdad que, como consecuencia de parte de la reforma laboral, se ha conseguido elevar los coeficientes de contratos indefinidos frente a los temporales, pero ha sido a costa de la reducción de horas de cotización y de trabajo. Lo que significa que, en el mejor de los casos, se está trabajando menos en el conjunto del país y que, en el peor, está aumentando la economía sumergida. Esto ocurre cuando la norma legal no está hecha en condiciones y no está yendo a la misma velocidad que las circunstancias reales de la sociedad española.
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«La labor de artesanía financiera que el autónomo tiene que realizar hace que sea más difícil obtener la ayuda que vivir en una situación de relativa normalidad»
–La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha generado mucha controversia, ¿qué efecto está teniendo entre las pymes y los autónomos?
–Esta es una de las grandes barbaridades que se han llevado a cabo. Ha producido un efecto tsunami hacia arriba. Lo que antes para una pyme, con cuatro trabajadores, suponía un costo de 52.000 euros, ahora asciende a 73.000. Y llega un momento en que el autónomo no puede más, lo que se traduce en no contratar al trabajador que está en el escalafón más bajo. Se están produciendo despidos y modificaciones de contratos de tipo indefinido, menor cotización a la Seguridad Social y, en algunos casos, se está optando por la economía sumergida, lo que supone una auténtica barbaridad.
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–¿Pueden confiar los empresarios en los bancos actualmente?
–A los bancos no les interesan las pymes en una situación como la actual, esgrimen que pierden todo el dinero que han podido ganar a lo largo de los años anteriores. Ahora solamente están renovando esos ICO de aquellos que están obligados, al resto de las empresas las están forzando a reconvertir sus créditos ICO en préstamos de la propia banca.
Moratoria concursal
–¿Está aumentando este año el número de empresas con problemas de liquidez o en concurso de acreedores?
–El 30 de junio acaba la moratoria concursal y muchas empresas no van a presentar el concurso porque simplemente han desaparecido. Preveíamos que 300.000 o 400.000 estaban en peligro y estoy seguro de que más de 100.000 ya han cerrado. Además, esto se va a acrecentar fuera de las grandes capitales, donde los pequeños negocios están cerrando a una velocidad mucho mayor. Hay una burbuja económica, que es Madrid, totalmente diferente al resto de España. Creo que, a veces, el hecho de estar en la capital de España no deja ver al Ejecutivo central la realidad social que se produce en otras ciudades.
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–Y la Región de Murcia, ¿en qué situación cree que se encuentra respecto al resto del conjunto nacional?
–Hablamos de una de las comunidades ricas, de las más trabajadoras y de las más afortunadas por el empresariado que tiene. Pero no escapa a la realidad del resto de autonomías. Está en los mismos términos que los demás territorios. Hay que tener en cuenta, además, que se trata de una Región que depende mucho del campo y que este va en picado.
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