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El juez dispondrá de un año más para instruir el caso de la interventora

Declara como «causa compleja» las diligencias que se siguen en este asunto judicial

Lola Guardiola

Sábado, 11 de junio 2016, 01:28

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El titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de San Javier ha declarado como «causa compleja» las diligencias que se siguen por el nombramiento supuestamente irregular de la interventora municipal de Torre Pacheco. De acuerdo con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, en vigor desde el 6 de diciembre de 2015, esto supone la ampliación hasta en 18 meses del tiempo necesario para concluir la instrucción y decidir, durante ese tiempo, si se archiva el caso o, por el contrario, se declara apertura de juicio oral.

Comoquiera que en este mes de junio se agotaba ese período de seis meses estipulado en la ley para la finalización de la instrucción, el juez se ha acogido a la posibilidad de ampliación que recoge la misma norma, al estimar que la complejidad de la investigación «hace necesario disponer de ese tiempo adicional». Así las cosas, el juez dispondrá de 12 meses más, hasta junio de 2017, para concluir las diligencias. Hasta la fecha, la exalcaldesa Josefina Marín, que permanece investigada en esta causa, ha solicitado el archivo en dos ocasiones, ambas denegadas por el juez.

Fue en octubre de 2015 cuando la entonces alcaldesa declaró como imputada por nombrar presuntamente sin el procedimiento legal establecido a la interventora provisional del Ayuntamiento en febrero de ese mismo año. Según defiende desde entonces Fina Marín, «es falso que se procediera a contratar a nadie a dedo, como tampoco es cierto que el nombramiento de la interventora accidental se efectuara sin seguir ningún procedimiento concreto».

La regidora aseguró haber declarado ante su señoría que ella no siguió ningún procedimiento porque no era la persona encargada de ese trámite, «ya que para eso está la secretaría general, que es la que supervisa el ajuste a la legalidad de todos y cada uno de los procedimientos tramitados en el Ayuntamiento». Asimismo, explicó que se tuvo que proceder al nombramiento del sustituto del interventor en febrero de 2015, «de forma repentina», tras comunicarse al Consistorio la inhabilitación del titular del puesto hasta entonces, Miguel Pérez Martínez, condenado en julio de 2014 por prevaricación en el conocido como 'caso de los contratos a dedo'.

Seis meses

El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija un plazo de 6 meses para la instrucción de los asuntos simples y amplía a 18 meses la investigación de los complejos, con posibilidad, incluso, de otra prórroga de forma excepcional «siempre que lo solicite la Fiscalía o las distintas partes personadas en un sumario». Dicha declaración debe ser solicitada por la Fiscalía en cualquier momento antes de la conclusión del plazo o bien de oficio por el juez. Sobre las circunstancias que permiten declarar la complejidad, la ley asegura que se producirá cuando la instrucción «no pueda razonablemente completarse en el plazo estipulado».

En los últimos días, Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia han pedido la derogación de esta ley, «por haber llevado al límite estos seis primeros meses de su entrada en vigor a juzgados y fiscalías». Critican las deficiencias de su redacción, la falta de encaje en el sistema procesal y la ausencia de un criterio único en su interpretación. Y advierten de que en los próximos meses «veremos cómo el riesgo generado por la entrada en vigor de la ley no se compensa».

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