El juzgado avala el nombramiento de la interventora por la exalcaldesa

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cartagena ha desestimado un recurso contra el nombramiento de la interventora accidental del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Tanto este recurso como otra denuncia por la vía penal -cuyas diligencias previas mantienen como investigada a la exalcaldesa Fina Marín en el juzgado número 4 de San Javier- fueron interpuestos por el funcionario D.J.O.P. (defendido por el sindicato UGT), que se sintió perjudicado por el nombramiento de su compañera M.C.F.R.

Tras recabar el expediente del Consistorio y escuchar a varios testigos en audiencia el pasado 1 de marzo -entre ellos, la secretaria municipal y el edil de IU Francisco Ramón Martínez-, el juez asegura que «no existe ningún vicio de nulidad radical en el procedimiento utilizado por el Ayuntamiento». Desde UGT aseguran que la sentencia va a ser recurrida.

A juicio del magistrado, «existe una irregularidad no invalidante, que por otro lado, para el caso de entender que tuvieran trascendencia anulatoria, fue subsanada por la resolución de 13 de marzo de 2015 dictada por la Dirección General de Administración Local». Para mayor abundancia, asegura que «dicho decreto entiendo convalidó el requisito omitido de informe previo acerca de la inexistencia de habilitado nacional que pretendiera la plaza de interventor accidental en Torre Pacheco, que debía haberse interesado y recibido antes del dictado del Decreto de Alcaldía de 18 de febrero de 2015».

Y como conclusión, «dicho nombramiento vendría convalidado de forma retroactiva por parte de la Resolución de la Dirección General de Administración Local, pues si bien la regla es la no retroactividad, en este caso estría justificada plenamente, pues otra solución hubiera conllevado el funcionamiento de un Ayuntamiento durante más de 60 días sin interventor (extremo no imaginable)».

Periodo de tres meses

En su sentencia, el juez argumenta que los servicios jurídicos del Ayuntamiento «(y en este caso la secretaria del mismo) mezclaron el procedimiento para nombramiento de [interventor] accidental para menos de tres meses y para más de tres meses». Cabe recordar que según la normativa aplicable, si el nombramiento es para menos de tres meses, la competencia es del alcalde, mientras que si es por más tiempo, corresponde a la Comunidad Autónoma.

Así las cosas, dice la sentencia, «sin perjuicio de que la suspensión del titular se previera para más de tres meses, era necesaria una resolución urgente y rápida de la situación de interinidad», ya que «en esta tesitura, y sin experiencia previa ante una situación parecida (lo habitual es nombrar accidentales para bajas médicas, vacaciones, permisos,...) decidió la secretaria tramitar en un único expediente el nombramiento para más y menos de tres meses».

En sus fundamentos, el juez afirma que «todo el procedimiento fue realizado a la luz de la gran urgencia y premura que conlleva el no poder funcionar un Ayuntamiento sin interventor, pues todos los días hay facturas que firmar o gastos que autorizar, no pudiendo esperar al funcionamiento tórpido entre dos Administraciones para el nombramiento inicial (tal y como exigiría el nombramiento por más de tres meses)».

El portavoz del PP regional, Javier Iniesta, manifestó ayer que «esperamos de los partidos de la oposición entonces y hoy gobernando en el Ayuntamiento, que son el PSOE y el Partido Independiente, que pidan disculpas tanto a la anterior alcaldesa como a todo el pueblo por verter acusaciones sin esperar a que el juez terminara el proceso».

Por su parte, el alcalde independiente, Antonio León, le contestó al dirigente popular murciano que la moción de censura que los grupos de la oposición plantearon a la exregidora fue consecuencia de la situación de «desgobierno» en la que se encontraba el municipio, y que la imputación de su predecesora por el nombramiento de la interventora «solo fue un motivo más».